Medir la calidad democrática nunca es un ejercicio neutral ni meramente técnico: es, ante todo, una decisión política en el mejor sentido de la palabra. Implica asumir que la democracia no es un estado alcanzado y estático, sino un proceso que debe observarse, analizarse y revisarse de manera permanente. Con ese espíritu elaboramos recientemente un informe sobre la situación democrática en las provincias argentinas, un análisis que busca contribuir a un debate más profundo y menos intuitivo sobre cómo funcionan realmente nuestras instituciones en cada rincón del país.

En Argentina, solemos evaluar la salud democrática a partir de lo que ocurre a nivel nacional: elecciones presidenciales, disputas en el Congreso, tensiones entre instituciones centrales. Sin embargo, la vida democrática se juega, en igual medida, en los poderes provinciales. Allí se definen reglas, prácticas políticas, espacios de participación y mecanismo de control que afectan de modo directo la vida cotidiana. Por eso, observar el federalismo desde una mirada comparada, sensible a las particularidades de cada jurisdicción, es indispensable para comprender el funcionamiento del sistema en su conjunto.

El informe que realizamos parte de esa premisa: sin información, las discusiones públicas se vuelven rehenes de impresiones, relatos o percepciones aisladas. La medición permite ordenar el debate y dotarlo de piso empírico. Saber, por ejemplo, cuáles son las provincias que muestran mayores avances en materia de pluralismo, o cuáles exhiben rezagos en participación ciudadana o en controles institucionales, ofrece una oportunidad real para diseñar intervenciones más inteligentes y focalizadas. También ayuda a reconocer buenas prácticas que pueden inspirar mejoras en otras jurisdicciones.

Pero medir no solo aporta claridad: también incomoda. Hacer explícitas las debilidades institucionales obliga a las dirigencias a mirarse en un espejo que no siempre devuelve la imagen esperada. Aun así, es un paso necesario. Transparentar el estado de la democracia en cada provincia es un modo de fortalecerla, no de cuestionarla. Al contrario: es una invitación a asumir que la solidez democrática se construye día a día, con diagnósticos honestos y políticas que vayan más allá del corto plazo.

Este tipo de ejercicios también ayuda a recuperar un principio básico: la democracia no se limita al acto de votar. Incluye la existencia de contrapesos efectivos, una ciudadanía informada y activa, un ecosistema de libertades civiles que permita disentir, y una cultura política que valore la deliberación y la transparencia. Son dimensiones que pueden parecer abstractas, pero que se traducen en prácticas concretas: el funcionamiento de un concejo deliberante, la independencia de un poder judicial local, la apertura de datos públicos, el rol de los medios provinciales o la posibilidad de participar más allá de las urnas.

La medición que impulsamos no pretende clausurar ninguna discusión. Por el contrario, aspira abrirlas. Funciona como un punto de partida que permite mirar con más precisión aquello que muchas veces queda fuera del foco. A partir de ahora, el desafío es sostener y ampliar estas evaluaciones, combinando percepciones de expertos con indicadores objetivos que permitan profundizar la comprensión de cada realidad provincial. Solo así podremos construir un mapa más completo, y sobre todo, más útil, de nuestra democracia.

En tiempos de incertidumbre y polarización, se reafirma una convicción: conocer el estado de nuestras instituciones no debilita la democracia, la fortalece. Si aspiramos a una democracia más robusta y verdaderamente federal, el primer paso es conocerla con precisión. Ningún sistema puede fortalecerse si no se examina. La democracia requiere ser analizada de manera constante para detectar sus avances, entender sus tensiones y acompañar su evolución.