El PIT-CNT anunció que presentará una "propuesta concreta" para crear un nuevo impuesto del 1% para gravar a las personas con mayor patrimonio del país y destinar esos recursos para "eliminar la pobreza infantil". 

De acuerdo a las declaraciones de prensa del presidente de la central sindical, Marcelo Abdala, el nuevo gravamen abarcaría a unas 25.000 personas que tienen un patrimonio de entre el 35% y 40% del país. Este impuesto generaría un ingreso a las arcas del Estado de entre US$ 700 millones y US$ 800 millones, el equivalente al 1% del PIB. 

La propuesta del PIT-CNT, en un principio, ya tuvo una visión contraria del presidente de la República Yamandú Orsi y del titular de Economía Gabriel Oddone, no obstante, hay senadores del Frente Amplio como Óscar Andrade, Constanza Moreira y Gustavo González que respaldan esta idea. 

A juicio del tributarista Fabián Birnbaum, socio fundador de FBM Advisory, es "difícil" analizar una propuesta que todavía no fue formalmente presentada en su diseño, más allá de que los fines que persigue "son más que loables. La pregunta es si el medio es el más adecuado", dijo el experto en diálogo con Forbes Uruguay. 

Según Birnbaum, uno de los "ruidos" que genera esta iniciativa tributaria es que va en "contrasentido" de una política de Estado como la "atracción de personas de alto patrimonio" a través de la exoneración de sus rendimientos financieros en el exterior. Esta norma se aprobó durante el gobierno de José Mujica en 2012, por un período cinco años, y luego fue elevada a 10 años por la administración de Lacalle Pou.

Por otro lado, el tributarista recordó que el país ya cuenta con un Impuesto al Patrimonio, que estableció una reducción gradual de tasas desde la reforma tributaria que se aprobó en 2007. "Nuevamente se está yendo no solo contra una norma actual, sino contra una política tributaria que tiene muchísimos años", recordó. 

Otra de las dudas que tiene el socio de FBM Advisory es "cómo encajaría" este nuevo tributo sobre el sistema impositivo en su conjunto. "Hay que tener en cuenta que exista la competencia fiscal y que son muchos los países que están detrás de la captación de talento y empresas de alto patrimonio", advirtió. Añadió que, bajo ese contexto, cualquier cambio puede llevar a que el país tenga una emigración de personas con alto patrimonio. "Una prueba de eso lo vimos hace unos años con la llegada de argentinos al país", apuntó Birnbaum.

"Pérdida de tiempo"

Para el economista Hernán Bonilla, presidente del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), se está ocupando tiempo del "debate de la agenda pública" en un tema que "no es relevante" y "contraproducente". A su juicio, se debería discutir "cómo se hace para crecer más", "mejorar la competitividad o los problemas sociales que tiene el país. Nada de eso pasa por poner nuevos impuestos", consideró. Recordó que el gasto público es lo "suficientemente grande", unos US$ 22.000 millones, como para reasignar recursos para los "fines que se crea necesario" como puede ser atender la pobreza infantil. 

Por otro lado, Bonilla acotó que todavía no está muy claro cómo se aplicaría ese potencial impuesto al 1% más rico del país. "Claramente poner un nuevo impuesto no es algo que hoy esté demandando la población o que sea un problema relevante para el país", insistió. 

Por otro lado, el titular del CED señaló que la presión fiscal en Uruguay "ya es alta", algo que es comprobable tanto en mediciones internacionales con países comparables como hasta en las declaraciones de los últimos ministros de Economía, arrancando por Danilo Astori hasta el actual (Gabriel Oddone). Además, dijo que muchas veces existe una "confusión" con el concepto de riqueza, ya que muchas veces gravar al patrimonio con un adicional puede tener consecuencias sobre la economía real, ya que alguna persona se puede ver obligada a desprenderse de algún activo, por ejemplo, de un campo, una industria, maquinaria, etc. "En Uruguay no tenemos un problema con las grandes fortunas, que no existen o son muy pocas", dijo Bonilla. Acotó que a las personas de bajos ingresos y vulnerables "no les importa el índice de Gini", sino si tienen "perspectivas reales de mejorar su situación", algo que se logra con políticas orientadas a la "movilidad social".

Una discusión "válida"

Marcos Soto, decano de UCU Business School y socio de Cibils Soto Consultores, tiene una postura proclive a dar una discusión en la sociedad civil y el sistema político sobre el sistema tributario vigente, atendiendo las "necesidades adicionales" de recursos que están demandando la seguridad social, por ejemplo, o atacar la pobreza infantil. A su juicio, el camino de diseñar un nuevo impuesto —como plantea el PIT-CNT— no sea el más adecuado porque haría "más complejo" el sistema tributario, algo que se buscó simplificar con la última gran reforma del 2007. 

Soto señala que, en lugar de crear nuevos impuestos, sería más adecuado optimizar, por ejemplo, el Impuesto al Patrimonio, que ha existido desde la década de 1960, aunque con una historia ambigua y de difícil fiscalización por parte de la DGI.

Soto opina que es válido discutir si los sectores con mayor poder adquisitivo deberían hacer un esfuerzo para contribuir de manera proporcional al contrato social vigente, en medio de exigencias de gasto social cada vez mayores para los Estados. "Con un deterioro demográfico acelerado, hoy estamos dejando de lado a un porcentaje importante de la población por fuera del desarrollo humano deseable. Es claro que la pobreza infantil debería ser una prioridad presupuestaria. Por eso es válida dar la discusión tributaria sobre cómo se financia", planteó.

En ese contexto, recordó que hoy la seguridad social se financia en parte con un impuesto regresivo como el IVA por parte de toda la sociedad. El experto considera que quizás se deberían contemplar otros impuestos progresivos para obtener recursos adicionales como el IRPF, el IRAE o un Impuesto al Patrimonio con un mínimo no imponible. Consideró que muchas veces se habla de los impuestos como un tema "tabú" y se corre el riesgo de quedar "atrapados en el statu, algo que es dañino". 

"A los sistemas tributarios hay que repensarlos todo el tiempo, sin arriesgar la estabilidad jurídica. Las sociedades cambian, lo mismo con sus necesidades", finalizó.