Un juez estatal de Nuevo México ordenó a Meta pagar un total de US$ 942 millones por la forma en que gestionó la seguridad infantil en Facebook e Instagram. El magistrado concluyó que las plataformas contribuyeron de manera “significativa” a la crisis de salud mental entre los adolescentes del estado y que sus efectos constituyeron una “molestia pública”.

El monto surge de la combinación de dos sanciones. Por un lado, un juez de un tribunal estatal de Santa Fe, Nuevo México, ordenó a la compañía depositar US$ 567 millones en un fondo de compensación destinado a financiar iniciativas de concientización y prevención, además de mejorar la evaluación y el tratamiento de las personas afectadas por sus plataformas.

A esa cifra se suman otros US$ 375 millones en sanciones civiles que un jurado ya había impuesto a la empresa dentro del mismo proceso judicial. Así, las penalidades contra Meta ascienden a US$ 942 millones, un monto que se aproxima a los US$ 1.000 millones.

La resolución judicial puso el foco en determinadas funciones incorporadas por Meta en sus plataformas. Según la sentencia, la compañía implementó herramientas diseñadas para aumentar la interacción y el tiempo de uso de los usuarios, que el juez consideró perjudiciales para los adolescentes.

La resolución también cuestionó la forma en que la compañía informó sobre los posibles riesgos asociados a esas funciones. En particular, sostuvo que Meta no comunicó de manera “adecuada” a sus usuarios los peligros vinculados a la seguridad en Facebook e Instagram.

Tras analizar las pruebas presentadas durante el proceso, el tribunal concluyó que las redes sociales de Meta fueron “una causa de, y contribuyeron sustancialmente a, una molestia pública en Nuevo México”. Para dimensionar el alcance del daño atribuido a la compañía, el juez trazó una comparación con una fábrica que genera contaminación, al considerar que sus efectos no quedan limitados al entorno digital, sino que también repercuten fuera de él.

“El Tribunal considera y concluye que, del mismo modo que la contaminación nociva producida por la fábrica puede perjudicar el derecho público común a un aire razonablemente limpio, los efectos nocivos de las plataformas de Meta sobre los niños no se limitan a dichas plataformas y, en cambio, se extienden a Internet en su conjunto y, quizás lo más preocupante, al mundo real, creando una carga social común y un daño para los chicos afectados, sus familias, sus escuelas, así como para los hospitales y las fuerzas del orden”, señala la sentencia.

El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, celebró la decisión y sostuvo que el caso buscó proteger a los menores y exigir responsabilidades a la tecnológica. 

“Este caso siempre se presentó como proteger a los chicos, defender a las familias y garantizar que una de las mayores empresas tecnológicas del mundo no pueda lucrarse con prácticas que ponen en peligro a los jóvenes sin consecuencias. La decisión de hoy es una victoria para todos los padres que se han preocupado por el impacto de las redes sociales en sus hijos y para todos los niños que merecen crecer en un entorno digital más seguro”, afirmó.

Meta, en cambio, rechazó la resolución y anticipó que recurrirá la decisión. El jefe de comunicaciones de la empresa, Andy Stone, escribió en X una respuesta en la que defendió el trabajo de la compañía en materia de seguridad.

“No estamos de acuerdo con el fallo y apelaremos. Trabajamos arduamente para mantener a las personas seguras en nuestras plataformas y fuimos transparentes sobre las dificultades para identificar y eliminar a los usuarios malintencionados y el contenido dañino. Seguimos confiando en nuestro historial de protección de adolescentes online y continuaremos defendiéndonos contra las acusaciones que tergiversan los hechos”, expresó.

La reacción del mercado fue limitada. Las acciones de Meta se mantuvieron prácticamente estables en las operaciones previas a la apertura del lunes, con una baja cercana al 0,33%, hasta US$ 587,94. 

El fallo llega, además, en un período marcado por otros costos judiciales para la empresa. Meta informó que acumuló US$ 2.400 millones en cargos relacionados con distintos procesos legales durante el segundo trimestre de este año.

La compañía también indicó que continúa bajo seguimiento por diversos asuntos legales y regulatorios que podrían afectar de manera significativa su negocio y sus resultados financieros.

 Dentro de ese grupo, mencionó el escrutinio relacionado con menores en distintos mercados y varios juicios vinculados con menores previstos para este año en Estados Unidos, procesos que, según advirtió, podrían derivar en una pérdida sustancial.

*Esta nota fue publicada originalmente en Forbes.com.