El presidente Javier Milei volvió a poner el investment grade como una de las metas centrales de su programa económico de largo plazo. Durante su exposición en el Château de la Muette, sede de la OCDE en París, sostuvo que, si su Gobierno es reelecto en 2027, la Argentina alcanzará el grado de inversión durante un eventual segundo mandato. Además, afirmó que el país busca convertirse en "el país más pro mercado de Occidente" y anticipó: "El año que viene vamos a ganar".

La meta implica un desafío considerable para la deuda soberana argentina. Actualmente, las tres principales calificadoras ubican al país dentro de la categoría especulativa. S&P elevó en junio la nota argentina a B-, desde CCC+, mientras que Moody’s la llevó en julio a B3, con perspectiva positiva. Fitch también mantiene al país en B-.

El grado de inversión comienza en BBB-, por lo que Argentina debería recorrer seis escalones desde B- hasta alcanzar ese nivel. Para Eric Ritondale, economista jefe de Puente, se trata de una meta ambiciosa que, aun bajo un escenario favorable, podría materializarse recién hacia el final de un eventual segundo mandato.

"Las mejoras de calificación por parte de estas agencias suelen ser graduales y exigen no solo resultados macroeconómicos iniciales, sino una demostración prolongada de consistencia institucional a lo largo del tiempo", explicó Ritondale.

El desafío fiscal y las reservas

Uno de los principales requisitos será transformar el actual equilibrio fiscal en una trayectoria sostenible durante varios años. Para las calificadoras no alcanza con mostrar un superávit en un período determinado: el desafío consiste en demostrar que el ancla fiscal es estructural, que puede resistir shocks y que existe suficiente consenso político para mantenerla.

El segundo gran frente será la acumulación de reservas. Alan Versalli, estratega en Cocos Capital, señaló que las reservas internacionales constituyen uno de los indicadores de solvencia más observados por las agencias. Según su análisis, en países comparables se ubican en torno al 15% del PBI, mientras que Argentina todavía se encuentra por debajo del 10%.

El stock bruto cerró septiembre en torno de los US$ 48.000 millones, después de haber superado los US$ 50.000 millones durante buena parte de septiembre. Alcanzar niveles comparables requeriría más que duplicar el stock actual y sostener la acumulación durante varios años.

Inflación, deuda y salida del cepo

Otro requisito será consolidar la desinflación. Para avanzar hacia el grado de inversión, Argentina debería sostener durante un período prolongado una inflación de un dígito anual, al mismo tiempo que reduce de manera persistente la relación entre deuda pública y PBI.

A esto se suma la normalización cambiaria. Según Ritondale, el proceso debería culminar con un esquema sin restricciones operativas ni controles de capitales, acompañado por un acceso fluido del soberano a los mercados internacionales.

"Hay que levantar el cepo por completo y volver a financiarse en los mercados internacionales a tasas razonables. Además, el país tiene que construir un historial de cumplimiento que compense nueve defaults y la reestructuración de 2020. Las agencias le dan mucho peso a ese historial, y eso solo se corrige con tiempo", agregó Versalli.

El reto no es solamente económico. Las agencias también ponderan la fortaleza institucional, la previsibilidad jurídica y la capacidad de un gobierno para sostener las reformas a través de distintos ciclos políticos.

El antecedente de Brasil y el riesgo de reversión

Versalli recordó que existen antecedentes de mejoras rápidas en las calificaciones, como Brasil entre 2002 y 2008, aunque en ese caso el proceso estuvo acompañado por un fuerte ciclo de commodities. También mencionó a Rusia entre fines de los 90 y comienzos de los 2000.

Argentina tuvo una experiencia más reciente entre 2016 y 2018, cuando logró subir tres escalones en 18 meses, aunque nunca superó B+. Posteriormente, el cierre del financiamiento terminó interrumpiendo ese proceso.

De todas formas, el contexto actual muestra avances, pero también tensiones. El riesgo país llegó a superar los 600 puntos durante septiembre, mientras las reservas mostraron una desaceleración en su acumulación.

El Gobierno, sin embargo, sostiene que la expansión de las exportaciones energéticas y mineras, junto con las inversiones asociadas al RIGI, pueden modificar estructuralmente la capacidad de generación de dólares.

"Si bien el ordenamiento macroeconómico y el ancla fiscal constituyen el punto de partida indispensable para iniciar este sendero, la convergencia hacia el investment grade requiere un proceso acumulativo de maduración y validación en el tiempo. Por la magnitud de los escalones que resta transitar y la necesidad de probar la sostenibilidad de las reformas a través de ciclos políticos completos, se trata de una perspectiva que solo podría proyectarse con realismo hacia el cierre de un segundo mandato y en caso de que se sostengan/alcancen los hitos mencionados", resumió Ritondale.