El desarrollo del hidrógeno verde en el Cono Sur suele plantearse como una carrera o competencia entre la Argentina y Chile, los dos países con mayor potencial en términos de recursos renovables. Sin embargo, la posibilidad de trabajar en conjunto en determinados proyectos aparece como un salto superador de esa disputa y permitiría sobrellevar más fácilmente una gran variedad de desafíos a nivel logístico, financiero, de escala productiva y de conquista de mercados.

Especialmente en la fase inicial de esta industria tan incipiente, la sinergia logística y productiva es clave para alcanzar un volumen suficiente para realizar exportaciones en conjunto teniendo en consideración que, los buques cargueros mediante los cuales se transportaría el hidrógeno verde, trabajan con cargas mínimas que no son fácilmente alcanzables.

Por otro lado, la Patagonia ofrece una complementación ideal. El sector de Magallanes en Chile está acaparando una gran cantidad de estudios y proyectos piloto, pero carece de la extensión geográfica del lado argentino y tiene una serie de dificultades de aprobación ambiental por el uso agrícola y ganadero de esas tierras. En ese sentido, emerge la alternativa de utilizar el know how de la experiencia chilena y la ventaja de sus empresas de acceder a un costo financiero Investment Grade -a diferencia de las complicaciones de acceso al crédito por parte de firmas argentinas-, para desarrollar negocios binacionales del otro lado de la cordillera.

La región cuenta con varios ejemplos de integración productiva. El más destacado, quizás, sea el de la industria automotriz, donde las grandes terminales multinacionales trazan estrategias de abastecimiento del mercado sudamericano y de exportación a otros continentes, distribuyendo la producción entre Brasil y la Argentina. De esta manera, se gana en escala y cada planta se dedica a un nicho determinado para maximizar la productividad.

Por su parte, Argentina y Chile ya cuentan con una holgada experiencia en integración energética. Durante muchos años se comercializó gas natural y electricidad en ambos sentidos de la cordillera, de acuerdo a las necesidades de cada país. Esto está cobrando más fuerza en estos últimos meses con el controvertido desarrollo de la industria hidrocarburífera en Vaca Muerta, en Neuquén. Asimismo, desde el mes de mayo, esta provincia volvió a enviar petróleo a la refinería de Bío Bío tras 16 años de inactividad del oleoducto trasandino.

En cuanto al hidrógeno verde, se trata de una actividad que promete ser una de las grandes protagonistas de la transición energética de las próximas décadas. Grandes importadores de energía como la Unión Europea, Japón y Corea del Sur, han dado cuenta de su interés en el Cono Sur y varios desde el Gobierno argentino proyectan exportaciones de hasta 15.000 millones de dólares anuales.

“Lo más importante en el corto plazo es posicionar al Cono Sur como un proveedor relevante en este nuevo mercado internacional de energía bajo en carbono. Venir a buscar producto acá con medio barco por año es carísimo. Cuanto más negocios tengamos, más se van a conocer los actores de la región, más se validan. La agenda tiene más para ganar, yo no visualizo una competencia directa entre Chile y Argentina porque el mercado internacional es suficientemente grande. Incluso está claro que el interés de Europa es tener proveedores más diversificados por una cuestión de seguridad”, señala Santiago Sacerdote, gerente de Nuevas Energías de YPF.

Uno de los países líderes en el desarrollo del hidrógeno verde es Alemania, que ya ha firmado contratos de colaboración tanto con Argentina como con Chile. En este sentido, el embajador argentino en Berlín, Fernando Brun, destaca que “desde la visita de [Gabriel] Boric a la Argentina, se está trabajando en mercados de hidrógeno conjuntos. Así como sucede en la lucha contra el cambio climático, las soluciones energéticas no son individuales. Eso nos va a permitir posicionarnos como Mercosur como un gran mercado de aprovisionamiento de combustibles bajos en carbono el día de mañana”.

En cuanto a la cuestión regulatoria, el especialista en leyes de energías renovables, Juan Cruz Azzari, también observa una ventaja a la hora de la complementación bilateral. “Creo que la integración siempre hace bien porque algún grado de cesión de soberanía produce lo que generó la Unión Europea: imposibilidad de que los Estados cometan equivocaciones. Requeriría de tratados internacionales que protejan a esas inversiones, que hagan de paraguas, que estén bien instrumentados, que tomen los aprendizajes de conductas anteriores de los Estados”, dice.

