El Senado aprobó este jueves la ley de Inocencia Fiscal II, que amplía el régimen simplificado de Ganancias y modifica algunos de los controles que puede realizar la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La iniciativa ya había sido aprobada por Diputados el 27 de agosto y quedó convertida en ley tras su paso por la Cámara alta.
La norma modifica la Ley 27.799, sancionada a fines de 2025. Entre los principales cambios, elimina los límites de ingresos y patrimonio que hasta ahora condicionaban el acceso al régimen, suma nuevas garantías frente a las fiscalizaciones y permite corregir determinadas diferencias detectadas por ARCA antes de perder sus beneficios.
La nueva versión surgió tras cuestionamientos de especialistas tributarios sobre las garantías que ofrecía el esquema original para quienes quisieran incorporar sus ahorros al sistema formal. La ley entrará en vigencia una vez publicada en el Boletín Oficial. Sin embargo, algunos de los cambios del régimen simplificado también se aplicarán al período fiscal de 2025.
Hasta ahora, solo podían acceder quienes tuvieran ingresos anuales de hasta $1.000 millones y un patrimonio de hasta $10.000 millones. También quedaban afuera los considerados Grandes Contribuyentes Nacionales. Con la nueva ley, esos límites desaparecen y el sistema se abre a un universo más amplio de contribuyentes.
Qué cambia con Inocencia Fiscal II
Los Grandes Contribuyentes Nacionales también podrán utilizar el sistema para presentar y pagar Ganancias, aunque no tendrán todas las protecciones previstas por la ley. Esa misma restricción alcanzará a determinados funcionarios públicos y a quienes hayan ocupado esos cargos durante los últimos cinco años.
El régimen busca simplificar la declaración de Ganancias a partir de la información que ARCA ya tiene sobre cada contribuyente, como la facturación y los gastos deducibles. De esta manera, quienes adhieran tendrán que presentar menos información que bajo el esquema tradicional.
La ley también establece que las operaciones deberán realizarse mediante medios autorizados por el Banco Central o la Comisión Nacional de Valores. Sin embargo, contempla una excepción para determinados pagos en efectivo vinculados a escrituras de inmuebles hasta el 31 de diciembre de 2027.
Para Bienes Personales, los fondos utilizados en esas operaciones se considerarán incorporados al patrimonio del contribuyente en el momento en que se concrete la transacción y no en períodos anteriores.
Además, estar adherido al régimen deberá ser considerado por bancos y otras entidades como un antecedente favorable al analizar las operaciones de sus clientes. Esto no elimina los controles contra el lavado de dinero, que seguirán vigentes.
El Gobierno presentó la reforma como una forma de facilitar que los ahorros mantenidos fuera del sistema financiero puedan incorporarse al circuito formal. En julio, el ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que el objetivo era que esos fondos pudieran "ser formalizados en el sistema bancario".
Esto no significa que la ley habilite automáticamente un blanqueo de dinero no declarado. El esquema modifica las condiciones bajo las cuales ARCA puede controlar a quienes adhieran y busca ofrecer mayores garantías para que esos fondos ingresen al sistema formal.
Cómo impacta en los controles de ARCA y los contribuyentes
La nueva ley también pone límites a los casos en los que ARCA puede cuestionar una declaración. Entre otras condiciones, la diferencia deberá representar al menos el 15% del impuesto y superar un piso mínimo vinculado al monto previsto para el delito de evasión simple.
Con los valores actuales, ese piso podría ubicarse en $5 millones. Sin embargo, la reglamentación deberá definir qué momento se toma como referencia para calcularlo, por lo que el monto definitivo todavía deberá ser precisado. Si ARCA detecta una diferencia, el contribuyente tendrá 15 días hábiles para corregir la declaración, pagar lo adeudado, incluidos los intereses, y mantener los beneficios del régimen.
Además, será ARCA quien deberá demostrar la existencia de una inconsistencia, utilizando la información disponible en sus sistemas, la presentada por el contribuyente o la aportada por terceros. Si el organismo reclama una deuda, el contribuyente paga y luego una decisión administrativa o judicial le da la razón, ARCA deberá devolver el dinero con intereses en un plazo máximo de 45 días hábiles.
La ley también prevé reducciones en determinadas multas. Para MiPyMEs, personas y entidades sin fines de lucro que no sean grandes contribuyentes, algunas sanciones tendrán una rebaja del 25%, mientras que ciertas infracciones anteriores a la entrada en vigencia podrán acceder a una reducción del 50%.
La sanción llega, además, a pocos días del vencimiento de Ganancias correspondiente al período fiscal 2025. ARCA extendió hasta el 22 de septiembre el plazo para presentar la declaración jurada anual, tanto para quienes utilizan el régimen general como para quienes ya están adheridos al sistema simplificado. El primer anticipo correspondiente al período fiscal 2026 podrá pagarse hasta el 24 de septiembre.
