Las victorias obtenidas en materia inflacionaria incrementan la urgencia de avanzar en aquellas reformas que permitan fortalecer la competitividad de la economía. En este contexto, un esquema de Impuesto al Valor Agregado (IVA) que absorba —en una primera etapa— los actuales Ingresos Brutos y las tasas municipales resultaría beneficioso tanto para las jurisdicciones más desarrolladas como para aquellas de menor escala relativa.

A medida que crecen las expectativas de un proceso sostenido de recuperación en los niveles de producción, empleo y salarios, se vuelve indispensable avanzar en reformas estructurales orientadas a corregir los persistentes déficits de competitividad. El ordenamiento tributario constituye, en este sentido, uno de los frentes prioritarios. En particular, resulta clave sustituir el actual esquema del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y de las tasas municipales sobre las ventas, reemplazándolos por un IVA unificado que absorba ambos gravámenes y actúe como fuente de financiamiento tanto para las provincias como para los municipios.

Frente a este diagnóstico surge, naturalmente, el desafío de las asimetrías en los niveles de desarrollo económico entre provincias. Jurisdicciones como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Mendoza, Neuquén, Santa Cruz y Santa Fe podrían sostener su financiamiento con este nuevo IVA integrado, sin dificultades significativas. Sin embargo, para las restantes 16 provincias, la implementación plena del esquema podría generar restricciones de financiamiento, o bien requerir la aplicación de alícuotas impositivas sensiblemente más elevadas.

Para dimensionar esta heterogeneidad, y de acuerdo con los datos del Ministerio de Economía, dichas provincias representan el 20% del Producto Bruto Interno nacional, el 31% de la población total del país y el 22% de los hogares urbanos en situación de pobreza. Si bien el nuevo esquema podría presentar dificultades para ciertas jurisdicciones, desde la perspectiva de su peso relativo en términos de producto, población y pobreza, el universo afectado es acotado. En consecuencia, resulta viable diseñar un esquema de correspondencia fiscal: que cada provincia tienda progresivamente a financiarse a partir de los impuestos recaudados sobre su propia base imponible.

Para aquellas provincias cuya debilidad económica les impida generar recursos suficientes, podría instrumentarse un Fondo de Nivelación. Este mecanismo permitiría compensar los desbalances de manera focalizada, garantizando niveles mínimos de recursos fiscales. La implementación plena e inmediata de la correspondencia fiscal sería, de este modo, factible en aproximadamente el 80% del territorio nacional.

Lo relevante de este esquema es que el volumen de recursos que requeriría el Fondo de Nivelación sería sensiblemente menor al que actualmente redistribuye el régimen general de coparticipación federal. Asimismo, a diferencia de la coparticipación automática, los flujos provenientes del Fondo de Nivelación podrían estar sujetos al cumplimiento de objetivos de responsabilidad fiscal y de planes de desarrollo orientados a reducir las brechas económicas y sociales entre jurisdicciones.

En síntesis, el éxito alcanzado en la reducción de la inflación exige avanzar ahora en la generación de condiciones para mejorar la competitividad estructural. De lo contrario, se pondría en riesgo la sostenibilidad de muchas actividades urbanas orientadas a la exportación o que compiten directamente con bienes importados, sectores generadores de una proporción significativa del empleo. 

Resulta imprescindible sustituir Ingresos Brutos y tasas municipales, en tanto las provincias no disponen por sí mismas de los recursos para afrontar una transformación de este alcance. La implementación de un nuevo IVA integrado permitiría avanzar en este reemplazo y en la generación de correspondencia fiscal no sólo para las regiones de mayor desarrollo relativo, sino también para aquellas provincias que aún presentan rezagos significativos.