A mediados de septiembre, el Gobierno argentino publicó su Estrategia Nacional de Hidrógeno, luego de varios años de demora. Se trata de uno de los pilares que consideran en la industria para empezar a desarrollar el sector junto con la sanción de una ley de promoción que se está discutiendo en el Congreso.

En dicha estrategia, el Poder Ejecutivo argentino se propone "avanzar en proyectos de colaboración para maximizar el potencial de las diversas fuentes de energía renovable disponibles en la región” y aseguran que “será un eje estratégico en materia de cooperación”.

Entre diversas oportunidades de aprovechamiento basadas en la capacidad de interconexión regional que mencionan, se destacan las centrales hidroeléctricas conjuntas entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay que podrían prestar apoyo a proyectos piloto que requieren pequeños volúmenes de hidrógeno. 

En relación a la integración en hidrógeno con su vecino trasandino, el documento califica como “una oportunidad estratégica” a la posibilidad de adaptar “los gasoductos existentes entre Chile y Argentina para transportar hidrógeno puro como parte de una red que permita exportaciones regionales a través de los puertos del Pacífico y del Atlántico hasta la red de gasoductos existentes y en vías de ampliación".

Conflictos socioambientales

El potencial asociativo no está ajeno al aspecto ambiental, uno de los más polémicos de esta incipiente industria que ya empieza a manifestarse en un alto grado de conflictividad, especialmente en la Patagonia chilena. Por ello, muchos abogan por un proceso que se ciña a la transición justa, es decir, una transformación energética equitativa para todas las personas, que considere desde los puestos de trabajo, el medioambiente, hasta una distribución de los costos asociados y acompañada de principios de equidad, transparencia, participación y respeto por los derechos humanos.

Sin embargo, algunos creen que el proceso actual va en sentido contrario. Para Diego Luna Quevedo, especialista en Política y Gobernanza de Manomet Inc., “lo que estamos viendo en la región es que el modelo con el cual se está impulsando el hidrógeno verde tiene una severa falla. Se lo propone en nombre de la transición energética justa y, al final del día, estamos viendo que este modelo traspasa las externalidades a las comunidades, a los territorios, a los ecosistemas y a la biodiversidad. Y es justamente el mismo modelo que nos ha impulsado a la crisis en la que estamos hoy”.

El ambientalista subraya que “el driver fundamental es la escala de los proyectos. Hay un proyecto que es el H2 Magallanes de la francesa Total Eren, que plantea 10 GW de energía eólica. Para tener una dimensión, en Chile después de 20 años de gestión de energías renovables, hemos logrado instalar 4,5 GW. Un solo proyecto en Magallanes es más del doble que eso que hicimos en 20 años. Es decir, los proyectos son monstruosos, con impactos de gran escala, con tensiones en la evaluación ambiental, con alta conflictividad socio ambiental en los territorios y posiblemente mucha judicialización”.

Por otro lado, las comunidades y actores involucrados cuestionan el impacto en aves residentes y migratorias, en la biodiversidad marina por el tráfico marítimo y la instalación de plantas desalinizadoras, la afectación del territorio de los habitantes locales y el peligro del amoníaco en los puertos.

En Argentina todavía no se observa este grado de conflictividad y por eso está la hipótesis de que su mayor extensión territorial minimizaría los problemas con las comunidades locales. No obstante, investigadores ambientales de ese lado de la cordillera también se muestran alertas al respecto.

“No se están cumpliendo con los procesos de consulta, no se respetan los derechos indígenas, la utilización de plantas desalinizadoras produce una gran cantidad de salmuera que en muchos proyectos se estipula arrojar al mar generando una variación en la temperatura. Es una dinámica de explotación de bienes comunes que reacciona a demandas del norte global y repite este neocolonialismo que ya hemos visto en la minería o la industria hidrocarburífera. Nos convertimos en una zona de sacrificio”, opina Leandro Gómez, coordinador del programa de inversiones y derechos del área de política ambiental de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

En contraposición, otros especialistas reconocen el impacto del hidrógeno, pero señalan que, “no hay ninguna tecnología inocua” y que “la alternativa no puede ser no hacer nada y continuar con hidrocarburos”. “Los volúmenes de agua que se usan son mucho menores a los del fracking en Vaca Muerta. Entonces, si estamos hablando de reemplazarlos, técnicamente es una mejora concreta. Uno tiene que optimizar y lograr los menores impactos posibles”, dice el consultor en cambio climático, Enrique Maurtua Konstantinidis.

