La aprobación de la reforma laboral entró en la cuenta regresiva. El Gobierno apunta que la nueva ley se sancione antes de mediados de mes, encargo que deberá cumplir la ex ministra de Seguridad, ahora senadora, Patricia Bullrich. El proyecto ya tiene dictamen y hasta en las filas de la oposición más dura dan por descontada su aprobación. Es que el oficialismo cuenta con el apoyo de un amplio grupo de aliados que supo consolidar. Ese apoyo, sin embargo, no será gratis.
Uno de los escollos que el texto debe superar es el costo fiscal cercano al punto de PBI. La baja impositiva que determina la reforma laboral reparte ese costo entre Nación y provincias, quienes pretenden una compensación por parte del Gobierno nacional, que les prometió algún mecansimo para cumplir con esa aspiración. Pero los gobernadores tiene en mente una propuesta que difícilmente pase el filtro del ministro de Economía, Luis Caputo, quien no estaría dispuesto a transformar en coparticipables impuestos que hoy no lo son. El ejemplo que trascendió, tal vez a modo de presión, es el del impuesto al cheque, un tributo que el propio Caputo anunció buscará eliminar.
En cualquier caso, se trata de un proyecto que se convirtió en el primer y tal vez más importante test del año para Milei en el Congreso al que no sólo la política le asigna importancia determinante sino también, previsiblemente, el mundo empresario y los inversores del exterior. En Wall Street siguen de cerca el derrotero de la esta reforma.
Un reciente análisis de J.P. Morgan pone el foco en el nuevo proyecto impulsado por el Gobierno, que busca atacar uno de los principales desequilibrios estructurales del país: la informalidad. Según el banco, la iniciativa apunta a “reducir los costos de contratación, mejorar la previsibilidad legal y sentar las bases para una mayor formalización del empleo”, con impacto directo sobre la inversión y la productividad.
El informe destaca que el esquema laboral actual “desincentiva la creación de empleo formal y eleva el riesgo jurídico para los empleadores”. En respuesta, la reforma introduce cambios de fondo en los incentivos. Uno de los ejes centrales es la reasignación de aportes patronales para financiar un nuevo régimen de indemnización, junto con una reducción de contribuciones vinculadas a la salud sobre los salarios registrados. Para J.P. Morgan, estas medidas “alivian la carga fiscal sobre el empleo formal, especialmente en pymes y sectores intensivos en mano de obra”.
Otro punto clave es la reducción de la litigiosidad laboral. El proyecto redefine criterios para el cálculo de indemnizaciones, fija topes más claros y limita reclamos adicionales. El banco subraya que este aspecto “mejora sustancialmente la certidumbre legal y reduce uno de los principales costos implícitos de contratar en Argentina”, un factor que históricamente frenó decisiones de inversión.
La reforma también incorpora incentivos explícitos a la inversión productiva. A través de un régimen especial para proyectos medianos, se prevén beneficios como devolución anticipada del IVA, amortización acelerada y una baja gradual del impuesto a las ganancias a partir de 2026. Según el informe, el objetivo es claro: “promover el despliegue de capital privado y reactivar sectores con bajo nivel de inversión”. La eliminación de impuestos internos y gravámenes selectivos refuerza ese sesgo pro-inversión y podría ampliar la base tributaria en el mediano plazo.
Desde el plano fiscal, J.P. Morgan reconoce que el costo inicial de la reforma rondaría entre 0,7% y 0,8% del PBI. No obstante, el análisis aclara que “el impacto negativo de corto plazo estaría compensado por una mayor formalización, un aumento de la productividad y una base impositiva más amplia”. En ese sentido, el rediseño de aportes y la simplificación tributaria buscan fortalecer la sostenibilidad fiscal sin asfixiar al sector privado. @@FIGURE@@
El mercado observa estos cambios con atención. El informe remarca que “las valuaciones de la renta variable argentina siguen siendo atractivas”, con el Merval operando en torno a 10,4 veces ganancias, muy por debajo de los niveles observados en períodos de mayor confianza. Para el banco, esta brecha “ofrece un potencial de suba relevante si se consolida la credibilidad de las políticas y mejora el acceso a los mercados”.
En este contexto, J.P. Morgan mantiene una visión positiva sobre activos argentinos seleccionados, en particular del sector financiero y energético, que podrían beneficiarse de “un marco macroeconómico más estable y reglas de juego más previsibles”.