El Gobierno obtuvo dos triunfos legislativos que impactan sobre el corazón del programa económico del Presidente Javier Milei: la Cámara de Diputados dio media sanción a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y aprobó la ampliación del régimen de Inocencia Fiscal, conocido como Inocencia Fiscal II. Para el oficialismo, las dos votaciones combinan una señal institucional hacia los mercados con un intento de reducir la fricción tributaria sobre patrimonios y fondos mantenidos fuera del sistema formal.
Minutos antes de las 23 hs., después de casi tres horas de debate, la reforma de Inocencia Fiscal II obtuvo 139 votos a favor, 110 en contra y 2 abstenciones, y pasará ahora al Senado. El proyecto modifica el Régimen de Declaración Jurada Simplificada de Ganancias, vigente desde 2025, y elimina los límites de acceso de $10.000 millones de patrimonio y $1.000 millones de ingresos anuales.
En términos prácticos, la iniciativa amplía el universo de personas humanas y sucesiones indivisas residentes que podrán adherir al sistema. Se mantiene una condición central: quienes estén categorizados como Grandes Contribuyentes Nacionales podrán utilizar el mecanismo para presentar y pagar Ganancias, pero no accederán a las presunciones de exactitud, efectos liberatorios ni al “bloqueo fiscal” que constituyen el atractivo principal del régimen.
La decisión resulta relevante para el sistema financiero, el mercado inmobiliario y el blanqueo de hecho de capitales que permanecen al margen de los circuitos formales. El Gobierno sostiene que busca modificar una cultura tributaria donde el ahorrista que recurrió al dólar billete o a otros mecanismos de protección frente a la inflación quedó bajo sospecha permanente. La oposición responde que la norma reduce la capacidad de ARCA para controlar fondos que no tienen un origen suficientemente acreditado.
El Gobierno busca “confiar” en el contribuyente
La diputada libertaria Laura Rodríguez Machado, miembro informante del dictamen de mayoría, defendió la modificación como un cambio de criterio en la relación entre el Estado y los contribuyentes. “Desde el oficialismo y los bloques que nos acompañan no dudamos de dar más señales de claridad para que la ciudadanía entienda que la ley de Inocencia Fiscal se hizo para los contribuyentes, que fueron tanto tiempo perseguidos y también estigmatizados cuando decían que ahorraban en dólares”, afirmó la legisladora.
La legisladora sostuvo que el régimen permitirá a ARCA focalizar la fiscalización sobre inconsistencias relevantes. “Aquellos que tienen discrepancias de determinados montos que generen sospechas de que esa persona está generando un ingreso que no corresponde”, señaló.
El dictamen fija parámetros para definir cuándo existe una “discrepancia significativa” que habilite el rechazo de una declaración simplificada. La diferencia deberá implicar un incremento del impuesto o una reducción de quebrantos de al menos 15%, o superar el monto dispuesto en el artículo 1° del Régimen Penal Tributario. A su vez, el proyecto deja afuera de esa categoría a diferencias inferiores a 5% de ese umbral.
También contempla una reducción de 25% en multas por determinadas infracciones formales para MiPyMEs, personas humanas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro. Para algunas multas previas que aún no se encuentren firmes o canceladas, establece una reducción de 50%, siempre que el contribuyente regularice la obligación incumplida.
La iniciativa limita, además, la posibilidad de que ARCA cuestione el origen de fondos correspondientes a períodos fiscales anteriores y reconoce la compatibilidad de pagos en efectivo documentados mediante escrituras públicas con el régimen. Para inversores y empresarios, esa disposición puede resultar especialmente relevante en operaciones inmobiliarias y de capitalización realizadas en años de alta informalidad, controles cambiarios e inestabilidad monetaria.
El límite para funcionarios y el debate político
El oficialismo incorporó un cambio para responder a las objeciones vinculadas con la transparencia. Los funcionarios públicos y exfuncionarios que hayan ocupado cargos de alta responsabilidad en los cinco años previos a la adhesión podrán utilizar la declaración jurada simplificada como un canal operativo, pero no gozarán de las presunciones de corrección ni de las protecciones frente a fiscalizaciones.
