Con 40 votos afirmativos, 31 negativos y 1 abstención, el proyecto para modificar la Ley de Glaciares obtuvo media sanción por parte del Senado y ahora pasará a la Cámara de Diputados, donde se espera un rápido tratamiento a fin de despejar la incertidumbre que existía en muchos emprendimientos mineros y destrabar inversiones millonarias.

La ley anterior se caracterizaba por una redacción muy ambigua que no dejaba en claro qué zonas debían protegerse y en cuáles se podía realizar la actividad minera. Con lo cual, su efecto concreto terminó siendo la paralización de numerosos proyectos en estos últimos 15 años donde la minería estuvo estancada en el país.

Al mismo tiempo, su reglamentación nunca se terminó y apenas se avanzó en la primera de las tres fases de análisis que debían estar listas hace más de una década. Para tomar referencia, el inventario debía actualizarse cada cinco años y, pasados tres quinquenios, nunca se logró hacerlo.

Ahora, la normativa votada en la Cámara Alta establece que la variable de análisis para proteger una geoforma periglaciar será su función hídrica que, a su vez, estará determinada por las autoridades de cada provincia. “Estamos mucho mejor preparados que Nación para realizar esta tarea”, sostienen desde los distritos mineros.

La ley también se enfoca en los artículos 41 y 124 de la Constitución Nacional que disponen “la utilización racional de los recursos naturales, de un modo que atienda a las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras”.

“Se reduce al mínimo cualquier interpretación y eso da una mayor seguridad jurídica para que vengan a invertir. Se analizaron las normativas de varios países mineros a nivel mundial y vimos que nuestro marco normativo era muchísimo más restrictivo. Con estos cambios, se esclarece el alcance de la norma, sin por ello atenuar los estándares de protección ambiental vigentes”, detallaron fuentes de la Secretaría de Legal y Técnica.

La expectativa es que cada provincia pueda empezar a trabajar rápidamente en estas evaluaciones para poder agilizar la llegada de inversiones que superarían los 35.000 millones de dólares, especialmente en proyectos de cobre.

En una entrevista con Forbes, el geólogo experto en glaciares con 40 años de trayectoria en los Estados Unidos, Andrés Meglioli, comparó la legislación internacional con la Argentina.

“En el mundo, los estudios los pagan las empresas privadas y el Estado controla, supervisa y audita. Eso agiliza los procesos y es lo más razonable. En Canadá y Estados Unidos se basa en la Ley de Protección Ambiental. Todo proyecto debe presentar una Declaración de Impacto Ambiental, que ya incluye el componente glaciar. En Argentina existe la Ley General del Ambiente, por lo que la Ley de Glaciares termina siendo, en muchos casos, redundante y superpuesta”. @@FIGURE@@