El sector inmobiliario volvió a poner sobre la mesa una serie de reclamos para recuperar el ritmo de inversión y acelerar el desarrollo de nuevos proyectos. En la apertura de Expo Real Estate Argentina, Damián Tabakman, presidente de la Cámara Desarrolladores Urbanos , CEDU+AEV, pidió al Gobierno avanzar con un régimen de incentivos específico para la construcción, mejores condiciones impositivas y cambios regulatorios que permitan reducir los tiempos de aprobación.

“Necesitamos que el RIGI también contemple al sector de la construcción. Nos parece una medida fundamental”, planteó Tabakman durante su exposición. El reclamo apunta a extender al real estate una lógica similar a la que el Gobierno ya implementó para grandes inversiones en otros sectores de la economía, con beneficios que permitan mejorar la ecuación de los desarrolladores y atraer capital hacia nuevos proyectos.

El pedido impositivo también ocupa un lugar central en la agenda empresaria. “Una ayuda impositiva, como por ejemplo funciona en Uruguay con las viviendas promovidas, podría ayudar a mejorar el sector. Es un reclamo que pedimos hace años”, señaló el titular de CEDU.

El modelo uruguayo al que hizo referencia contempla beneficios fiscales para proyectos de vivienda que apuntan a la clase media, una herramienta que, según los desarrolladores, podría contribuir a mejorar los costos y estimular la oferta de nuevas unidades.

Hipotecas divisibles y menos burocracia

Otro de los puntos que el sector considera clave es el financiamiento de los desarrollos. Tabakman pidió avanzar específicamente con las hipotecas divisibles, una herramienta que permitiría financiar proyectos desde su etapa de construcción y luego dividir la garantía hipotecaria entre las distintas unidades.

“Pedimos que se haga foco en las hipotecas divisibles para ayudar a las desarrolladoras y a los proyectos nuevos”, sostuvo. Se trata de un reclamo que el sector arrastra desde que el presidente Javier Milei asumió su cargo.

La herramienta es considerada estratégica en un mercado en el que el crédito hipotecario comienza a recuperar protagonismo, pero todavía enfrenta dificultades para transformarse en una fuente de financiamiento masiva tanto para compradores como para desarrolladores.

En paralelo, el sector reclama atacar uno de los principales obstáculos que enfrenta la generación de nueva oferta: los tiempos administrativos. “Necesitamos una mejora en los tiempos de aprobación”, dijo Tabakman. Y puso como ejemplo el caso de la provincia de Buenos Aires, donde, según señaló, un desarrollo urbanístico puede demorar al menos 10 años en atravesar todo el proceso de aprobaciones.

La discusión sobre la denominada “permisología” coincidió con uno de los ejes planteados por Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, durante el encuentro.

Crédito, mercado de capitales y menos “tramitología”

El ministro respondió a los reclamos del sector e hizo hincapié en los créditos hipotecarios. Planteó que para que las hipotecas puedan crecer de manera sostenida es necesario, primero, generar una mayor masa de ahorro local que pueda transformarse en financiamiento de largo plazo.

En ese sentido, sostuvo que “los bancos deberán modificar su lógica para captar depósitos y ofrecer tasas competitivas, mientras que el mercado de capitales puede convertirse en un canal adicional para conectar directamente a los ahorristas con productos vinculados al financiamiento hipotecario”.

También anticipó que el Gobierno enviará al Congreso una reforma del mercado de capitales, que incluirá, entre otros puntos, un sistema nacional de prendas en el que puedan participar actores privados y modificaciones al régimen de crowdfunding para facilitar la participación de personas en proyectos.

Para el sector inmobiliario, una de las definiciones más relevantes pasó por la reducción de la burocracia. Sturzenegger planteó que las presentaciones ante los organismos públicos deberían estar a cargo de profesionales que asuman responsabilidad por ellas, con un esquema en el que el control sea posterior y se base en declaraciones juradas.

La idea apunta directamente a uno de los reclamos históricos de los desarrolladores: reducir los plazos entre la decisión de invertir y el inicio efectivo de una obra.