El atentado contra la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, conmovió al sistema político, pero para Gustavo Zubía no fue una sorpresa. El senador colorado —abogado y exfiscal— alerta por un "declive" del país en materia de seguridad, donde para evitar antipatías de la ciudadanía se evita la represión policial. Según afirmó, el Estado tiene capacidad para enfrentar el narcotráfico pero no lo hace, y desliza que las organizaciones detrás de este fenómeno están auxiliando económicamente a las campañas electorales.
¿Qué lectura se puede hacer del ataque a la fiscal Mónica Ferrero?
Primero, es algo normal. Es natural que haya sucedido, se esperaba para mucho antes. Segundo, es un suceso que, con distintas características, no es anormal en la vida de los fiscales. Yo tuve varias anécdotas de terminar en el piso ensangrentado con un individuo que no me lo podían sacar de encima, tres policías, con una jueza aterrada. La violencia es innata en esta actividad.
¿Se podría haber evitado este ataque?
Sí. Hace años, esto incluye al Frente Amplio y a la coalición, estamos en un declive muy intenso en materia de seguridad. Hay una mentalidad con exceso de beneplácito hacia la delincuencia que acarrea estas consecuencias. Tenemos un sistema donde el concepto de represión, lamentablemente, ha caído. La represión de por sí no me gusta, pero en los últimos años en Uruguay hubo un sentimiento antirrepresivo, sobre todo después de la dictadura y eso ha desvalorizado la norma. Vivimos una situación de anomia, de falta de normas.
¿Falta represión?
Falta represión y conciencia de la validez de la norma. Por ejemplo, la ley de faltas, que hay como 20 faltas, no está en cumplimiento en un 90%. No hay cumplimiento de las normas.
¿Y la culpa de quién es?
Hay una concepción social que lleva a la necesidad de ablandar los límites represivos. Ahora presenté un proyecto de ley para transformar en delito las picadas con vehículos en la calle. Hoy no hay represión. La policía no tiene voluntad de reprimir ese tipo de falta, hay intención de dejar correr. Está también el tema de Gustavo Albín, uno de los patriarcas del clan Albín. Fue sentenciado hace un año por homicidio, como coautor, a la pena de 7 años. La vida humana valía 7 años, pero todavía con la posibilidad de estudio o trabajo de descender de esa pena a 5 años. Con ese precio de vida, el razonamiento es: "yo arriesgo, mato, y si me agarran voy a tener esas ventajas". Todo eso es el decaimiento de un sistema normativo.
¿Pero se necesitan más penas o es cómo se aplica?
Es cómo se aplica, no se necesitan más penas.
¿Quién es el responsable de eso?
El Código del Proceso Penal, que dio la facultad de tratar los temas judiciales como se tratan temas en el boliche. Se sienta el fiscal con el defensor y empiezan como en un boliche con el regateo. Es una vergüenza.
¿Cómo habría que hacer esos acuerdos abreviados?
Primero, hay que crear fiscalías, dar más recursos. Este presupuesto quinquenal tres fiscalías mandó. Una miseria. Después hay que limitar la aplicación del proceso abreviado solo a determinados delitos de bagatela. No a delitos de homicidio, a las rapiñas.
Ahora el Poder Ejecutivo quiere hacer algunas modificaciones al Código.
Sí, pero el "quiere" ya me tiene muy cansado. Había consenso para crear en cárceles el servicio descentralizado. Fue el proyecto de ley de presupuesto quinquenal al Parlamento y no incluyó nada de eso, pese a que el propio oficialismo había dicho que era súper necesario. La coalición tendría que haber abordado el tema cuando fue gobierno y no lo hizo. Destrozó las comisarías y no las volvió a armar... El problema de gestión es el más duro que planteo: Sabemos que en Montevideo hay 18 grupos operativos pesados de familias; me refiero a uso de armas, de reuniones, de operativos, de grupos delictuales. ¿Qué información recordamos de enfrentamientos contra esos grupos? Tenemos una Policía que llega a los hechos violentos como los deudos llegan al velorio: después de sucedidos los hechos.
