Fueron unos primeros 100 días movidos para el equipo económico que lidera el ministro de Economía y Finanzas Gabriel Oddone. No es algo poco común para una cartera que es catalogada como el "superministerio" por el cual necesariamente transitan el grueso de las decisiones más importantes que toma un gobierno. En lo previo y, a poco de asumir en funciones, Oddone ya había lanzado distintas advertencias sobre una situación fiscal incómoda, que dejaba un margen muy acotado para proyectar potenciales aumentos de gasto en la ley madre que se está elaborando: el Presupuesto quinquenal que ingresará al Parlamento el próximo 31 de agosto. Mientras, se dieron algunos mojones que marcaron la agenda del equipo económico. 

Un juicio menos 

En febrero, el consorcio Vía Central —que construyó el Ferrocarril Central para UPM— había amenazado con iniciarle un juicio internacional millonario al Estado uruguayo por incumplimiento y falta de pagos en el contrato PPP que se definió para una de las mayores obras de infraestructura que ha realizado Uruguay. Luego de intensas negociaciones con el consorcio privado y los ministerios de Economía y Transporte, a mediados de mayo se anunció un acuerdo que desactivó la amenaza del arbitraje internacional. El Estado acordó el pago de unos US$ 144 millones al privado por la puesta en funcionamiento, mantenimiento, y daños económicos en los que incurrió Vía Central desde diciembre de 2023 cuando comenzó a rodar el servicio del Ferrocarril Central entre Montevideo y Pasado de los Toros.

Una caja en problemas 

La delicada situación de la Caja de Profesionales fue uno de los primeros temas que debió encarar el MEF (tiene recursos para cubrir sus obligaciones hasta julio). El Poder Ejecutivo remitió un proyecto de ley al Parlamento que contemplaba un aporte de activos (42%), pasivos (31%) y Rentas Generales (27%) para buscar una salida que incluyera un aporte de todas las partes. Sin embargo, esta iniciativa sufrió un revés para el oficialismo en Diputados, ya que el texto aprobado evitó aumentos de aportes de activos y pasivos y recargó todo el salvataje sobre las arcas del Estado. Ahora las baterías están concentradas en los consensos que el partido de gobierno y la oposición puedan alcanzar en el Senado para introducirles cambios a lo que vino de la Cámara Baja. De ser así, deberá nuevamente retornar a Diputados para que la Caja de Profesionales acceda a una ley que le permita seguir funcionando como tal. 

Ajustes con "topes" en combustibles

La política de ajuste de los combustibles es otro de los temas que ocupó la agenda informativa en el arranque de la administración Orsi y disparó cruces con la oposición. Aunque es un resorte compartido con el Ministerio de Industria, Economía también juega su papel en esta materia. El Poder Ejecutivo resolvió introducirle "mejoras" al mecanismo que aprobó en su momento la administración Lacalle Pou con la Ley de Urgente Consideración (LUC). El gobierno definió revisar los combustibles en el plazo máximo que habilitaba esa norma (60 días) y no mensualmente. Para ello se tomará en cuenta lo que determine el Precio de Paridad de Importación (PPI) de la Ursea en el promedio bimensual, al que se la agregará un "factor de estabilización" de $ 1,5 por litro. Está previsto que ese sobreprecio, que se utiliza para absorber el subsidio que tiene el supergás, sea revisado una vez por año. Además, Oddone presentó un esquema de "topes" en los ajustes de los combustibles, ya que podrán tener como máximo un aumento bimensual del 7%, y una baja en igual porcentaje. Esto como una forma de quitarle volatilidad a la cotización del petróleo en los mercados internacionales en su traslado a las tarifas domésticas. 

El respaldo a la frontera

Una de las últimas resoluciones que anunció el equipo económico en sus primeros 100 días fue un paquete de medidas tributarias y fiscales para reducir la desventaja competitiva que padecen los comercios en la frontera con Brasil. En este paquete se redujo el IVA mínimo y se bajó a la mitad (11%) la tasa básica del 22%. Esto incluye compras minoristas a menos de 20 km de un paso de frontera, siempre y cuandose hagan con débito o instrumentos de dinero electrónico. También se otorga un subsidio del 100% al arrendamiento de POS para monotributistas y Literal E. Asimismo, se elevó del 24% al 32% el descuento en el Imesi sobre las naftas en las estaciones que están en un radio máximo de 20 km de la frontera brasileña.

En tanto, una de las innovaciones del plan del MEF, fue la introducción de un régimen simplificado de importación para comercios minoristas que están ubicados a menos de 60 km para productos de la canasta básica, y la reducción de hasta 75% en los aportes patronales para los nuevos empleos formales que se creen en la frontea. En este último caso, no solo se incluye al comercio minorista, sino que también abarca a industria, alojamiento y servicios de comida, actividades administrativas, artes y entretenimientos y otras actividades de servicio. 

Este paquete de medidas fue respaldado por distintas asociaciones de comercio del país por su profundidad y alcance, al tiempo que también recogió elogios de representantes de la oposición como el senador blanco Sergio Botana, quien calificó las medidas como "excelentes" e "inteligentes" para construir una "política de frontera". 

Por último, el MEF remitió al Parlamento a principios de este mes la Rendición de Cuenta del ejercicio 2024, en la cual solicitó elevar el tope de deuda del gobierno central de US$ 2.990 a US$ 3.450 millones para hacer frente a obligaciones pendientes con ASSE y el Ministerio de Transporte