El paquete de medidas destinadas a compensar, en alguna medida, el impacto negativo de la devaluación del peso del 14 de agosto en el marco de la campaña electoral, fue recibido con preocupación por casi todo el entramado productivo.

El principal cuestionamiento tiene que ver con la decisión del Gobierno de otorgar una suma fija para los trabajadores del sector privado -también estatales- que perciban haberes hasta $400.000 mensuales netos, sacando la discusión del ámbito paritario. 

Pero también se observa una fuerte demanda de ordenamiento macroeconómico y decisión en el combate a la inflación como prioridad para morigerar el impacto de la devaluación.

En este contexto, empresas grandes, medianas y pequeñas, del sector industrial, el comercio y los servicios, sostienen que el paquete de medidas suma nuevos obstáculos en la operatoria diaria, que ya tiene restricciones para acceder al mercado de cambios, elevada inflación, falta de precios e incertidumbre económica que impactan en la actividad.

Los beneficios para distintos sectores, anunciados el domingo a la tarde por el ministro de Economía Sergio Massa, se dieron en momentos en que muchos gremios venían planteando la necesidad de reabrir paritarias para compensar los efectos negativos del salto cambiario del 22%, producto de la devaluación post PASO.

“La UIA considera que las medidas para reducir los impactos de la devaluación deben ser el ordenamiento de la macroeconomía y la lucha contra la inflación y no la alteración de las discusiones salariales a través de medidas unilaterales”, señaló la entidad fabril en un comunicado.

Aclaró que “los aumentos por decreto colisionan con los consensos salariales ya firmados”, pero destacó que aunque no coinciden con la medida las cámaras e industrias asociadas “darán cumplimiento a la normativa vigente”.

Miguel Rodríguez, empresario de la industria de pintura, aseguró que “aunque no les guste esto de la suma fija, las empresas grandes y medianas formales finalmente lo van a terminar pagando, a cuenta de paritaria, pero muchas pymes no van a poder pagarlo, ni que hablar en el sector informal”, confesó.

En la misma línea, desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) aseguraron que “el mecanismo de ajuste salarial del sector privado son las paritarias y no una imposición del Estado sobre las relaciones laborales, por fuera de su alcance”.

Por su parte, Marcelo Fernández, titular de CGERA, destacó que acompañan “cualquier recuperación del salario, siemre y cuando no aumenten los precios de los alimentos, porque si no nunca terminamos de equiparar la necesidad del salario para el consumo de las industrias y comercios, que no estamos en la cadena de valor alimentaria”.

En este sentido, Fernández valoró el esfuerzo del Estado de compensar con menos impuestos el pago de la suma fija y otros beneficios, pero aseguró que “también debe ser compartido por aquellos que han ganado y ganan mucho dinero, siempre en desmedro del 95% de las empresas del país que no estamos en esa cadena de valor”.

Un punto a considerar desde la visión de los empresarios pyme es que en el marco de una economía que está perdiendo vigor en los últimos meses, la “imposición de un bono agudizará las pérdidas” del resultado económico de muchas empresas.

En este combo meten, además, las dificultades para acceder al mercado de cambios, las demoras en la aprobación de las SIRAs (permiso para importar accediendo al tipo de cambio oficial), y una recesión que sobrevuela a la economía y amenaza el consumo.

Sobre este punto, un empresario pyme admitió a Forbes Argentina, que ante la dificultad de acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) cada empresa accede a los dólares que puede, algunos al MEP (Bolsa), otras al Contado con Liquidación, pero el problema es que es virtualmente imposible transferir los dólares para pagar importaciones en el exterior.

Y explicó que tras las demoras de 60, 90 o hasta 180 días para la aprobación de las SIRAs, cuando se cumple ese plazo el sistema “borra” esa fecha y no se puede concretar la operación. Al cabo de unos días aparece una nueva fecha pero tomando 45, 60 o 75 días más. Todo un costo financiero para las empresas.