Meta afronta desde este martes uno de los procesos judiciales de mayor alcance contra su negocio de redes sociales en Estados Unidos. Varios estados acusan a la empresa matriz de Facebook e Instagram de diseñar funciones destinadas a generar adicción entre usuarios menores de edad y de presentar sus plataformas como seguras pese a conocer sus posibles efectos perjudiciales.

El expediente puede derivar en sanciones económicas de enorme magnitud y en cambios en algunas de las características centrales de ambas redes sociales. Los estados señalaron que buscan una compensación cercana a US$ 200.000 millones, mientras que Meta sostuvo en documentos judiciales que los reclamos alcanzarían los US$ 1,4 billones, un monto cercano a la capitalización bursátil de la compañía.

Los alegatos iniciales comenzaron ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California. La ofensiva judicial quedó encabezada por los fiscales generales de California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey, cuatro de los 29 estados que presentaron demandas relacionadas con la seguridad de niños y adolescentes en las plataformas de Meta.

Russell Coleman, fiscal general de Kentucky, definió el expediente como "la mayor demanda de protección al consumidor en la historia de Estados Unidos" y acusó a la compañía de ocultar información importante. Según Coleman, Meta "ocultó lo que sabía sobre el daño que sus productos causan a los jóvenes porque mirar hacia otro lado era más rentable".

La discusión central pasará por determinar si Meta diseñó intencionalmente herramientas que podían resultar perjudiciales para los menores y, al mismo tiempo, promocionó sus servicios como espacios seguros. La empresa rechazará esa acusación y defenderá las medidas de protección que incorporó durante los últimos años.

Entre las funciones cuestionadas figuran el conteo de "me gusta", los filtros de imágenes, la reproducción automática, los sistemas de recomendación altamente personalizados y los feeds con desplazamiento infinito. La demanda también menciona Instagram Stories, cuyos contenidos desaparecen tras 24 horas, como una de las características que, según los estados, incentivaron el regreso frecuente de los usuarios jóvenes.

Los fiscales sostienen que estas herramientas explotaron vulnerabilidades psicológicas de los menores y fomentaron el miedo a perderse los contenidos publicados en estas plataformas. Ese argumento será uno de los ejes del juicio y puede determinar tanto la responsabilidad de la compañía como los eventuales cambios que deberá aplicar en sus productos.

Reclamos millonarios y un posible golpe al negocio de Meta

La dimensión económica constituye otro de los principales puntos del caso. Los estados hablaron de una indemnización cercana a US$ 200.000 millones, aunque Meta aseguró que las pretensiones económicas acumuladas alcanzarían US$ 1,4 billones.

La cifra generó dudas entre los especialistas jurídicos. James Grimmelmann, profesor de la Facultad de Derecho de Cornell, consideró que una indemnización de ese tamaño "parece extremadamente improbable". También señaló que "una indemnización de esa magnitud llevaría a Meta a la bancarrota, arruinaría a sus propietarios y, en la práctica, haría que los estados se convirtieran en dueños de Meta".

El proceso tampoco se limita a una eventual sanción financiera. Los fiscales generales buscan cambios en el funcionamiento de las principales plataformas de la compañía, en particular sobre aquellas herramientas que consideran diseñadas para retener durante más tiempo a los usuarios menores.

Zuckerberg y otros ejecutivos, entre los posibles testigos

El juicio podría incluir las declaraciones de algunos de los principales dirigentes de Meta. Entre ellos aparece Mark Zuckerberg, cofundador y CEO de la compañía, cuya fortuna alcanza los US$ 188.200 millones, según estimaciones de Forbes. Esa cifra lo sitúa como la séptima persona más rica del mundo.

De acuerdo con la lista presentada ante el tribunal, Zuckerberg podría responder preguntas sobre el conocimiento interno que Meta tenía acerca de los posibles daños provocados por sus plataformas, su impacto en niños y adolescentes y la relación entre las decisiones de crecimiento y las políticas de seguridad.

También figuran como posibles testigos Adam Mosseri, director de Instagram, y Susan Li, directora financiera de Meta. La nómina incluye, además, empleados y exempleados vinculados a tareas de investigación, seguridad, diseño de productos y marketing.

El proceso tendría una duración estimada de seis a ocho semanas. Un jurado de ocho personas emitirá una recomendación para la jueza Yvonne González Rogers, quien tendrá a su cargo el veredicto final y la determinación de una eventual indemnización.

La defensa de Meta

Meta rechazó las acusaciones y sostuvo que adoptó diversas medidas para proteger a los menores. En un comunicado publicado en su página web, la compañía afirmó que las demandas por seguridad infantil "tergiversan la imagen de nuestra empresa y el trabajo que realizamos a diario para brindar a los jóvenes experiencias seguras y valiosas en línea".

La empresa destacó las Cuentas para Adolescentes, que incorporan restricciones sobre los contactos permitidos y el tipo de contenido que los menores pueden ver en Instagram, Facebook y Messenger.

Meta también cuestionó la magnitud de los reclamos económicos y la base de las acusaciones. "Los fiscales generales estatales pueden calificar este caso como histórico, pero sus alegaciones son limitadas y carecen de fundamento, y sus demandas económicas son desproporcionadas", declaró la compañía.

En ese mismo comunicado, agregó que "no presentaron ninguna prueba de que alguien en sus estados haya sido engañado; afirman que funciones inofensivas, como tener una cuenta adicional de Instagram, perjudicaron de alguna manera a sus residentes e intentan penalizar a Meta por desafíos que afectan a toda la industria, como la verificación de edad".

Antecedentes judiciales que elevan la presión

Meta ya sufrió decisiones adversas en causas con argumentos similares. En marzo de 2026, Meta y YouTube fueron declarados responsables tras una demanda presentada por una mujer que acusó a ambas plataformas de perjudicar su salud mental mediante funciones diseñadas para generar adicción. En ese caso, Meta recibió una condena por US$ 4,2 millones, mientras que YouTube debió pagar US$ 1,8 millones.

A principios de agosto, un juez de Nuevo México ordenó a Meta pagar US$ 567 millones. Esa cifra se sumó a otra sanción de US$ 375 millones impuesta en 2026 por cuestiones vinculadas con la seguridad infantil. El juez también prohibió a las plataformas de Meta enviar notificaciones push a usuarios jóvenes entre las 22 y las 7 horas y ordenó limitar el tiempo que los niños pasan en esos servicios.

La compañía enfrenta, además, miles de demandas en Estados Unidos relacionadas con la seguridad infantil y la adicción a las redes sociales. En julio de 2026, Meta informó una caída de sus ganancias en el segundo trimestre y atribuyó parte del retroceso al aumento de los gastos legales.

El juicio que comienza ahora pondrá bajo análisis tanto las decisiones de diseño de Facebook e Instagram como la responsabilidad que los estados atribuyen a Meta por el uso de esas funciones por parte de menores. La resolución también definirá el alcance de las sanciones económicas y los posibles cambios en las herramientas que forman parte del funcionamiento habitual de sus principales plataformas.

*Esta nota fue publicada originalmente en Forbes.com.