La Cámara de Apelaciones dictaminó que ningún tribunal podrá avanzar en acciones relacionadas con el expediente hasta que se resuelva la cuestión de fondo en la instancia superior.
El fallo es apelable, pero sienta un nuevo precedente negativo que complica cada vez más al país.
El Departamento de Justicia le pide presentar una opinión antes del 6 de noviembre.
La jueza Preska rechazó el pedido del nuevo Gobierno y dejó firme la fecha para autorizar pedidos de embargo.
Un nuevo fallo de la jueza Preska exime al país de pagar de inmediato los 16.000 millones de dólares de penalidad, pero la obliga a ofrecer garantías que sean del agrado de los demandantes.
El Gobierno afirmó que apelará la decisión de la jueza Preska y buscará negociar una cifra más cercana a los 5.000 millones de dólares.
Finalmente se sabrá el monto final que el Estado tendrá que abonar por haber incumplido con los procedimientos estatutarios al expropiar la petrolera en 2012.
