Para consolidar finalmente la estabilidad macroeconómica en la Argentina, el objetivo central debe ser que la próxima elección resulte irrelevante para el bolsillo de los ciudadanos. Es un logro que ya alcanzaron países vecinos como Perú, Colombia, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay. Sin embargo, nosotros seguimos atrapados en el "riesgo electoral", donde cada comicio genera una preocupación extrema sobre la estabilidad macroeconómica. La única forma de romper este ciclo es desconectar la política monetaria de la política partidaria y, fundamentalmente, del Poder Ejecutivo.
La clave para lograrlo es que el Presidente de la Nación no pueda nombrar, y mucho menos despedir, a ningún director ni al presidente del Banco Central (BCRA). La historia reciente nos demuestra el costo de no respetar esta independencia: vimos a Cristina Kirchner despedir a Redrado y a Mauricio Macri hacer lo propio con Sturzenegger. En ambos casos, la injerencia del Ejecutivo terminó en crisis o devaluaciones.
Lamentablemente, el Gobierno actual está transitando un camino similar. Con la excusa de un balance "detonado", ha puesto al Banco Central bajo la órbita directa del Ministerio de Economía. Incluso el propio Presidente se jacta públicamente de tomar decisiones de política monetaria, como la eliminación de ventanillas o el manejo de las LEFI. El problema es que, si la moneda es una institución basada en la confianza y el Presidente se hace cargo de ella, la estabilidad del peso pasa a depender de la imagen presidencial. Y como la confianza en cualquier mandatario es volátil por naturaleza, la moneda nunca puede quedar atada a esa suerte.
He propuesto una fórmula concreta para institucionalizar esta independencia: que cada uno de los diez principales bancos de la Argentina —tanto públicos (Nación, Provincia, Ciudad, Córdoba) como privados— nombre a un director. Este directorio, representativo y federal, sería el encargado de elegir al presidente de la entidad.
Bajo este modelo, similar al australiano, el Banco Central perdería su función regulatoria sobre el sistema financiero —la cual pasaría a una Superintendencia dependiente de Economía— para concentrarse exclusivamente en un objetivo único: preservar el valor de la moneda. Nuestro Banco Central no tiene hoy la reputación ni la espalda para perseguir múltiples objetivos; debe enfocarse en uno solo.
Para que estas reglas sean verdaderamente estables, este mecanismo de nombramiento debería estar plasmado en la Constitución Nacional. Necesitamos una reforma constitucional que trate la independencia absoluta del BCRA y una nueva ley de coparticipación. Esto podría lograrse mediante enmiendas o modificaciones parciales que requieran dos tercios del Congreso.
Finalmente, es imperativo cortar definitivamente el financiamiento al Tesoro. Si bien comparto la intención declarada del Gobierno en este punto, han caído en una contradicción: utilizaron financiamiento monetario —vía transferencia de utilidades— para reestructurar su propia deuda. Al ser el dinero fungible, usar esos recursos para cancelar deuda estatal es, en la práctica, mantener vivo el cordón umbilical que tanto daño nos ha hecho.
Si no logramos que la política monetaria corra por un carril paralelo e intocable para el poder de turno, seguiremos condenados a que cada elección sea una amenaza para nuestra moneda y nuestro futuro. Es hora de que la Argentina elija la estabilidad permanente por sobre la discrecionalidad política.