Del mismo modo, el ministro de Ambiente de Argentina, Juan Cabandié, afirmó para Forbes Argentina que “hasta la energía eólica tiene impactos para aves migratorias, pero sin dudas que es un impacto de menor cuantía que el paradigma productivo del siglo XX”, aunque aclaró que, a su parecer, “se puso en la agenda muy rápido al hidrógeno verde como la salvación o como la energía óptima y creo que todavía no ha cumplido las expectativas que se trazaron”.

Juan Cruz Azzarri, abogado especialista en hidrógeno que asesora a varias compañías del sector, resalta el impacto positivo de la actividad en términos ambientales, al “ofrecer una solución descarbonizante a la producción de fertilizantes, al transporte pesado de barcos, camiones y aviones; e incluso para la generación eléctrica”. “Se prevé que el 25% de la solución energética global provenga del hidrógeno de bajas emisiones”, asegura.

El consultor energético argentino, Juan Carlos Villalonga, ex director político de Greenpeace Argentina y ex Diputado Nacional por Cambiemos, tiene una mirada similar y subraya que los conflictos ambientales que puede acarrear el hidrógeno verde “son irrelevantes o absolutamente administrables”. No obstante, observa un trasfondo político en el origen de los reclamos que lo hacen ser pesimista respecto al futuro de esta industria.

“En la Argentina hay una ley que obliga al Poder Ejecutivo a realizar un censo de tenencia de tierras de pueblos originarios y reclamos territoriales, pero nunca se cumplió porque a la política le conviene tener estos conflictos abiertos para atacar a los partidos rivales que estén gobernando a nivel provincial o nacional. De esta manera, cualquier proyecto de hidrógeno verde en la Patagonia es susceptible de recibir un reclamo por estar en terreno mapuche, lo que va a terminar ahuyentando a cualquier inversor”, afirma.

Villalonga opina que la conflictividad es más ideológica que ambiental. “Las causas ambientales utilizan estos conceptos solamente para hacer anticorporativismo. Se montan de frases con una connotación muy sensible como que vienen por el agua, cuando eso está súper evaluado y de ninguna manera la cantidad de agua a utilizar va a superar la capacidad del acuífero”.

La escala de los proyectos es un punto central que dificulta la administración de la conflictividad. Lo que antes se debía evaluar en 200 hectáreas, ahora se multiplicará por 100, dado que la dimensión que se prevé de los proyectos alcanza los 10 GW cuando hoy la mayoría de los parques eólicos promedian los 100 MW de potencia. Con lo cual, la posibilidad de que haya un reclamo territorial o un impacto en aves migratorias es mucho mayor.

Un punto adicional a considerar en el análisis de impacto ambiental del hidrógeno verde serán sus emisiones indirectas de alcance tres, es decir, aquellas asociadas al resto de la cadena de valor más allá de la propia actividad de esa compañía. Por ejemplo, cuando se exporta el producto a través de embarcaciones que emiten gases contaminantes.

En el caso del hidrógeno, lógicamente no serán emisiones directas ni vinculadas a la generación de este vector energético a partir de energías renovables, sino que el interrogante está en medir la huella de carbono en la fase de transporte hacia los mercados de exportación, un desafío que se espera se pueda solucionar con el propio combustible que se traslada para abastecer a esos buques, pero que todavía no está resuelto.

El estado incipiente de esta actividad es, al mismo tiempo, una debilidad y una fortaleza. La parte negativa es que, más allá de las buenas perspectivas, todavía no hay certeza de que el enorme potencial se convierta en un mercado sólido para que, desde estos países del Cono Sur, se pueda exportar energía renovable a partir de este vector.

Lo positivo, por otro lado, es que otorga una oportunidad histórica a una región que siempre tuvo que lidiar con la desventaja de intentar una industrialización tardía e insertarse en cadenas productivas ya afianzadas en el hemisferio norte. Aquí, en cambio, puede ser protagonista desde el inicio y aprovechar sus ventajas competitivas para elaborar una estrategia de desarrollo que incluya la instalación de diversos proveedores de insumos para maximizar el valor agregado y la generación de empleo.

Para ello, el trabajo en conjunto de Argentina y Chile, en vez de una competencia, podría mejorar las perspectivas de fijar condiciones con las grandes multinacionales. Los especialistas consultados por este medio sostienen que, de todos modos, no hay tiempo que perder y que elaborar un marco regulatorio que promueva un escenario con reglas de juego claras es el primer paso en este camino.

*Este texto fue producido con el apoyo de Climate Tracker América Latina y FES Transformación.