Cuando se combinan decisiones que privilegian el corto plazo, la resistencia a escuchar diagnósticos incómodos y una desconexión progresiva con las necesidades reales de la gente, incluso un país con enormes ventajas competitivas puede entrar en una espiral de deterioro. Esa combinación —vista todos los días en empresas que parecen exitosas hasta que dejan de serlo— contribuye a explicar por qué Venezuela pasó de ser el milagro económico de América Latina a un país fracturado que, con el tiempo, expulsó a más de 8 millones de personas al exilio sin una guerra convencional.

A comienzos de los años 60, Venezuela era una democracia joven, con una población cercana a los 12 millones de habitantes y una economía ordenada. Cuando en 1973 los precios del petróleo se dispararon como consecuencia de la guerra de Yom Kipur y el embargo de la OPEP, el país recibió una lluvia de ingresos extraordinarios. Solo entre 1972 y 1974, los ingresos del país por concepto del petróleo se habían cuadruplicado. @@FIGURE@@

En ese momento, Venezuela era sinónimo de potencial, pero como también pasa en las empresas, grandes cantidades de dinero disponibles sin una visión clara de futuro y una administración robusta conducen eventualmente al desastre. En este caso, condiciones tan extraordinariamente favorables llevaron a los distintos líderes de la era democrática a tomar decisiones temerarias, basadas en el supuesto de que una renta petrolera alta sería una constante a partir de ese momento.

Cuidar las “vacas gordas” la tarea que no se hizo

A partir de 1974, bajo el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, el Estado venezolano expandió el gasto público, tomó deuda y creció aceleradamente. La ciudadanía experimentó la expansión y el fortalecimiento de la clase media y, desde afuera, Venezuela era el país más próspero de América Latina. 

Dadas estas condiciones de abundancia económica y movido por la idea de que el Estado debía administrar y controlar los bienes de la nación, en 1976 Carlos Andrés ejecutó la decisión de nacionalizar la industria petrolera que hasta ese momento había estado en manos de empresas extranjeras, creando Petróleos de Venezuela (PDVSA). Una decisión política y popular pero innecesaria desde el punto de vista práctico, porque la Ley de Hidrocarburos de la nación establecía que las concesiones petroleras durarían 40 años y al terminar estas, las compañías extranjeras debían revertir las instalaciones al país sin que se les debiera ningún tipo de indemnización. Las concesiones habrían vencido en 1983 y el gobierno no habría tenido que pagar indemnizaciones innecesarias. 

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Al mismo tiempo, el país empezó a sufrir lo que los economistas llaman “la enfermedad holandesa”: al sobrevaluarse el bolívar, empezó a ser más barato importar que exportar, lo que desincentivó el desarrollo efectivo de otros sectores productivos y la economía se fue concentrando en una sola fuente de ingresos. En una empresa, eso se parecería a depender de un solo cliente o de un solo producto sin invertir en diversificación. Una posición que con el tiempo incrementa la fragilidad ante los disruptores.

Cuando en 1979 asumió la presidencia Luis Herrera Campíns, el entorno internacional ya era otro. El mundo entraba en recesión, el crédito se encarecía y los precios del petróleo comenzaban a mostrar presión a la baja. Sin embargo, la política de gasto continuó como si la bonanza no hubiera terminado. Entre 1974 y 1982, la deuda externa venezolana se multiplicó por seis. La estructura financiera y fiscal del país empezó a crujir. Así llegó el viernes negro en febrero de 1983, poniendo fin a años de estabilidad cambiaria con la devaluación agresiva del bolívar frente al dólar. Este evento marcó una progresiva pérdida del poder adquisitivo del venezolano durante el resto de los años 80 y 90 trayendo de manera permanente las palabras crisis e inflación al imaginario colectivo.

