Forbes Staff
Vicentin, una de las empresa símbolo del complejo agroindustrial argentino, parece haber encontrado una bocanada de aire en medio del asedio financiero, judicial y operativo que la acecha desde hace más de cuatro años. Con un pasivo original de U$S 1350 millones y un rojo posconcursal que ya supera los U$S 30 millones, la compañía concursada podría volver a operar gracias a un acuerdo inusual: sus propios competidores salieron a auxiliarla.
Ocho empresas líderes del comercio y procesamiento de granos —Viterra, Bunge, ACA, Molinos Agro, Unión Agrícola Avellaneda, Cargill, Dreyfus y el Grupo Grassi— firmaron contratos de fasón por seis meses para procesar más de 500.000 toneladas de soja mensuales en las plantas de Vicentin. El acuerdo fue alcanzado tras la intervención judicial del juez Fabián Lorenzini y con la mediación del ministro de Trabajo de Santa Fe, Roald Báscolo.
El objetivo es claro: reactivar la planta de molienda ubicada en San Lorenzo, al norte de Rosario, garantizar los empleos de unos 1000 trabajadores y sostener la unidad productiva mientras se dirime el futuro legal y financiero de la firma. "La medida permite mantener la paz social y las plantas operando mientras avanza el proceso concursal", celebró el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA).
Un salvataje con intereses cruzados
El mecanismo elegido por las compañías es el contrato de fasón: un acuerdo por el cual las empresas aportan la materia prima —en este caso, soja— y Vicentin realiza el procesamiento industrial a cambio de un pago por servicio. Los contratos firmados contemplan entre 350.000 y 380.000 toneladas mensuales para la planta de San Lorenzo, y otras 250.000 toneladas destinadas a la planta de Ricardone.
Si bien el acuerdo ofrece una salida transitoria, su trasfondo revela una trama de intereses que van más allá de la solidaridad sectorial. Varias de las compañías involucradas son acreedoras de Vicentin. Para ellas, mantener viva la operación no solo permite recuperar al menos parte de su dinero, sino también evitar una eventual quiebra que dinamitaría el valor residual de la empresa.
"La propuesta de ACA, Viterra y Bunge es casi el único hilo del que se puede sostener Vicentin", admiten fuentes cercanas al proceso judicial. Estas tres empresas fueron las primeras en manifestar su intención de reactivar el acuerdo de fasón semanas atrás, aunque el mismo fue interrumpido cuando la Corte Suprema de Santa Fe decidió no homologar el concurso preventivo.
La urgencia detrás del rescate
La situación financiera de Vicentin es crítica. Un informe reciente de los interventores judiciales Andrés Shocrón y Guillermo Nudemberg reveló que en marzo la empresa tuvo una pérdida operativa de U$S 4,57 millones, con deudas con terceros que superan los $6.700 millones y pasivos por más de $8.000 millones con compañías vinculadas al mismo grupo económico.
Además, la firma debió afrontar el pago de salarios en cuotas, tiene parte de sus plantas paralizadas y enfrenta una caída total de la confianza de los productores. "La incertidumbre genera que los clientes no quieran celebrar contratos de fasón ante el riesgo de una eventual declaración de quiebra con sus mercaderías ingresadas a la empresa", reconoció la compañía en su última presentación judicial.
El escenario es tan apremiante que los contratos de fasón surgieron como única alternativa concreta para generar ingresos genuinos. En paralelo, el Grupo Grassi presentó una propuesta para reactivar por su cuenta la planta de San Lorenzo con un volumen de hasta 320.000 toneladas mensuales. Pero para ello requeriría una inversión inicial de U$S 1,5 millones en tareas de mantenimiento, dado que la sede está inactiva desde fines de 2023.
Qué se juega la Justicia (y el país)
Más allá de la magnitud de su crisis, Vicentin no es una empresa más. Su rol histórico como engranaje clave del complejo agroexportador argentino la convierte en un activo estratégico, no solo para sus acreedores, sino también para el ecosistema productivo de la región.
La Justicia deberá definir en las próximas horas si avala este nuevo esquema de funcionamiento que, si bien no resuelve la situación estructural de la compañía, al menos le permite volver a moverse. El juez Lorenzini ya pidió a las partes que formalicen el acuerdo, y la expectativa es que se allane el camino para su implementación efectiva.
"La propuesta concursal original había sido aprobada por más del 60% de los acreedores, pero las idas y vueltas judiciales no solo complicaron el proceso sino que agravaron el deterioro operativo de la empresa", advirtieron los interventores en su informe.
El plan actual incluye, además, un fuerte ajuste: cierre de filiales en Uruguay y Europa —hoy inactivas pero que requieren fondos de mantenimiento— y reducción de operaciones en plantas como Ricardone y Avellaneda, que hoy dependen de acuerdos puntuales con terceros para mantenerse en actividad.
Un futuro incierto, pero no cerrado
El caso Vicentin se convirtió en un símbolo de la fragilidad de los gigantes empresariales en contextos de volatilidad financiera, pero también en una prueba de cómo, incluso en un mercado competitivo, puede primar la lógica de la conservación industrial. Las empresas que hoy la auxilian no lo hacen por altruismo, sino por la conciencia de que dejar caer a un jugador como Vicentin puede tener efectos colaterales profundos sobre el propio negocio.
Mientras la Justicia analiza los pasos a seguir y las plantas comienzan a reactivarse lentamente, la empresa santafesina vuelve a transitar la delgada línea entre la recuperación y la desaparición. Por ahora, sobrevive gracias a un sistema de asistencia mutua que, en medio de un país en crisis, parece tan frágil como necesario.