El Dato

El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, emitió este viernes una breve resolución que deja sin efecto temporalmente la decisión del tribunal inferior “hasta nueva orden” de la Corte Suprema.

En la práctica, esto significa que las obras continuarán hasta que la Corte Suprema emita una nueva resolución que determine si deben detenerse mientras avanza el litigio.

Los jueces tenían hasta este viernes para pronunciarse, ya que el fallo de una corte federal de apelaciones que ordenaba suspender la construcción iba a entrar en vigor si la Corte Suprema no intervenía o confirmaba la decisión anterior.

La administración Trump sostuvo que detener las obras podría representar un riesgo para la seguridad nacional y dejar expuesta a una estructura todavía inconclusa con riesgo de colapso. En cambio, el National Trust for Historic Preservation sostiene que las obras deben detenerse ahora, antes de que sea demasiado tarde para revertirlas.

Qué puede pasar ahora

Roberts no indicó cuándo la Corte Suprema podría emitir una decisión más definitiva sobre el caso.

La administración Trump también anticipó que probablemente solicitará una audiencia ante la Corte Suprema para que los jueces analicen el fondo del caso y determinen si el gobierno tiene autoridad legal para construir el salón de baile. Hasta el momento, esa solicitud no fue presentada formalmente.

US$ 600 millones

Al menos US$ 600 millones. Ese es el costo estimado que tendría actualmente el salón de baile de la Casa Blanca, según registros citados por The Washington Post en junio.

La Casa Blanca había estimado inicialmente que el proyecto costaría US$ 200 millones. Luego elevó la cifra a US$ 400 millones, pero documentos obtenidos por el diario indican que el costo podría haber aumentado hasta al menos US$ 600 millones.

Trump aseguró que el proyecto será financiado íntegramente por donantes privados. Esa afirmación también fue incluida en la presentación del gobierno ante la Corte Suprema, donde se sostuvo que “no se necesitan ni se requieren dólares de los contribuyentes”.

Sin embargo, The Washington Post concluyó que los contribuyentes podrían terminar afrontando aproximadamente la mitad del costo de la construcción.

¿En qué estado están las obras?

La Casa Blanca afirmó en recientes presentaciones judiciales que el salón de baile está construido en aproximadamente un 65% y que los trabajadores están operando las 24 horas para completar el proyecto.

La administración Trump argumenta que detener las obras en este punto sería “peligroso”. Según una presentación judicial, abandonar el proyecto dejaría en los terrenos de la Casa Blanca una estructura inconclusa de unos 21 metros de altura, potencialmente inestable, que podría poner en riesgo el complejo y dificultar las tareas de protección del Servicio Secreto.

El National Trust for Historic Preservation, en cambio, sostiene que permitir que las obras continúen podría permitir a la administración Trump avanzar hasta un punto en el que una eventual decisión judicial ya no pueda detener el proyecto.

La organización argumentó ante la Corte Suprema que, si se permite continuar la construcción, los daños para la organización, sus miembros y el interés público podrían volverse irreversibles.

La disputa por el salón de baile

El proyecto se convirtió en una de las principales iniciativas de Trump durante su segundo mandato. El presidente ha defendido reiteradamente la obra y el proyecto de un espacio de aproximadamente 8.360 metros cuadrados.

El salón incluirá, según la administración, diferentes características de seguridad que hacen necesaria la obra por razones de seguridad nacional.

Pero el proyecto también generó una fuerte controversia desde que la administración Trump ordenó demoler el antiguo Ala Este de la Casa Blanca para construirlo.

El National Trust for Historic Preservation presentó una demanda al considerar que la administración no tiene autoridad para llevar adelante el proyecto y que la obra afecta el valor histórico y estético de uno de los principales edificios de Estados Unidos.

En marzo, el juez Richard Leon determinó que la construcción probablemente era ilegal. Sin embargo, su decisión quedó suspendida mientras una instancia superior analizaba el caso, por lo que las obras nunca llegaron a detenerse.

A comienzos de agosto, un panel de tres jueces de una corte federal de apelaciones votó 2-1 a favor de mantener el fallo de Leon y ordenar la suspensión de las obras. Los magistrados señalaron que la Casa Blanca no podía continuar con la construcción mientras el litigio siguiera abierto “sin obtener la autorización del Congreso, como exigen la Constitución y las leyes”.

La corte otorgó a la administración Trump dos semanas para apelar antes de que la resolución entrara en vigor. Ese plazo abrió la puerta a la intervención de la Corte Suprema, que ahora decidió mantener las obras en marcha de manera provisoria.

Este artículo se publicó originalmente en Forbes.com