Pese a las recientes medidas del Gobierno nacional para tentar a quienes guardan dólares fuera del sistema financiero, la provincia de Buenos Aires reafirmó que no modificará sus mecanismos de control tributario. El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard y el propio Axel Kicillof cuestionaron la decisión de la administración de Javier Milei de aliviar los regímenes informativos que actuaban como disparadores de alertas fiscales.
"No hay modificaciones concretas en términos normativos", afirmó Girard, quien señaló que las medidas difundidas por el Gobierno nacional "parecen más una promesa electoral que una política tributaria efectiva". En esa línea, advirtió que el plan oficial, presentado como una reparación a los ahorristas, funciona como un blanqueo encubierto sin respaldo legal.
El llamado "Plan de Reparación Histórica de los Ahorros", lanzado por el equipo económico de Milei y formalizado con un decreto y resoluciones, redujo el volumen de datos que bancos, tarjetas y proveedores de servicios de pago deben enviar a la Agencia Federal de Ingresos (ARCA). Solo deben informarse operaciones superiores a $30 millones y hasta $100 millones mensuales, lo que eleva de manera significativa el umbral que antes activaba inspecciones.
Sin embargo, la potestad de las provincias para mantener regímenes propios de fiscalización sigue vigente. "Esto no es una amnistía ni un nuevo orden fiscal. Lo único concreto es que ARCA deja de controlar", aclaró Girard.
Kicillof y Girard, en contra del relajamiento nacional
Tanto el gobernador Axel Kicillof como el titular de ARBA coincidieron en que las nuevas disposiciones nacionales no cuentan con un respaldo normativo firme y generan un limbo legal. "Mientras no haya una norma sancionada por el Congreso, todo queda en un terreno incierto", remarcó Girard. También advirtió que si alguien adhiere al régimen y luego se comprueba que usó fondos de origen ilícito, se le aplicará la normativa vigente.
Kicillof fue más directo en su crítica. En conferencia de prensa, sostuvo: "Mucho ruido y pocas nueces. Parece un intento de blanqueo permanente sin aprobación legislativa".
Girard recalcó que el Gobierno nacional no hizo cambios en la normativa penal tributaria ni en la legislación contra el lavado de dinero. Por lo tanto, cualquier intento de regularizar fondos no declarados sin un marco legal puede derivar en consecuencias judiciales para los contribuyentes. "La obligación de tributar según la capacidad contributiva no cambió. Nuestra tarea es asegurar que quienes tienen mayor capacidad económica tributen lo que corresponde", sostuvo.
Los controles provinciales siguen firmes
ARBA confirmó que continuará con su esquema habitual de fiscalización. Los impuestos provinciales como Ingresos Brutos, el Inmobiliario y el Automotor seguirán bajo vigilancia, sin alteraciones. "Seguimos aplicando los mismos criterios de control, con las herramientas que nos otorga la ley", indicó Girard. "Los impuestos provinciales, como Ingresos Brutos o el Inmobiliario, no se ven afectados por estos anuncios. Y la fiscalización sigue firme, porque la obligación de tributar según la capacidad contributiva no cambió", añadió.
Por su parte, Kicillof enfatizó: "Lo que corresponde es que cada uno tribute según su capacidad contributiva".
La estrategia de la provincia busca garantizar un sistema tributario con criterios de equidad, donde se recaude en función de la capacidad real de los contribuyentes. En ese sentido, Girard insistió en que las medidas anunciadas por el Gobierno nacional confunden más que lo que aclaran.
La decisión de Kicillof de mantener el rumbo también tiene una lectura política. En un momento en que el Gobierno nacional busca captar dólares guardados fuera del sistema, la provincia más poblada del país pone un freno y plantea condiciones claras. Sin leyes aprobadas, sin cambios en el Código Penal ni en la legislación fiscal, el sistema no cambia. Al menos, no en territorio bonaerense.
