Las elecciones legislativas de Estados Unidos dejaron una advertencia para las grandes tecnológicas. La expansión de los centros de datos que sostienen el negocio de la inteligencia artificial enfrenta una resistencia cada vez mayor. El rechazo de los votantes a nuevos proyectos y las victorias de candidatos que prometieron limitar estas instalaciones amenazan con retrasar inversiones millonarias.
El rechazo puede traducirse en obstáculos concretos para los desarrolladores. Los municipios que aprobaron restricciones podrán limitar el uso de terrenos para nuevos centros de datos o suspender permisos de obra, lo que alteraría los plazos de construcción. Para las compañías que destinan miles de millones de dólares a esta infraestructura, cualquier demora también retrasa la puesta en funcionamiento de los servidores destinados a la IA.
Un rechazo que se extendió por Estados Unidos
Según Ballotpedia, los ciudadanos de 10 estados debían pronunciarse sobre 41 propuestas vinculadas con la instalación y el funcionamiento de centros de datos. De ese total, 28 iniciativas buscaban imponer restricciones, mientras que las 13 restantes pretendían facilitar nuevos desarrollos mediante cambios en las normas de uso del suelo.
Los primeros resultados reflejaron una clara preferencia por limitar la actividad. De acuerdo con Stateline, al cierre del martes, 33 medidas restrictivas ya contaban con el respaldo de los votantes o encabezaban los recuentos todavía abiertos.
Las iniciativas contemplaron prohibiciones a la construcción de instalaciones a gran escala y la suspensión temporal de permisos. Algunas comunidades, además, exigieron la aprobación de los vecinos antes de autorizar determinados proyectos. Una encuesta de UMass Amherst reveló que apenas el 11% de los estadounidenses apoyaría la construcción de un centro de datos destinado a la inteligencia artificial en su comunidad.
Las tecnológicas sufren derrotas en Ohio pese a una campaña millonaria
Ohio fue uno de los principales escenarios del conflicto. En 11 localidades, las modificaciones de las normas municipales destinadas a restringir los centros de datos de gran escala se encaminaban a obtener la aprobación de los votantes, según informó Cleveland.com.
Los resultados fueron contundentes. En Granville, el 82% respaldó las limitaciones, mientras que en Trenton el apoyo alcanzó el 79%. La resistencia también se reflejó en Sunbury, donde el 78% de los electores acompañó las restricciones.
Las empresas tecnológicas y las organizaciones empresariales aportaron más de US$ 400.000 para intentar frenar estas iniciativas. Uno de los casos más destacados ocurrió en Oregon, una ciudad de menos de 20.000 habitantes, donde Vantage Data Centers destinó US$ 250.000 a una campaña en contra de las limitaciones.
La diferencia de recursos no fue suficiente para modificar las preferencias del electorado. Los defensores de las restricciones cuestionaron la cantidad de puestos de trabajo que generan estas instalaciones frente a su elevada demanda de energía. Tras los resultados, la organización Conserve Ohio solicitó una suspensión de 12 meses de nuevos proyectos en todo el estado.
Texas y Georgia complican los planes de los inversores
Las consecuencias políticas se extendieron más allá de las consultas municipales. En Texas, la demócrata Gina Hinojosa derrotó al republicano Greg Abbott en la elección para gobernador, con una campaña que incluyó propuestas para frenar temporalmente la construcción de nuevos centros de datos.
El resultado es realmente llamativo porque Texas representa aproximadamente una cuarta parte de la capacidad de centros de datos que Estados Unidos prevé incorporar hacia 2030, según estimaciones de GLJ Research. Si el estado aprueba una moratoria, los proyectos que todavía no recibieron autorización podrían quedar en suspenso, incluso si sus promotores ya comprometieron inversiones.
En Georgia, la victoria de Keisha Lance Bottoms, también demócrata, abrió la posibilidad de imponer controles más estrictos sobre la actividad. El estado alberga a Atlanta, que, según la consultora inmobiliaria CBRE, registra el mayor nivel de construcción de centros de datos del país. Las nuevas restricciones podrían afectar la próxima etapa de las obras previstas en dicha ciudad.
Qué implica para el negocio de la inteligencia artificial
Durante la jornada posterior a las elecciones, las acciones de TSMC y Samsung Electronics registraron caídas en Asia. La tendencia también se extendió a SK Hynix y Kioxia, mientras que los rendimientos de los bonos retrocedieron.
Una posible demora en la construcción de centros de datos podría retrasar los pedidos de chips y otros componentes necesarios para sus servidores, con repercusiones para las empresas que abastecen a esta industria.
Para las compañías que construyen centros de datos, el riesgo es diferente. Si una empresa ya compró el terreno y la obra queda suspendida, ese dinero permanece inmovilizado mientras la instalación no puede prestar los servicios previstos. Si, además, debe financiar la construcción de una subestación eléctrica para obtener el suministro de energía, el costo del proyecto aumenta. En ambos casos, la empresa necesita más tiempo para recuperar la inversión.
Sin embargo, una desaceleración en la construcción no implica necesariamente una menor demanda de inteligencia artificial. Las empresas todavía necesitan capacidad informática para entrenar modelos y prestar servicios. El problema es cuánto costará desarrollar esa infraestructura y qué plazos se necesitarán para ponerla en funcionamiento.
El proyecto trunco
El debate sobre quién debe pagar las obras eléctricas necesarias para abastecer a los centros de datos llegó al Senado de Estados Unidos antes de las elecciones. Un proyecto del senador republicano Jon Husted obtuvo 57 votos a favor y 43 en contra, pero no alcanzó los 60 votos necesarios para avanzar, según informó la agencia AP.
La iniciativa proponía que los reguladores establecieran tarifas específicas para que los grandes consumidores de electricidad financiaran las mejoras de la red necesarias para abastecerlos. Los demócratas consideraron que la medida era insuficiente y exigieron obligaciones más estrictas.
El fracaso legislativo dejó sin resolver quién debe asumir los costos de ampliar la infraestructura energética que requieren los centros de datos. Para el gobierno de Donald Trump, que respaldó la expansión de estas instalaciones, el resultado electoral supone un nuevo obstáculo. Las tecnológicas deberán negociar con autoridades locales que ahora cuentan con respaldo electoral para exigir mayores garantías.
Esa presión podría traducirse en revisiones de proyectos y en nuevas condiciones de financiamiento para las inversiones previstas durante los próximos años. Las empresas deberán demostrar los beneficios económicos que aportan sus instalaciones si pretenden obtener el respaldo de las comunidades en las que buscan desarrollar su infraestructura.