En un nuevo intento por rascar el fondo de la olla y llegar al fin del mandato con los dólares necesarios, el Gobierno lanzó otro dólar soja. El plan apunta a ofrecer un mejor precio para seducir a los productores agropecuarios a una mayor liquidación de la cosecha, en un momento donde el Banco Central vuelve a registrar una sangría de divisas.

Lo preocupante es que la medida llega apenas unas semanas después del dólar maíz y la devaluación post electoral, que se suponía le iba a dar más aire al Ministerio de Economía.

Lo concreto es que, frente a un panorama poco optimista reforzado por la posibilidad latente de un cambio de Gobierno de unifique el tipo de cambio, Massa otorgó el beneficio de liquidar el 25% de la cosecha al dólar CCL, lo que promediaría un tipo de cambio efectivo de $451,25.

“Es otro manotazo de ahogado del Gobierno que con una brecha cambiaria del 120% no tiene incentivos para liquidar a $350. No estoy muy optimista respecto a los resultados, pero tienen que hacerlo para poder dar vuelta el mal momento que está viviendo el BCRA en materia de divisas en las reservas”, destacó en diálogo con Forbes, Gustavo Neffa, socio de Research for Traders.

Adicionalmente, el Palacio de Hacienda ofrece una mejora por el lado de las retenciones, ya que la base imponible se calculará sólo sobre el 75% ingresado en el mercado de cambios. De este modo, el tipo de cambio neto de retenciones salta de $234,5 a $364,63, una mejora de 55,5%. 

“En términos de valor, el sector pasará a percibir US$240 por tonelada desde US$155 antes de la medida, siendo el valor más elevado desde los US$259 del dólar “soja” 3.0 en abril de este año. No obstante, el precio percibido relativo al precio internacional de oleaginosa será el mayor desde marzo 2020 llegando al 48,3%”, explican desde la consultora PPI.

El Gobierno proyecta un ingreso adicional de 2.000 millones de dólares que, desde el sector privado, no están tan seguros de que vaya a ocurrir. “Me parece que los resultados van a ser insuficientes para lo que necesita el Gobierno. Esta medida se diferencia fuertemente de los programas de incremento exportador previos porque conlleva elevados riesgos financieros, al permitir cerrar operaciones a un año vista. Al ser una adhesión voluntaria genera desigualdad de competencia entre los exportadores y la perdida de transparencia de los mercados, a pesar de alguna mejora en los precios que reciba el productor hasta el 30 de septiembre”, comenta a este medio el economista en jefe de la Sociedad Rural Argentina, Ernesto Ambrosetti.

Del mismo modo, el economista especializado en el sector agropecuario, David Miazzo, indicó que, si bien en ciertos casos hay necesidad de liquidez luego de un año de producción muy mala y en un contexto de altas tasas de interés, “yo espero un número más conservador de 1.500 millones dado que el productor tiene muchos más incentivos a esperar”.

Por su parte, Gabriel Caamaño, de la consultora Ledesma, subrayó a este medio que el éxito del programa dependerá de lo que pueda aportar el eslabón industrial con la industria aceitera y sus existencias. “Me parece que le esquema es menos atractivo para el productor y que con una brecha que ahora es más alta y con la expectativa de que después de las elecciones haya una nueva devaluación, aun no saliendo del cepo, los incentivos de los productores no quedan alienados para apurarse a vender”, agregó.

Finalmente, desde PPI calcularon en 8,1 millones de toneladas la cantidad de soja por comercializarse y en 3,9 millones con precio a fijar. “Creemos que, de mínima, se liquidaría lo que tiene precio a fijar y gran parte de la producción no comercializada podría quedar como carry para afrontar la campaña 2023/2024. En el escenario base de que se liquiden 4 millones de toneladas, ingresarían al MULC US$1.457 millones. Si asumimos que el BCRA compra cerca de un 50% de lo liquidado, como ocurrió en el dólar “agro”, engrosaría sus reservas por US$728 millones en el escenario base y US$2.241 millones en el escenario ultra optimista”.