La exclusión alcanza a secretarios de Estado o cargos equivalentes, legisladores, concejales, parlamentarios del Mercosur, jueces, fiscales, defensores del Pueblo, miembros de consejos de la Magistratura y jurados de enjuiciamiento. Frente a cualquier diferencia detectada, ARCA podrá aplicar las reglas generales, fiscalizar y eventualmente sancionar.
“No nos tiembla el pulso a la hora de generar más transparencia y menos impunidad”, afirmó Rodríguez Machado. También remarcó que, ante la denuncia de un eventual delito, “se lo va a investigar” y caerá la presunción prevista para quienes ingresen al régimen.
La diputada agregó que la obligación de presentar declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción y el régimen de Personas Expuestas Políticamente se mantienen vigentes: “Tienen que informar cuando tienen una transacción comercial, cuando abren una cuenta, cuando exteriorizan su moneda. Eso no se elimina”.
No obstante, la restricción no alcanza a cónyuges o familiares de funcionarios. Gisela Scaglia, diputada de Provincias Unidas, puso el foco en ese vacío: “Nos falta ahora incorporar también a los familiares, que deben seguir sujetos a las obligaciones que corresponden a las personas políticamente expuestas”, reclamó.
Para la oposición, la cuestión no es solo el alcance de la simplificación tributaria, sino la pérdida de capacidad de control estatal. Ariel Rauschenberger, diputado de Unión por la Patria, calificó al proyecto como “mucho más que una simplificación tributaria” y advirtió sobre “un cuasi blanqueo de dinero para operaciones inmobiliarias” y una presión sobre la Unidad de Información Financiera para flexibilizar las normas contra el lavado.
“Los que tienen más patrimonio e ingresos tienen más posibilidades técnicas de ocultar o diferir ingresos”, sostuvo. Más adelante, cuestionó una “reducción deliberada de la capacidad fiscalizadora de ARCA para controlar fondos no justificados”. Y agregó: “Defender esa capacidad significa defender un sistema impositivo equitativo y que tenga herramientas para hacerlo”.
Martín Lousteau, de Provincias Unidas, también objetó la norma. Afirmó que detrás de la simplificación “se esconde la degradación de la capacidad de ARCA para perseguir y detectar evasores seriales, narcos y corruptos”. Con ironía, propuso rebautizarla como “Ley de facilitación e impunidad de la evasión” o, en una referencia política directa, “Ley Adorni-Espert”.
El diputado peronista Aldo Leiva -protagonista del momento más álgido del debate que duró tres horas- eligió cuestionar incluso el nombre de la iniciativa: “Lo que hoy estamos tratando no es inocencia, es delincuencia fiscal, que es la que ustedes han promovido desde el inicio. Esa delincuencia que se acrecienta con el paso de ustedes por el gobierno”.
Juan Grabois, también de Unión por la Patria, contrapuso el trato fiscal a los ahorros informales con la situación de hogares endeudados. Citó el caso de una mujer a la que Mercado Pago “le ofrece 100 mil pesos a una tasa de interés anual del 720%”. “Esa doña que tiene que pagar una cuenta es culpable. Pero el evasor es inocente. Pobre inocente”, ironizó. Luego afirmó: “El laburante paga el impuesto a la pobreza, que se llama impuesto al valor agregado”.
La aprobación legislativa constituye una victoria política para el Presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo. Pero abre una discusión que excede el Congreso: cómo convertir el ahorro informal en inversión productiva sin debilitar los controles sobre evasión, corrupción y lavado de activos. Para el sector privado, el valor de la ley dependerá menos de su nombre que de la previsibilidad con la que ARCA aplique sus nuevas reglas y de la capacidad del Gobierno para transformar una menor incertidumbre fiscal en más crédito, inversión y actividad económica.