El crimen prolifera en la ciudad de Rosario a velocidades inusitadas. La dirigencia política no respalda a la Justicia y el delito encuentra cada vez más formas y variantes para prosperar. 

La extorsión se ha convertido en la norma, mientras que la seguridad no es una prioridad y la sociedad es entregada sin luchar contra el narcotráfico. Rosario se convirtió en una anomia en la cual podemos medir el paso del tiempo con las noticias de los muertos por homicidios, o bien - parafraseando al maestro Jorge Luis Borges - mirarse transcurrir en el miedo de verse morir ineludiblemente. 

Todo aquello al compás de una trivialización de la inseguridad en eslóganes vacíos y sinsentidos que dejan en evidencia la falta de acción, de capacidad y - en muchos casos - de decisión política por parte del gobierno. 

En Santa Fe no hay un gobierno dispuesto a enfrentar la inseguridad. Es una carestía que afecta a la provincia desde hace muchísimo tiempo. No es por nada que la estructura policial vigente es la que introdujo el desarrollista Sylvestre Begnis en 1973, como tampoco es casualidad que la única modificación trascendente que intentó realizarse a este vetusto sistema no llegó a ver la luz de una primera implementación, cuando allá por 2006 el gobernador Jorge Obeid promovió la ley 12.521 por la cual se establecieron jerarquías policiales, derechos y obligaciones en la cadena de mando, un régimen meritocrático de concursos y un Tribunal de Conducta Policial que se ocuparía de juzgar las faltas graves en las que pudieran incurrir oficiales del cuerpo de policía. Fue tal la resistencia interna y gubernamental al sistema de "checks and balances", que la implementación quedó trunca. 

Por el contrario, tenemos un simulacro de gobierno que no acompaña a la Justicia con un programa de seguridad ni lucha contra el narcomenudeo. La estructura gubernamental no se hace responsable del descontrol en los barrios, que han sido tomados por el narcotráfico. No se aborda el sistema penitenciario, que se ha convertido en una extensión de la criminalidad callejera. Siquiera se admite la implementación de inhibidores de señal en las mismas como propuso el ahora diputado nacional Federico Angelini en 2014, cuando hay sobradas pruebas de que hay cárceles que más bien son un centro de comando de la narcocriminalidad. De modernización, emuladores de señal y profiling digital de bandas, ni hablemos. El futuro es aquello que se resiste a costo de todo el atraso que sea necesario para el gobierno santafesino. 

A esta altura, la inseguridad es una decisión política. 

El gobierno de Omar Perotti destruyó lo que hubiera sido una gran oportunidad para todos los santafesinos. La gestión 2015 - 2019, comandada por los esfuerzos de Patricia Bullrich, dejó a Rosario con el menor número de homicidios desde que los mismos se miden, mientras que a la gestión actual le bastó media gestión para lograr que, por ejemplo, el 89,2% de los homicidios transcurridos en la ciudad en 2022 sean cometidos con armas de

fuego, cuando entre 2014 y 2021 el promedio era el 76%, o llegar a la tasa de homicidios más elevada de la historia, con 24 por cada 100.000 habitantes. Este retroceso viene acompañado de nuevas formas de delincuencia, la reactivación de bandas adormecidas, la configuración de nuevas organizaciones criminales, la expansión de las redes en el mundo digital, un aumento desmedido de la violencia más allá del ámbito narco y un grave daño al tejido social de la urbe rosarina: de los 65.203 alumnos que ingresaron al secundario en toda Santa Fe en 2014, solo el 31,8% egresó en 2019: la deserción comienza entre los 12 y los 13 años, apenas 2 años más tarde que el momento en el cual el Foro de Adicciones de Rosario relevó el promedio del inicio del consumo de sustancias en niños, 10 años. Cada vez más chicos salen de la escuela y entran en la droga. 

Sin escrúpulos, el crimen se ha adueñado de la ciudad de Rosario. Los delincuentes son el factor decisional más gravitante en la vida de la mayoría: "¿Salgo o no?" "¿Me puedo tomar el colectivo a esta hora?" "No uses el celular en la calle." "Ese trabajo no lo tomes porque es una zona complicada y es tierra de nadie." Ubicuos observadores bajo el ala protectora de un gobierno que, sumisamente, entregó el monopolio legítimo de la fuerza en la calle, y derogó la protección a los policías que nos cuidan y destituyó la defensa a quien se comporta conforme a la ley en favor de un garantismo zaffaroniano que tributa a criminales. 

Perotti está haciendo historia…para la criminalidad. A la luz de los hechos uno puede inclinarse a pensar que quizás llegaron "la paz y el orden", para los narcotraficantes. Los cambios en el Ministerio de Seguridad y en las jefaturas de las departamentales policiales no son más que burdos parches mientras se hagan sin cambios de fondo. 