¿No hay inteligencia?
No hay inteligencia preventiva ni tampoco que ponga esfuerzos al servicio de operaciones represivas.
¿Y a qué se debe?
A que no hay mando político operativo. Cuando un Ministerio del Interior realiza actividad represiva fuerte, hay un decaimiento de su popularidad, en términos sobre todo electorales.
¿Nadie quiere pagar el costo electoral?
Nadie. Todos hablan de la lucha contra el delito, pero cuando lo bajan a tierra es darle asistencia social, en vivienda... No me opongo a eso, son medidas que hay que tomar, pero a lo sustantivo, que es la represión, todo el mundo le saca el cuerpo.
¿El Estado puede hacer frente a esas bandas?
Tiene condiciones. Tenemos una Policía de 30.000 efectivos, récord per cápita en América Latina. Tiene armamento y capacidad operativa en un país donde no hay límites climáticos o geográficos que dificulten las acciones, pero lo que no tenemos es una voluntad de acción.
Un gobierno prefiere ser calificado como flexible antes que como represor. Entonces, el narcotráfico tiene potencia de fuego y potencia operativa. Estamos mucho más cooptados por el narcotráfico de lo que vemos. No me sorprendería que hoy o mañana surgieran informaciones de cooptación a través del sistema político.
¿Que los narcos trabajen con políticos?
Que haya auxilios económicos, porque ya en el otro lado del Río de la Plata son muy fuertes los comentarios de esa naturaleza. En las campañas electorales la voracidad de dinero del político es como hacerle oler al perro la chuleta, viene solito moviendo la cola.
¿Los narcos están poniendo plata en campañas electorales?
No lo puedo afirmar.
Es un señalamiento muy serio...
Es mi sospecha y parte de un razonamiento lógico, porque se ve en toda América Latina este fenómeno. ¿Nosotros somos los chicos buenos de la película? Justamente no. No estamos enfrentando al narco, las cárceles son un desastre. Hoy en una cárcel uruguaya pedís un elefante amarillo y al día siguiente lo entran. Es un sistema de relajo, de falta de control carcelario. ¿Sabés las tres preguntas que le hacen a un funcionario de cárceles?: ¿Tu hija se llama Joana? ¿Va al liceo nocturno de las 8 a las 12? ¿Vive en la calle tanto y cuánto? Con eso ya está. Sentís un fierro caliente que te penetra en la mitad del pecho.
El Senado votó la ley antilavado, que fue un pedido del presidente Yamandú Orsi, ¿resuelve algo?
No, es un refrito de la ley original del año 2017 y de alguna ley anterior que transforma y mantiene una cantidad de artículos. Hay algunas variaciones pequeñas, sobre todo en la terminología. Yo no lo voté.
¿Cuáles son las medidas urgentes para salir de esta situación?
Lo primero es dar vuelta a la cárcel. Todos hablan y nadie se animó, ni la coalición ni el Frente.
¿Qué es dar vuelta a la cárcel?
Es obtener una palabrita horrible, asquerosa, pero necesaria, que es control. La cárcel no tiene control. El otro día hubo una balacera en la puerta del Comcar. Es el colmo de la tomadura de pelo.
¿Cómo se arregla esto?
Para empezar, aceptemos la realidad. En la cárcel hay armas de todo tipo y color, hay droga. Es lamentable. Llegás a quitar la droga y tenés un motín a los 30 minutos. Hay uso indiscriminado de celulares. Dicen que es para que el padre pueda saludar a sus hijos de noche. Mentira. Es para que el capo dé órdenes sobre cómo se arreglan los temas afuera. Hay señales inhibidoras y no se aplican bajo la excusa de que ciertas zonas aledañas a la cárcel pueden quedar sin señal. Es ridículo, absurdo. En resumen: todo lleva a las cárceles, el Código del Proceso Penal y a la gestión represiva. Si logramos cambiar esas tres cosas, por lo menos empezamos la lucha contra un delito que nos está comiendo año a año como el homicidio.