"La tecnología más cara es la que no tenemos. Aquello a lo que un sistema, un país o un productor no puede acceder". Con esa definición, Alfredo Paseyro, director ejecutivo de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), sintetizó uno de los principales desafíos que enfrenta el campo argentino: generar las condiciones para incorporar innovaciones que permitan mejorar la productividad.
La discusión tuvo lugar durante el Forbes AgroTech & Campo Summit, en el panel "Marco regulatorio para el advenimiento de nuevas tecnologías". Participaron Paseyro; Lucas Magnano, presidente de CONINAGRO; y Tomás Palazón, director de la Sociedad Rural Argentina (SRA). La conversación estuvo moderada por Carlos González Prieto, director y cofundador de Puken Media.
El encuentro abordó una discusión que lleva décadas sin resolverse: cómo actualizar la legislación de semillas para incentivar la investigación y garantizar que los productores puedan acceder a nuevas tecnologías en condiciones económicamente viables.
Una ley de 1973 frente a una agricultura completamente diferente
Paseyro abrió el debate con una descripción del marco normativo vigente. La Ley de Semillas fue sancionada en 1973 y su decreto reglamentario llegó en 1991. Desde entonces, distintas resoluciones permitieron adaptar aspectos operativos, pero no reemplazaron la legislación original.
"Hemos pasado muchos años demorando esta discusión para ir a una actualización, modernización de lo que son las condiciones de la inversión para la innovación", sostuvo.
Para el representante de los semilleros, el desafío ya no corresponde exclusivamente a la industria. Durante 2026, distintos integrantes de la cadena comenzaron a trabajar sobre puntos de acuerdo para impulsar una reforma.
Magnano coincidió en la necesidad de revisar el sistema, aunque recordó que las condiciones productivas cambiaron radicalmente desde la sanción de la ley. "En el año 73 ni siquiera existía la siembra directa", señaló.
Palazón introdujo un matiz. Consideró que, pese a su antigüedad, la legislación permitió el desarrollo del sector durante más de cinco décadas.
"Es una ley que ha sido suficientemente robusta para que se haya desarrollado el sector agropecuario y la agricultura argentina durante todo este período", afirmó. Sin embargo, reconoció que los avances tecnológicos y las nuevas necesidades productivas justifican discutir modificaciones.
Uso propio de semillas
Uno de los temas más sensibles es el uso propio, es decir, la posibilidad de que un productor reserve parte de su cosecha para volver a sembrarla.
La discusión enfrenta la necesidad de reconocer económicamente el trabajo de quienes desarrollan nuevas variedades con el derecho de los agricultores a utilizar semillas obtenidas de su propia producción.
Palazón explicó que las entidades de productores presentaron una propuesta de reforma con cinco puntos considerados fundamentales. Entre ellos aparece mantener el marco internacional de UPOV 1978, en lugar de adoptar el esquema de 1991.
También plantearon reconocer el uso propio oneroso, mediante un sistema que contemple excepciones para determinados productores. "Hay muchas cosas que ya no discutimos, que antes daban mucha controversia, como reconocer el uso propio oneroso", destacó Magnano.
Para el presidente de CONINAGRO, estos acercamientos representan un avance porque permiten reconocer que tanto los desarrolladores como los productores necesitan obtener rentabilidad. La discusión incluye además mecanismos de control, condiciones contractuales y criterios para determinar cuánto debe pagarse por la utilización de una tecnología.
Los acuerdos privados mientras se negocia una nueva ley
Hasta que exista una reforma legislativa, la industria y los productores cuentan con mecanismos comerciales para regular el acceso a determinadas tecnologías.
Paseyro mencionó el sistema administrado por Bolsatech, que, según los datos expuestos durante el panel, registra aproximadamente 36.000 firmas de licencias y supera el 40% de participación en el segmento de soja al que se refirió.
El ejecutivo consideró que estos acuerdos permitieron incorporar desarrollos que, de otra manera, podrían haber demorado su llegada al mercado argentino. "El productor sabe que, si le encuentra valor a la tecnología, la usa, y si eso es rentable, la usa más", afirmó.
Palazón, sin embargo, cuestionó algunas condiciones contractuales del sistema. Entre ellas mencionó determinados límites de producción y cláusulas que, a su entender, generan un desequilibrio entre las obligaciones de los agricultores y los derechos de los desarrolladores.
El representante de la SRA reconoció que existen posibilidades de acercamiento mediante modificaciones que faciliten la adhesión voluntaria de más productores.
Retenciones, inversión y competitividad
Magnano incorporó otra dimensión al debate: la capacidad económica de los productores para financiar la incorporación de tecnología.
El presidente de CONINAGRO sostuvo que las retenciones y otros impuestos redujeron históricamente los recursos disponibles para invertir en mejoras productivas.
"Es muy importante tener esa posibilidad de implementar nuevas tecnologías, pero tampoco a cualquier precio", advirtió.
Desde su perspectiva, cualquier modificación regulatoria debe contemplar las condiciones de rentabilidad de toda la cadena.
Paseyro también destacó que la competencia internacional exige mejorar los incentivos para desarrollar y comercializar innovaciones.
Como ejemplos, mencionó experiencias observadas durante visitas a Países Bajos y Estados Unidos, además de las políticas productivas de Brasil.
Palazón agregó que la discusión no debería concentrarse únicamente en soja y trigo. Señaló que cultivos como las legumbres, las hortalizas y el algodón también presentan oportunidades de desarrollo tecnológico que podrían aprovecharse con un marco más adecuado.
Una oportunidad para alcanzar consensos
Hacia el cierre, los tres participantes coincidieron en que las negociaciones actuales muestran un nivel de acercamiento que no siempre existió en intentos anteriores.
Paseyro recordó que cualquier proyecto deberá atravesar primero la elaboración del Poder Ejecutivo y posteriormente el debate legislativo, mientras que Magnano planteó que la reforma también debe preparar al sector para incorporar nuevas herramientas, incluida la inteligencia artificial aplicada al mejoramiento de semillas.
Por su parte, Palazón amplió el alcance de los acuerdos necesarios: además de actualizar la ley, consideró importante trabajar conjuntamente para conseguir autorizaciones internacionales de nuevas tecnologías y reducir obstáculos comerciales.
"Tenemos una gran oportunidad. Es un acercamiento que no ha existido en otro momento y sería una lástima que la perdamos. Tenemos que seguir construyendo estos consensos", concluyó Palazón.