En plena pulseada entre los bancos y las provincias por la presión impositiva, el Banco Central movió una pieza clave. Mediante la Comunicación “A” 8244, habilitó a las entidades que abren cuentas en forma remota a radicarlas en cualquier sucursal operativa del país, sin que el domicilio del cliente defina la jurisdicción tributaria.
El cambio apunta al corazón del reclamo bancario por la carga fiscal. Con la nueva regla, cada entidad podrá radicar una cuenta digital en una sucursal situada en una jurisdicción con menor presión impositiva, aunque el cliente viva o tenga domicilio comercial en otra provincia.
En los bancos leen la medida como un alivio sobre los costos que encarecen el crédito y empujan hacia arriba las tasas.
Los bancos venían apuntando contra el avance de impuestos provinciales y municipales que, según advierten, agrandan el costo operativo y terminan con impacto sobre las tasas. En esa pulseada, el impuesto sobre los ingresos brutos ocupa un lugar central por su incidencia sobre los servicios financieros.
La Comunicación “A” 8244 estableció que las entidades que acepten altas no presenciales “podrán asignar cualquier casa operativa a los fines de la radicación de las cuentas abiertas de manera no presencial”. La obligación para los bancos será informar al cliente cuál fue la sucursal asignada.
En la actualidad, cerca de dos tercios de las cuentas se abren de manera remota, una modalidad que ganó terreno por el avance de la banca digital y por las adecuaciones regulatorias que facilitaron el alta de clientes sin trámites presenciales.
En el BCRA sostuvo que el nuevo esquema puede aliviar la presión fiscal que recae sobre la oferta de crédito y cuestionó cargas que, en algunos casos, definió como abusivas.
Las provincias con más impuestos impacta en el crédito
El debate ya había quedado reflejado en un informe de Adeba, que el propio Banco Central difundió para mostrar las diferencias entre jurisdicciones. En ese trabajo, respaldado por planteos de ABA, Abappra y ABE, La Pampa aparece al frente del ranking, con una alícuota de 9,10% sobre ingresos brutos para la actividad financiera.
Apenas por debajo se ubica un bloque amplio de provincias con una carga de 9%, integrado por Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Chubut, Entre Ríos, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán.
La tabla también muestra que la discusión no se limita a la alícuota general. Algunas provincias, además, gravan los títulos públicos o los créditos hipotecarios, dos puntos sensibles para el sistema financiero. Santa Fe, Tucumán, Salta, Misiones y San Luis figuran entre las jurisdicciones que aplican carga sobre títulos públicos, mientras que La Rioja, Santa Fe, Santa Cruz y San Luis aparecen con gravámenes sobre créditos hipotecarios.
En un segundo escalón se ubican CABA, Jujuy, Salta y Santa Cruz, todas con una alícuota de 8% sobre IIBB. Más abajo aparecen Misiones y San Juan, con 7,80%; Chaco, con 7,70%; Mendoza, con 7%; Formosa, con 5,50%; y Corrientes, con 4,70%. En el extremo inferior de la tabla, Santiago del Estero aplica 3% sobre el spread, mientras que San Luis registra 6,50% también sobre ese diferencial.
Para los bancos, estas brechas explican parte del problema. Cuanto mayor es la carga provincial sobre la actividad financiera, más presión existe sobre el costo del crédito. Por eso, la posibilidad de radicar cuentas digitales en jurisdicciones con menor presión impositiva abre una vía para achicar ese impacto y reordenar la operatoria en un negocio cada vez más atravesado por la banca remota.