Con mucho drama, gran presión mediática del presidente Donald Trump, idas y vueltas, meses de negociaciones, cambios varios, y por un estrecho margen (218 votos a favor contra 214 en contra), la Cámara de Representantes de los Estados Unidos finalmente aprobó el pasado 3 de julio la "Big and Beautiful Bill", una reforma polémica y ambiciosa que representa la piedra angular de la agenda doméstica del segundo mandato del presidente Trump y que redefine, o al menos pretende redefinir, el rumbo del país, tanto en lo económico como en lo social.

Estamos hablando de un paquete legislativo que combina recortes impositivos, aumentos en el gasto de defensa y seguridad fronteriza, y profundas reformas en programas sociales. La ley fue presentada como la gran apuesta del Partido Republicano para consolidar su visión económica y política, y fue aprobada a través del mecanismo de "reconciliación presupuestaria", que permite evitar el Senado y avanzar con mayoría simple.

En concreto, los proyectos de ley de reconciliación no están sujetos al procedimiento de "filibusterismo" del Senado, que permite al partido minoritario rechazar cualquier legislación que cuente con el apoyo de menos de 60 de los 100 miembros del Senado. Esto es especialmente importante porque los republicanos solo controlan 53 escaños en el Senado, por lo que no tienen suficientes votos para superar un filibusterismo.

La magnitud y ambición extraordinarias de este paquete lo convierten en una de las piezas legislativas más trascendentales de la historia reciente del Congreso.

Pero ¿De qué se trata exactamente? ¿Qué trae de bueno y qué debería preocuparnos? En primer lugar, la legislación bajo análisis supondrá una reducción del déficit de más de 1.5 billones de dólares y reformará las políticas federales en casi todos los principales sectores de la economía estadounidense. Con su alcance expansivo que abarca miles de páginas, esta ley impactará prácticamente en todas las industrias y hogares en Estados Unidos a través de cambios políticos significativos, cambios en la asignación de fondos y modificaciones regulatorias.

Entre los puntos centrales de la ley se destaca la extensión permanente de los recortes de impuestos de 2017, incluyendo rebajas para empresas y personas físicas. Estos recortes estaban previstos para expirar en 2025, pero ahora se mantienen y, en algunos casos, se amplían. De hecho, la nueva ley elimina el impuesto sobre las propinas y el pago de horas extra, se amplía el crédito tributario por hijos y se incrementa la deducción fiscal por impuestos estatales y locales (conocida como SALT), pasando de diez mil a cuarenta mil dólares.

Desafortunadamente, si bien se consolidó el aumento del mínimo no imponible del estate tax para ciudadanos americanos a US$15,000,000 a partir de 2026, el que aplica a no residentes sigue en US$60,000.

Por otro lado, la ley contempla un importante aumento del gasto en defensa (más de 150 mil millones de dólares) y 70 mil millones destinados al control fronterizo, así como respecto del límite de endeudamiento del país.

Otro de los aspectos que ha dado qué hablar tiene que ver con los recortes en programas sociales. El nuevo marco endurece los requisitos para acceder a Medicaid y a programas de asistencia alimentaria (SNAP) y reduce significativamente los incentivos fiscales a energías limpias que habían sido establecidos en leyes anteriores, como la Inflation Reduction Act.

Más allá de lo general, hay tres aspectos que me parecen clave desde lo tributario, por diferentes razones. 

1) En primer lugar, lo más importante y valioso que tiene esta ley es, como se mencionó anteriormente, la consolidación de algunos recortes que hizo Trump durante su primer mandato, a través de la ley Tax Cuts and Jobs Act de 2017. En concreto, estamos hablando de la reducción de tasas impositivas individuales, la tasa corporativa del 21%, el aumento del umbral del impuesto a la herencia y la deducción del 20% para impuestos sobre ingresos pasivos o renta financiera. 

2) La otra cara de la moneda en esta ley tiene que ver con la introducción de un impuesto a las remesas enviadas fuera de EE.UU., algo que ya había sido sugerido por Trump en 2016 pero nunca concretado. En esta versión de la ley, se aplica un recargo del 1% sobre transferencias internacionales de dinero enviadas desde EE.UU. Claramente, el impacto será fuerte en países de América Central, donde las remesas representan un ingreso fundamental. 

3) Por último, una buena noticia en medio de todo esto para muchos inversionistas internacionales es que finalmente quedó afuera el llamado "revenge tax", una propuesta incluida en borradores previos que pretendía aplicar impuestos retroactivos a beneficios obtenidos por empresas y ciudadanos que hubieran movido activos al exterior en los últimos 10 años. El hecho de que haya quedado afuera es una muy buena noticia y, de hecho, personalmente, ya había empezado a recibir muchas consultas al respecto ya que, claramente, se trata de una medida que hubiera afectado fuertemente a clientes con estructuras legales en el extranjero.

Saliendo de las cuestiones fiscales, la pregunta del millón es si las reducciones impositivas van a terminar generando mayores ingresos al Estados por efecto Laffer, algo que ya sucedió en la primera reforma tributaria que hizo Trump, a los efectos de financiar el aumento de la deuda pública.

La otra gran pregunta es si ahora, que ya cuenta con la ley que tanto quería, el presidente se va a "tranquilizar" un poco. La realidad es que los constantes cambios de pisada en prácticamente todos los temas que aborda, desde los aranceles hasta las cuestiones migratorias, han generado gran incertidumbre.

Y todos sabemos que la incertidumbre genera inestabilidad política, que es la causa principal de la inseguridad jurídica.

No es casualidad que muchas familias de alto patrimonio de Estados Unidos y de América Latina comiencen a mirar otros destinos con cariño tras décadas durante las cuales Estados Unidos creció no solo como destino de inversiones en economía real o financiera sino también como jurisdicción para la incorporación de estructuras fiduciarias (sociedades, trusts, seguros de vida, etc.).

Con algunas cosas buenas y otras que generan cierta preocupación, Estados Unidos transita tiempos de cambio en materia fiscal. Veremos cómo sigue la película, pero pase lo que pase, ya saben mi consejo: planificar, siempre planificar.