Las señales de que los primeros años de abundancia exigían otro tipo de decisiones estaban allí desde el comienzo, incluso intelectuales de la talla del Dr. Arturo Uslar Pietri hablaron de “sembrar el petróleo” que implicaba usar las ganancias petroleras para invertir en el desarrollo del resto de las áreas productivas del país,  pero estas ideas fueron sistemáticamente desplazadas por una lógica de gasto, expansión y control que terminó por hacer a Venezuela mucho más vulnerable cuando el contexto cambió.

Un pacto social roto antes de que los líderes se dieran cuenta

Los problemas económicos que se aceleraron en la década de los 80, más la incongruencia que los ciudadanos veían en la élite gobernante entre el discurso y la corrupción terminaron por minar la confianza de una buena parte de la sociedad en el sistema democrático que había nacido en 1958 a través del llamado “Pacto de Punto Fijo” en el que los partidos políticos habían acordado compartir el poder mediante gobernabilidad concertada, para garantizar la estabilización de la democracia, asegurando la alternabilidad en el poder a través de elecciones.  @@FIGURE@@

La distancia entre el discurso político y la realidad se volvió evidente. La corrupción, tolerada durante la bonanza, se hizo insoportable cuando los recursos escasearon. La gente se sintió invisible, no escuchada, especialmente los más vulnerables.

La desconexión entre las acciones de los siguientes gobiernos y las necesidades de la población no hizo más que incrementar la abulia y el hartazgo que condujeron al estallido social de 1989 que en Venezuela se conoció como “el Caracazo” que a su vez dio pie a los dos intentos de golpe de Estado promovidos por Hugo Chávez en 1992, cuyo caso fue sobreseído sin sentencia por orden del presidente Rafael Caldera en 1994, lo que le permitió llegar al poder por la vía electoral tan solo cuatro años después.

La inmadurez ciudadana y la magnitud de los problemas hicieron al venezolano susceptible a los cantos de sirenas e inmune a un principio lógico simple: un militar que orquesta un golpe de Estado en el que mueren personas, como el que lideró Chávez el 4 de febrero de 1992, no podía ser un demócrata porque no creía en la democracia.

Lo que siguió con el ascenso al poder de Hugo Chávez fue un proceso de concentración progresiva de poder y erosión sistemática de las normas que habían hecho posible el funcionamiento de Venezuela como una república moderna. Los derechos económicos habían sido redefinidos en su Constitución de 1999 para que el Estado interviniera en todos los aspectos de la vida productiva, estableciendo que este garantizaría “la justa distribución de la riqueza del país”. Para cuando los ciudadanos lograron entender que jugaban con reglas democráticas en un sistema que ya no lo era, las únicas dos opciones disponibles eran irse o quedarse.

Lecciones para los líderes de empresas

El caso Venezuela es un espejo para cualquiera que tome decisiones con impacto sobre otras personas. Ni un país ni una empresa se quiebran de golpe; el descalabro, en ambos casos, es la consecuencia de haber perdido la confianza tanto de la gente como de clientes, proveedores,  aliados estratégicos y otros. 

Quien lidera necesita hacerse consciente de dos sesgos cognitivos en los que todos caemos: el sesgo de optimismo que tiñe la realidad con un color más favorable del que tiene y el sesgo de representatividad, que nos lleva a minimizar riesgos que todavía no se han materializado porque lo que podría ocurrir no se parece a lo que ya ha ocurrido. En Venezuela, ese sesgo se expresó en una frase que circuló durante algún tiempo entre intelectuales: “Venezuela no es Cuba porque no es una isla y tiene muchos recursos”. 

La verdadera responsabilidad de todo aquel que lidere una organización —y un país lo es— va más allá de proteger la comodidad del presente: es tener el coraje de tomar decisiones que pueden ser duras, incluso impopulares. Pero construyen un futuro próspero y de bienestar para las siguientes generaciones. 

*Carmen Militza Buinizkiy, venezolana y argentina, es CEO de Courage Strategies Consulting- cbuinizkiy@couragestrategies.com