Sin suerte en el Congreso con el tratamiento de la Ley Pyme, y tras mucho patalear, finalmente el sector de las pequeñas y medianas empresas será comprendido en parte de sus reclamos con el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI).
El RIMI forma parte de la reforma de modernización laboral que elaboró el Poder Ejecutivo y si bien no es nuevo, ya que era una propuesta del oficialismo que tiene un año o más dando vueltas, se le agregaron beneficios fiscales para generar interés. Más precisamente la amortización acelerada en el impuesto a las Ganancias y la devolución anticipada del crédito fiscal de IVA.
Desde las distintas cámaras empresarias celebraron la medida y esperan su rápido tratamiento en el Congreso. "Es muy importante porque la PyME es la generadora de mano de obra por excelencia, más allá de las grandes inversiones. Es necesario el incentivo fiscal y la seguridad legal para que estas empresas puedan tener la posibilidad de invertir", precisó Dino Minnozzi, Secretario de Servicios de CAME.
"Las provincias también deberían tener un régimen de incentivo provincial a las inversiones, también dándole baja de impuestos y condiciones especiales para aquellas empresas que hagan inversiones en situaciones de infraestructura que necesiten las provincias para poder mejorar la conectividad, mejorar las condiciones en el agro, en la industria y en los servicios que, según la provincia, puedan ser mineros, petroleros o de índole agrícola. Me parece que, para el país, este tipo de regímenes son muy importantes, porque es un país que viene con muchos años de postergaciones, de cambio de reglas para los inversores", agregó Minnozzi.
Por su parte desde la UIA afirmaron que la medida "va por el buen camino" aunque esperan ver la letra chica y que sucede en el tratamiento legislativo.
Según consta en el proyecto los objetivos del RIMI son "incentivar las medianas inversiones nacionales y extranjeras, en la República Argentina a fin de garantizar la prosperidad del país; promover el desarrollo económico y de las cadenas de valor; desarrollar y fortalecer la competitividad de los diversos sectores económicos; incrementar las exportaciones de mercaderías y servicios y favorecer la creación de empleo", según indica el proyecto.
Al régimen podrán ser las personas jurídicas constituidas en la Argentina o habilitadas para actuar dentro del país por las inversiones productivas que realicen en el país, durante los dos primeros años, contados a partir de la fecha de entrada en vigencia del régimen conforme la reglamentación. En tanto que están excluidos los condenados por delitos penales tributarios, corrupción o cambiarios (con condena confirmada en segunda instancia); quienes se encuentren en quiebra o registren deudas fiscales firmes, exigibles e impagas y aquellos que hayan accedido al RIGI u otro régimen de incentivos por las mismas inversiones. Estas situaciones también causarán la caducidad retroactiva de los beneficios si se producen con posterioridad a la adhesión.
¿Qué se entiende como una inversión productiva? Todas aquellas destinadas a la adquisición, elaboración, fabricación o importación de bienes muebles nuevos -excepto automóviles-, amortizables en el impuesto a las Ganancias, así como a la realización de obras, a ser afectadas directamente al desarrollo de actividades productivas en la Argentina. No son incorporadas bajo esta descripción las inversiones de tipo financieras, de portfolio y bienes de cambio.
En tanto que para inversiones específicas como sistemas de riego, equipos de alta eficiencia energética, mallas antigranizo para uso agropecuario y bienes semovientes no se exige monto mínimo de inversión, lo que genera una herramienta de promoción incluso para empresas de menor tamaño o sectores específicos.
El monto mínimo de la inversión estará estrechamente relacionado con el tamaño de empresa. Para las micro empresas el mínimo será de US$ 150.000; para las pequeñas empresas US$ 600.000; para las medianas empresas tramo 1, se requieren inversiones por al menos US$ 3.500.000; para las medianas empresas tramo 2, US$ 9.000.000; y para el resto de las empresas, US$ 30.000.000.
Beneficios fiscales son dos. Uno tiene que ver con la amortización acelerada en el impuesto a las Ganancias en cuyo caso los contribuyentes podrán optar por deducir la inversión según se trate de Bienes muebles: en 2 cuotas anuales iguales y consecutivas; Obras: según una vida útil reducida al 60%; Riego y eficiencia energética: en 1 cuota; Semovientes amortizables: en 2 cuotas mientras que las mallas antigranizo: en 1 cuota.
El segundo tiene que ver con la devolución anticipada del crédito fiscal de IVA. En este caso los créditos fiscales generados por inversiones productivas podrán solicitarse a devolución tras tres períodos fiscales desde la afectación del bien, en los términos de la Ley de IVA y sujeto a un cupo presupuestario anual que fijará el Ministerio de Economía.
El régimen será regulado y fiscalizado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que dictará la reglamentación operativa y el Ministerio de Economía, que fijará criterios técnicos y cupos presupuestarios.