Los números hablan por sí mismos. En la Argentina actual el universo laboral se divide en grandes grupos: unos 6,3 millones de trabajadores en relación de dependencia en el sector privado, 3 millones en el sector público y 2,5 millones de autónomos. En la vereda de enfrente, casi la misma cantidad, unos 10 millones de trabajadores, en negro. Con ese escenario base es que comienza a discutirse esta semana la reforma laboral.
Desde el punto de vista del empleador, los datos coinciden en que las empresas apenas superan el medio millón. En números redondos hay unas 554.000 según la Fundación Fundar o poco más de 526.000 según un informe de la Universidad del CEMA, pero en ambos casos apuntan que el 98% de las mismas son pymes registradas, un sector que genera la mitad del empleo asalariado formal y que explica el 35% de la masa salarial. Sin embargo, sus trabajadores perciben en promedio un 54% del salario que pagan las grandes compañías. Además, con un alto crecimiento de la informalidad y el cuentapropismo en los últimos años.
El proyecto de reforma o de “modernización” laboral, como prefiere llamarla el Gobierno, busca dar respuestas a este combo que no ha experimentado mejoras en los últimos años sino todo lo contrario.
“El proyecto, como se esperaba, es beneficioso para el sector empresarial y a los trabajadores, en especial apuntando al 45% de informalidad, con una Ley de Contrato de Trabajo de cincuenta años, había que hacer un cambio y esta propuesta busca aggiornar la normativa a las realidades actuales”, sintetizó Julián Ortiz Alonso, abogado, gerente a cargo del Dpto. de Seguridad Social de Lisicki, Litvin y Abelovich.
Ortiz Alonso destaca la flexibilización de las jornadas de trabajo, con la instrumentación de un banco de horas. Es decir, la posibilidad de modificar las jornadas de acuerdo a la demanda de que tenga cada empresa, siempre y cuando se respete el descanso diario de 12 horas y de 35 horas semanal. Se trata de un cambio relevante para las empresas particularmente del sector industrial.
Lo mismo que el fraccionamiento de las vacaciones en plazos mínimos de 7 días que es también es considerado como uno de los puntos salientes del proyecto aunque para las empresas resulta una dificultad menor. Es decir, se trata de uno de los puntos fácilmente negociables. En cuanto a las indemnizaciones, la reacción en las cámaras empresarias es más ambigua: es que mantiene el esquema de un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses, tomando como base de cálculo la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada durante el último año, aunque vuelve a excluir de la base de cálculo al aguinaldo y a conceptos de pago semestral o anual, algo que ya había intentado en la Ley Bases, y detalla que las propinas no forman parte del salario, pero no se fijan topes indemnizatorios como pretendían. Se limitan los puntos de cálculo a considerar en las indemnizaciones sin establecer un techo de 10 años como se proponía en algún borrador previo, que entusiasmaba a los empresarios.
Simultáneamente modifica el artículo 103 bis de la LCT y define los beneficios sociales, y especifica que las prestaciones no remunerativas, no dinerarias, no acumulables ni sustituibles en dinero que el empleador voluntariamente otorga al trabajador “no son salarios en especie”. Y en este ítem incluye los servicios de comedor y alimentación durante la jornada laboral, los reintegros por medicamentos, planes médicos integrales otorgados en especie o las diferencias de pago de las cuotas de los planes; la ropa de trabajo, los gastos de guardería, los útiles escolares o cursos y seminarios. Tampoco las “prestaciones complementarias” como el cobro de dividendos, reintegros por el uso del auto vehículo de la empresa, viáticos, celular e Internet con fines laborales, entre otros.
Entre los puntos que más apoyan en las asociaciones empresarias se cuenta también la figura del salario dinámico, atado a la productividad del trabajador, particularmente importante para grandes empresas, así como la reducción de las contribuciones a las obras sociales que bajan del 6% al 5% mientras que los patronales bajan a 17,40% (servicios/comercio grande) y 15% (resto)
“Uno de los ítems que más beneficia a los empresarios es la simplificación registral”, apunta Luis Discenza, socio en AZDR Abogados, respecto del sistema de registración laboral unificado en ARCA, a partir del cual ninguna provincia o municipio podrá exigir requisitos adicionales.
Previsiblemente, la prevalencia de las convenciones por empresa al convenio marco además del fin de la ultraactividad son puntos fuertes de la ley avalada por el sector empresario, que también celebra la incorporación como infracción grave el bloqueo de empresas.
“Otro punto positivo, que viene del programa Puente Empleo,es la inclusión de un régimen para incentivar la formalización laboral, para favorecer la contratación en este grupo de beneficiarios sociales”, agregó Ortiz Alonso.
El especialista se refiere así al Régimen de incentivo a la formalización laboral que reduce al 2% las contribuciones patronales durante 48 meses para las nuevas contrataciones que impliquen aumento neto de personal y que apunta a desempleados recientes, monotributistas, ex empleados públicos y beneficiarios de planes sociales durante el primer año.