El criterio de "trabajo" que destaca el 5 veces fallido Ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, es una expresión timorata de una pulsión de muerte. Luego de haber dicho el pasado marzo que en Santa Fe "ganaron los narcos", su silencio sería cuanto menos, deseable, y en el mejor de los casos un ensayo de respeto por quienes padecen minuto a minuto las graves consecuencias de este desastre que ellos llaman gestión. 

Estrategias "wanna-be" 

El abuso y el mal uso de la Gendarmería han generado y siguen generando incomodidad, para adentro y para afuera de las fuerzas. Acaso producen una sensación de desperdicio de recursos. Un gendarme parado en la peatonal no es una estrategia de seguridad. No existe razonabilidad en disponer a un oficial, que en muchos casos viene de otra localidad, a la realización de turnos que en una importante cantidad de las veces son de hasta 24 horas, armado, cansado y desconociendo la geografía local, a hacer un recorrido. 

¿Con qué marco jurídico se los protege si deben actuar? ¿Cuál es la inteligencia estratégica que se les provee? ¿Qué preparación se les brinda para venir a cumplir su función? No hay integrante del funcionariato provincial que pueda brindar respuestas, y desde allí se entiende como los gendarmes, así como los policías, tienen un desincentivo de hecho a cumplir su función. No quieren tener que usar su arma, y no quieren encontrarse con violencia, porque su vida entera queda a merced de un sistema que no cuida a los que nos cuidan.

En la región central del país, la Gendarmería ya no es lo que solía ser. Los gendarmes saben que sin estrategia, sin decisión política y sin un reconocimiento territorial previo, su llegada a las grandes ciudades solo tiene un efecto superficial. Y ese simple efecto superficial le cuesta a la seguridad de las fronteras y otras jurisdicciones federales. 

No es novedad que la mayoría de las armas de la provincia se concentran en Rosario, representando casi el 60% del total. El tráfico de armas es primero un insumo de las bandas delictivas en la disputa por el territorio, pero luego se vuelve una unidad de negocios más. Todo esto pasa a la sombra de la ineptitud del Estado: en una ciudad donde en 2022 se produjo un hecho de violencia con armas de fuego cada 60 minutos, el ex agente Belloti, con 3 meses de antigüedad en la policía provincial, se hizo con el poder de 11 armas en custodia de la sección balística de la región 2, las cuales canjeó por una moto a un cartel narco de Empalme Graneros. 

Al encontrarse dichas armas en el correspondiente allanamiento, el hallazgo se tornó peor: había más de las que la misma policía pensaba que les habían sido sustraídas. Cuando el fiscal interviniente, Edery, solicitó a posteriori el registro de todo el armamento de la región 2, se encontró con que no había siquiera una planilla de excel sobre ello. Un desbarajuste que era no menos que un picnic para corruptos. 

La incompetencia, el desorden, el desfinanciamiento permanente y la degradación de la carrera policial, por la cual la Escuela de Cadetes Policiales se ha convertido, en el mejor de los casos, en un curso exprés con el objeto de abultar el número de oficiales que están en la calle a costo de su preparación y el testeo de la verdadera vocación, son el caldo de cultivo de un mercado negro de armamento que es el combustible de la violencia que se sufre en la vía pública. 

En una ciudad donde se trafica cocaína que viene de Bolivia, Colombia y Perú, donde el mercado de drogas sintéticas crece sin parar a la vera de la autopista de exportaciones que es la hidrovía del Paraná, donde hay no menos de 700 puntos de venta fijos y móviles de drogas, donde aflora el sicariato arrancando en valores que son menores que el precio de una bicicleta (20.000 pesos), en la que prosperan organizaciones paraestatales como ramas de negocios de los carteles de drogas que obligan a los comerciantes a pagar por "servicios de protección" a fuerza de "mensualidad o bala", es imposible no darle la razón al ex comisionado de Policía de Nueva York, Raymond Kelly, quien en 2016 visitó la ciudad de Rosario de la mano de Fundación Libertad y planteó que "si los funcionarios provinciales no andaban en vehículos blindados o custodiados, y la policía no tenía enfrentamientos con narcos, nadie estaba entonces combatiendo al narcotráfico." 

Esta es la realidad de Santa Fe. Una provincia donde el gobernador, sus ministros, y en particular la estrategia de seguridad son no más que la reminiscencia de un nombre para los delincuentes y una pesadilla con elevadísimos costos a corto, mediano y largo plazo para la sociedad. 

Se necesita un cambio rotundo y una respuesta contundente por parte del gobierno para combatir la delincuencia y devolver la seguridad a los santafesinos. No se pueden seguir tolerando políticas ineficaces y discursos vacíos.