La tensión entre la administración federal y el estado de California alcanzó un nuevo pico el pasado sábado 7 de junio (del año 2025, según las fechas manejadas en la información original), cuando el presidente Donald Trump autorizó el despliegue de 2.000 miembros de la Guardia Nacional en Los Ángeles.
La medida, anunciada tras dos días de crecientes enfrentamientos entre residentes y agentes de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante operativos contra la inmigración indocumentada, fue inmediatamente condenada por las autoridades demócratas locales, quienes no habían solicitado tal intervención.
La Casa Blanca justificó la acción en un comunicado, afirmando que "2.000 miembros de la Guardia Nacional están siendo desplegados para combatir la anarquía que se ha instalado." El propio Trump, en su red social Truth Social, arremetió contra los líderes californianos: "Si el gobernador de California, Gavin Newsom, y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, no pueden hacer su trabajo, algo que todos saben que no pueden hacer, entonces el gobierno federal intervendrá y lo solucionará."
En su mensaje, Trump se refirió peyorativamente al gobernador demócrata, utilizando un término que se traduce como "escoria".
El sheriff del condado de Los Ángeles, Robert Luna, publicó en su cuenta de X hace dos días una declaración diciendo que no cumplirán con los esfuerzos de deportación masiva, dejando claro que a las fuerzas locales no les corresponde combatir el quebrantamiento de leyes migratorias que corresponde al Estado federal.
La respuesta de California al Gobierno Federal no se hizo esperar. El gobernador Gavin Newsom calificó la maniobra como un mero "espectáculo" y advirtió que "esta decisión es deliberadamente incendiaria y solo exacerbará las tensiones." A través de las redes sociales, instó a la calma: "No les demos ese gusto. Nunca usemos la violencia. Exprésense pacíficamente."
Los incidentes que precipitaron la decisión federal tuvieron su epicentro en Paramount, un suburbio de Los Ángeles con una significativa población inmigrante latinoamericana. Agentes de ICE se habían concentrado cerca de una tienda Home Depot, un lugar conocido por ser punto de encuentro de jornaleros. La situación escaló rápidamente cuando manifestantes se congregaron, lanzando objetos e intentando bloquear la salida de un autobús. Las fuerzas del orden respondieron con gases lacrimógenos y granadas aturdidoras. Un autobús del Servicio de Alguaciles de EE. UU. también fue atacado, llevando al cierre de vías.
El subdirector de la Policía Federal, Dan Bongino, confirmó en la plataforma X: "Ya se han realizado varios arrestos por obstruir nuestras operaciones. Se avecinan varios más. Estamos revisando los videos para identificar a los perpetradores. Si traen el caos, nosotros traemos las esposas." Las imágenes de los medios estadounidenses mostraban calles con escombros y carritos de supermercado volcados, testimonio de la intensidad de los choques que se extendieron hasta la vecina Compton.
La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, aunque condenó la violencia en las protestas -"la violencia y la destrucción son inaceptables y los responsables rendirán cuentas"-, ya había expresado el viernes su profunda indignación por las redadas de ICE: "Como alcaldesa de una ciudad orgullosa de sus inmigrantes... estas operaciones siembran el terror en nuestras comunidades y perturban los principios fundamentales de seguridad en nuestra ciudad."
La tensión se ve agravada por el estatus de Los Ángeles como "ciudad santuario", adoptado en noviembre de 2024 tras la elección de Trump, que limita la cooperación local con las autoridades federales de inmigración. La administración Trump ha intentado, sin éxito judicial, retirar fondos federales a estas jurisdicciones. Desde su regreso al poder en enero, según el marco temporal de la fuente, el presidente ha intensificado los esfuerzos para expulsar a inmigrantes indocumentados. El Departamento de Seguridad Nacional informó que los operativos de ICE en Los Ángeles durante esa semana resultaron en el arresto de "118 extranjeros, incluidos cinco pandilleros."
Organizaciones de derechos civiles también alzaron la voz. Angélica Salas, directora de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes, declaró el viernes: "Nuestra comunidad está siendo atacada y aterrorizada... Las autoridades migratorias que aterrorizan a nuestras familias en todo el país y se llevan a nuestros seres queridos deben parar ya."
La situación podría escalar aún más. El Secretario de Defensa, Pete Hegseth, amenazó con movilizar al ejército regular: "De ser necesario, los marines de Camp Pendleton también serán movilizados. Ya están en alerta," declaró en redes sociales. A pesar del anuncio, hasta el sábado por la noche, periodistas en el terreno no habían reportado la presencia efectiva de la Guardia Nacional.
Este despliegue recuerda al ocurrido en California en 2020, tras los disturbios por la muerte de George Floyd. Ahora, con el telón de fondo de una política migratoria endurecida y un profundo cisma político, la intervención federal en Los Ángeles no solo pone a prueba la relación entre Washington y uno de los estados más influyentes del país, sino que también augura un capítulo de alta conflictividad social y política.
Fuente: AFP, AP, Le Monde
