La privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) entró en una etapa decisiva. El Ministerio de Economía abrió este martes las ofertas técnicas para vender el 90% del paquete accionario de la compañía que presta servicios de agua potable y cloacas a 14 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense.
Dos consorcios encabezados por grupos empresarios locales fueron los únicos que formalizaron propuestas: uno reúne a Rowing S.A., Arcos Saneamento e Participações, Transclor y PHX; el otro está liderado por Roggio ROAS S.A.U. junto con otras sociedades. De los 17 interesados que habían participado del proceso, solo esos dos grupos avanzaron a la apertura de sobres técnicos.
La operación es una de las más relevantes del programa de privatizaciones impulsado por el Gobierno de Javier Milei, no solo por la dimensión del activo sino por su impacto directo sobre un servicio esencial en el Área Metropolitana de Buenos Aires. El Estado nacional apunta a obtener entre U$S 450 millones y U$S 500 millones por la venta, mientras que el 10% restante continuará en manos de los trabajadores a través del Programa de Propiedad Participada.
La etapa técnica antes del precio
La apertura realizada este martes no definió aún al futuro operador ni reveló cuánto pagará cada grupo. Ahora, una Comisión de Evaluación deberá determinar si las propuestas cumplen con las condiciones legales, técnicas, económicas y financieras fijadas en el pliego.
Solo quienes superen esa instancia quedarán habilitados para presentar una oferta económica. El ganador será el consorcio que ofrezca el mayor precio en dólares por las acciones, sin que el pliego haya establecido una base o precio mínimo de venta.
Entre los requisitos, los participantes deben acreditar al menos cinco años de experiencia, dentro de la última década, en la operación de servicios de agua potable y desagües cloacales en un centro urbano de, como mínimo, 1,5 millones de habitantes y 500.000 usuarios. También deben demostrar un patrimonio neto consolidado de al menos U$S 300 millones; para fondos de capital privado o consorcios, el requisito asciende a U$S 1.000 millones en activos bajo gestión.
El futuro concesionario, además, deberá ejecutar un plan de acción obligatorio para el período 2027-2031. El esquema contempla inversiones por $ 2,89 billones —a valores de diciembre de 2025 y sin IVA—, equivalentes a más de U$S 2.000 millones, según informó el Ministerio de Economía. El objetivo es financiar obras de expansión y mejorar la calidad de la prestación.
Luis Caputo celebró el avance del proceso a través de X. "Avanza la privatización de AySA. El nuevo operador tendrá obligaciones de inversión por más de U$S 2.000 millones en los primeros 5 años", señaló el ministro de Economía. Según el funcionario, el traspaso permitirá que "el sector privado asuma la operación y las obligaciones de inversión y expansión previstas en el contrato", con "más obras, más inversiones, más seguridad y menos costos para todos los argentinos".
El consorcio de Filiberti
La primera propuesta fue presentada por Rowing S.A., una firma de ingeniería e infraestructura vinculada a Walter Román. El consorcio se completa con Transclor, la brasileña Arcos Saneamento e Participações y PHX, un vehículo de inversión con sede en los Países Bajos.
El nombre más conocido de esta alianza es Mauricio Filiberti, dueño de Transclor y socio de José Luis Manzano y Daniel Vila en Edenor. Transclor es proveedora de policloruro de aluminio para los procesos de potabilización de AySA desde 2009, un vínculo que ubica a Filiberti en una posición singular dentro de la competencia por la empresa.
Arcos constituye el componente técnico internacional del grupo. La compañía brasileña opera los servicios de agua potable y alcantarillado en Río de Janeiro con la marca Águas do Rio, luego de adjudicarse en 2021 una de las mayores subastas de saneamiento de Brasil.
En este caso, la eventual adquisición también conectaría a AySA con otros negocios regulados del grupo empresario. La empresa estatal es uno de los grandes consumidores de electricidad del AMBA y Edenor es la principal distribuidora eléctrica de la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires y el noroeste del conurbano.
La apuesta de Roggio
El segundo oferente es Roggio ROAS S.A.U., vehículo del Grupo Roggio para participar de la licitación. El holding cuenta con experiencia local en servicios públicos y, en particular, en el negocio del agua a través de Aguas Cordobesas.
Según la información difundida sobre la oferta, el consorcio reúne además a Hidrosan Capital, Aguas del Plata Participaciones, Benito Roggio e Hijos y Central Buen Ayre. El grupo opera también el subte porteño por medio de Emova y el ramal ferroviario Urquiza a través de Metrovías.
Para fortalecer su propuesta, Roggio cuenta con respaldo técnico de Mekorot, la empresa estatal de agua de Israel, y de Marubeni, el conglomerado japonés que participa en el sector a través de Aguas Nuevas, con operaciones en Chile. En Argentina, el grupo ya gestiona el servicio de agua potable de Córdoba mediante Aguas Cordobesas y suma experiencia adicional a través de Aguas de Corrientes, concesionaria del servicio en esa provincia.
La disputa, en definitiva, enfrenta a dos estructuras que combinan capital y conducción argentina con socios técnicos o financieros internacionales. Es un patrón que se repite en las privatizaciones y desinversiones más recientes: compañías extranjeras participan en alianzas locales, pero sin encabezar directamente las propuestas.
El ganador deberá asumir una empresa con una escala excepcional: AySA atiende a 14 millones de usuarios en la Ciudad y el conurbano, y volverá a quedar bajo control privado dos décadas después de su reestatización. La competencia recién comienza: la validación técnica definirá si ambos grupos siguen en carrera hacia la instancia económica que pondrá precio a uno de los activos más sensibles del Estado argentino.
