El Ministerio Público Fiscal informó a través de su página web, que el Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero comenzó el juicio oral contra el empresario Alberto Rocchia Ferro, presidente del directorio de la Compañía Azucarera Los Balcanes, acusado en dos causas en las que se investigan la contaminación del medio ambiente y el agua.

En el debate interviene la Fiscalía General ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de esa provincia, representada por Indiana Garzón y el auxiliar fiscal Pablo Álvarez.

Tanto Rocchia Ferro como José Ramón Coronel -gerente general de la compañía- fueron procesados según lo establecido en el artículo 55 de la ley 24.051 de Residuos Peligrosos donde se establece una pena de tres a diez años de prisión para la persona que utilizando alguno de los residuos referidos en la normativa “envenene, adultere o contamine de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”.

De acuerdo al requerimiento de elevación a juicio realizado por el fiscal federal de Tucumán Carlos Brito, se acusó a Rocchia Ferro de haber intervenido -desde su rol de presidente de la compañía- en la contaminación del aire y del medio ambiente “de un modo peligroso para la salud mediante la descarga o vertido de residuos peligrosos derivados de la actividad industria del Ingenio La Florida”.

La causa detalla que esa situación se habría producido en agosto de 2011 cuando el ingenio volcó efluentes industriales hacia un canal de riego, que en su recorrido final traspasa a la provincia de Santiago del Estero.

“Ese curso de agua contaminado con desecho industrial ingresó a la provincia de Santiago del Estero por la localidad del Palomar produciendo la contaminación de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera y el ambiente en general”, sostuvo. También se incluyó un nuevo derrame de vinaza en enero de 2013, que llegó a afectar un canal pluvial denominado Interprovincial del Este que atraviesa la localidad del Arenal, en el Departamento de Jiménez, también en Santiago del Estero.

La fiscal Garzón realizó su alegato de apertura y repasó los hechos.

En esa línea, sostuvo que la teoría del Ministerio Público Fiscal consistirá en presentar las pruebas que sustenten el hecho de que los acusados volcaron vinaza, sustancia que posee características que permiten considerarla como un residuo peligroso.

La fiscal agregó que esos vuelcos tienen “efectos adversos inmediatos o retardados en el medio ambiente” y que constituyen un peligro potencial para la salud, y que se constató que tenían valores de DBO (Demanda Biológica de Oxígeno) y DQO (Demanda Química de Oxígeno) superiores a los permitidos por la regulación administrativa ambiental.

La representante del MPF sostuvo que las instancias administrativas -que se llevaron adelante antes que la judicial- y donde fueron sancionados, dieron a ambos involucrados un conocimiento sobre los hechos y sus consecuencias.

“No obstante las distintas multas aplicadas y las prohibiciones dictadas y legalmente notificadas, persistieron en su ilícito accionar”, puntualizó.

Garzón remarcó que ambos tenían pleno conocimiento del daño ambiental que causaban. “Habremos de lograr la certeza necesaria para solicitar un pedido de condena por los hechos de contaminación por los que vienen acusados los imputados, que logre romper el principio: 'Too big to fail, too big to jail': demasiado grande para caer, demasiado grande para ser condenado”, consideró.

“Para que se mida con la misma vara a todos quienes formamos parte de la comunidad nacional. Para que no haya 'poderes salvajes' o poderes por fuera de la ley. Para que la justicia se saque la venda de los ojos respecto de los delitos cometidos por grandes empresarios, acostumbrados a la impunidad de sus acciones. En definitiva, para vivir en una sociedad en la que todos seamos iguales ante la ley, la respetemos y sancionemos a quienes no la respetan. De lo contrario, no habrá un futuro viable para nuestra comunidad”, concluyó.