Hace más de dos décadas que Uruguay se propone penalizar los delitos ambientales y no lo logra. Pero este año hará un nuevo intento. Se espera que, en pocos meses, apenas quede laudado el proceso del Presupuesto Quinquenal, ingrese al Parlamento un nuevo proyecto de ley. La iniciativa, que buscará una vez más incluir a estos delitos en el Código Penal, será remitida por el Poder Ejecutivo, a instancias del Ministerio de Ambiente.

La novedad fue informada a Forbes Uruguay por el diputado frenteamplista Alejandro Zavala, integrante de las Comisiones de Ambiente y de Constitución y Códigos, que serán las que traten el nuevo texto una vez que ingrese al Legislativo. "No tendría lógica que se analice por separado", afirmó el legislador.

El texto es elaborado actualmente por la cartera ambiental y, aunque no tiene fecha de presentación definida, fuentes del Ministerio indicaron que será apenas se apruebe el Presupuesto. Aseguraron que consideran su aprobación como una prioridad para este período de gobierno.

A este nuevo proyecto se le sumará el tratamiento de un texto anterior, que fue analizado en la legislatura pasada, pasó a archivo y volvió a comisión en marzo de este año. El diputado nacionalista Mario Colman -uno de los redactores originales de aquel texto, de 2020- dijo que también pidió que se le dé prioridad.

Estas novedades auguran un nuevo cruce legislativo de textos y de iniciativas, y no se descarta que desde el Senado surja alguna otra novedad, dado que en la legislatura pasada esa cámara dio media sanción a otro proyecto de delitos ambientales, que también quedó por el camino. 

Cómo es la normativa actual

En medio de este ir y venir de textos y comisiones, que comenzó en 2003 con el primer proyecto presentado al respecto por los entonces diputados Carlos Pita, Ramón Legnani y Ramón Fonticiella, están mirando atentos los empresarios. Ellos, a partir de que se apruebe la normativa, pueden pasar a ser sujetos de responsabilidad penal en una materia que hoy se regula en más del 90% por vía administrativa, explicó a Forbes Uruguay el abogado especializado en Derecho Ambiental Gonzalo Iglesias Rossini.

Actualmente, es el Ministerio de Ambiente que, por medio de multas sanciona a quienes incumplen la normativa. "Si son muy insignificantes las multas es más fácil incumplir y pagarlas", había dicho el ministro Edgardo Ortuño en Forbes Sostenibilidad Summit, y adelantó que se iban a aumentar.

En el mismo sentido se había expresado antes el exsubsecretario de la cartera, Gerardo Amarilla. En temas ambientales hay un principio muy antiguo, dijo en el programa En Perspectiva: "El que contamina, paga. Y hay empresas en las que la ecuación económica de pagar la multa, a veces, es conveniente, porque la actividad es tan lucrativa que le conviene seguir pagando y contaminando". 

Para evitar eso, las multas tuvieron un fuerte aumento a comienzos de este año:

• Infracción leve: multa de entre 10 UR y 5.000 UR. (antes iba desde 10 U.R. a 1000 U.R.)
• Infracción grave: entre 200 UR y 60.000 UR. (antes iban desde 200 U.R. a 3500 U.R.)
• Infracción muy grave: entre 10.000 UR y 100.000 UR. (iban desde 300 U.R. a 5000 U.R.)

Interés empresarial

Ante esos cambios y el movimiento legislativo respecto a la penalización de los delitos contra el ambiente, los empresarios están haciendo consultas, dijo Iglesias, pero descartó que se trate de una preocupación vinculada a seguir contaminando o a ir presos, sino todo lo contrario. "Están interesados, pero están acostumbrados a esto por otras jurisdicciones donde ya existen los delitos ambientales. Uruguay no va a ser pionero en el mundo por esto. De hecho, está siendo de los últimos", afirmó. 

"Las consultas que hay son de empresas que buscan estar actualizadas, que son 'las mejores de la clase'; las que se dieron cuenta de que estar actualizados y tener expertos les genera un adelanto", agregó.

Para Iglesias, el foco apunta también a estos temas porque hoy los consumidores lo reclaman. "El consumidor lo pide por la positiva, pero además es algo que puede impactar desde lo negativo, porque hoy se castiga a las empresas que no cumplen con la normativa ambiental. Que salga en prensa que una empresa está incumpliendo, por ejemplo, tiene perjuicios económicos muy grandes. No solo por la multa, sino por el impacto reputacional", señaló.

¿Quién será el responsable penal?

Tomando en cuenta que la empresa, como tal, no tiene responsabilidad penal, Iglesias explicó que en caso de que se aprueben estos delitos se debe plantear una "ficción legal", así como existe para la Ley de Responsabilidad Penal del Empleador.

"Por lo general, se utiliza la figura del poder de mando, es decir: quién tuvo la voluntad de ejercer la acción que violó la normativa. Por ejemplo: aparece un químico en un curso de agua y los directores, que quizá ni estén en conocimiento, no serán los responsables. Probablemente, haya alguien encargado de la Gestión Ambiental o de Operaciones y asumirá esa responsabilidad", indicó.

"Muchas veces, los directores son los que se ponen más nerviosos por estos temas, pero no necesariamente son los que deberían ser castigados", agregó el abogado. 

Intereses difusos

El ambiente forma parte de los llamados "intereses difusos", aquellos cuya titularidad corresponde a un conjunto indeterminado de personas, por lo que cualquier ciudadano podría presentar denuncia penal caso de constatar un caso de contaminación o una sospecha.

Consultado respecto a si se podría generar una "avalancha" de denuncias penales contra empresas, Iglesias aclaró que no y explicó que la materia ambiental es muy compleja. "Hay cuestiones muy técnicas que determinan si algo viola la normativa o no. Por ejemplo: en materia de vertidos de líquidos a un río, no necesariamente está prohibido hacerlo, sino que está prohibido superar determinados parámetros. Y probar que esos niveles se superaron es muy complicado y costoso. Más del 90% de las denuncias que se presentan son administrativas, las recibe el Ministerio de Ambiente y actúa en consecuencia", apuntó.