Cuando una cuenta bancaria o de inversión en Estados Unidos deja de tener movimiento y el banco pierde contacto con el cliente, al cabo de cierta cantidad de años (tres o cinco normalmente), la institución financiera debe reportar y transferir los fondos a una agencia gubernamental de “propiedad no reclamada” (unclaimed property). Los fondos salen de la órbita de los bancos y pasan a emplearse en fines públicos. Mientras tanto, las oficinas de propiedad no reclamada (cada uno de los 50 estados tiene una) permiten a cualquiera averiguar si tiene fondos a su favor. El titular de la cuenta bancaria original o sus sucesores pueden reclamar el dinero en cualquier momento, sin limitación de tiempo. Sólo en 2024, las oficinas estatales de propiedad no reclamada devolvieron a sus dueños más de 4500 millones de dólares en fondos inactivos.

La magnitud del fenómeno de las cuentas olvidadas, abandonadas o “durmientes” es mucho mayor de lo que suele suponerse. En Estados Unidos, se estima que 1 de cada 7 personas tiene propiedad no reclamada a su favor. Las cuentas con importes más significativos tienden a pertenecer a herederos del propietario inicial que desconocen la existencia del activo.

La mayoría de los países tiene leyes sobre los ahorros financieros inactivos o no reclamados. Estos regímenes determinan, entre otras cuestiones, cuándo una cuenta debe considerarse inactiva o abandonada, si las entidades financieras tienen —o no— el deber de realizar esfuerzos razonables para localizar a los titulares o a sus herederos, qué mecanismos de consulta y transparencia se habilitan para que las personas puedan verificar si poseen fondos a su favor, qué pasa con esos recursos mientras permanecen sin reclamar, qué destino final tienen si nadie reclama y qué plazos intervienen en todo esto. Así, estas normas definen el grado de protección efectiva del derecho de propiedad del ahorrista y el equilibrio que el sistema adopta entre los intereses de los consumidores financieros, la banca y el interés público general.

Pero por regla general, siempre que hay una legislación, lo que se evita es la combinación más letal para el ahorrista y la sociedad en su conjunto: 

• Ausencia de mecanismos efectivos de consulta sobre fondos inactivos

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• Permanencia indefinida de los fondos en la institución financiera

Lamentablemente, esto es exactamente lo que ocurre en Argentina. 

En Argentina no existe un marco legal orientado a facilitar la recuperación de fondos bancarios olvidados ni a canalizar esos recursos hacia el interés público. El sistema vigente no impone a las entidades financieras ninguna obligación de transparentar las cuentas y productos que permanecen sin movimientos durante largos períodos. Los bancos no informan esos saldos, ni sus montos ni la identidad de sus titulares: no lo hacen públicamente, ni tampoco ante el Banco Central. Tampoco existe un organismo o registro que centralice esos fondos con el objetivo de custodiarlos y restituirlos a sus legítimos dueños. Hay muchos menos mecanismos institucionales para localizar a los titulares originales o a sus herederos.

El resultado práctico es previsible: las entidades financieras retienen indefinidamente los fondos, beneficiándose del olvido, la desinformación y la inacción, tanto forzada como involuntaria, de los ahorristas. Ese efecto se materializa en una figura contable creada por la reglamentación del Banco Central: los llamados “saldos inmovilizados”, un verdadero limbo jurídico que solo resulta funcional a la entidad financiera.

Los saldos inmovilizados se integran con los fondos provenientes de plazos fijos no retirados o de cuentas cerradas por los propios bancos. Estas sumas dejan de devengar intereses, quedan sujetas al cobro de comisiones y no generan obligación para el banco de intentar contactar al titular.

En los hechos, si el titular o sus herederos ignoran la existencia del depósito o inversión, nunca lo recuperarán, y este quedará en beneficio de la institución financiera. 

Es insólito que el dinero olvidado en el sistema financiero argentino sea en la práctica irrecuperable. Y es tiempo de revertir esta anomia. 

En pos de ello, y con la intención de abrir la conversación y acercar el tema a quienes pueden diseñar soluciones, ofrecemos a continuación un resumen de los sistemas más utilizados en el derecho comparado. Aclaramos que la clasificación que sigue es una elaboración propia y que, como ocurre con casi toda clasificación, no pretende capturar la complejidad completa de cada régimen jurídico nacional. La tipología propuesta debe leerse, por lo tanto, como una herramienta analítica y comparativa, y no como una descripción exhaustiva o rígida de cada ordenamiento. 

Sistemas legales sobre saldos bancarios no reclamados

1- Retención bancaria con transparencia: El ahorrista puede consultar fácilmente / Su derecho nunca se pierde / Los bancos custodian los fondos (Brasil) 

En Brasil, los fondos inactivos permanecen en el Banco, pero los interesados pueden realizar una consulta centralizada para saber si tienen valores a su favor en alguna institución. El Banco Central administra el Sistema de Valores a Receber, una plataforma online a la que debe accederse con usuario. 

Un sistema similar tiene Suiza, en el que la consulta se cursa a través del Ombudsman. Sin embargo, al cabo de un largo período de tiempo (60 años de inactividad), las cuentas suizas pasan en propiedad a manos de la Confederación Suiza. 

2- Custodia estatal con transparencia: El ahorrista puede consultar fácilmente / Su derecho nunca se pierde / El Estado custodia los fondos

En Estados Unidos, Canadá, Australia y el Reino Unido, al cabo de cierto período de inactividad, los bancos transfieren los fondos a un organismo público junto con la información de sus titulares. Dicho organismo publica listados de los titulares. Estos pueden reclamar el dinero en cualquier momento. 

3- Custodia estatal sin transparencia: El ahorrista no puede consultar fácilmente / Su derecho nunca se pierde / El Estado custodia los fondos (Colombia, Perú)

El Colombia y Perú el dinero inactivo pasa al Estado (a un fondo para el otorgamiento de créditos de estudio, y al Fondo de Seguro de Depósitos, respectivamente). El ahorrista puede reclamar la devolución en cualquier momento. Sin embargo, no hay mecanismo de consulta centralizada: la gente no tiene forma razonablemente práctica de averiguar si tiene fondos a su favor.

4- Apropiación estatal definitiva con transparencia: El ahorrista puede consultar fácilmente / Su derecho se pierde / El Estado apropia los fondos (Italia, Chile)

Las cuentas bancarias chilenas sin actividad por dos años y con saldo superior a 5 Unidades de Fomento se publican anualmente en el Boletín Oficial. Además, pueden consultarse en un buscador oficial. Si desde la publicación del listado pasan otros tres años, la institución financiera debe transferir el dinero al Cuerpo de Bomberos.

En Italia, desde que los bancos envían los fondos al Estado, hay diez años para reclamar, durante los cuales el titular o sus sucesores pueden consultar a través de un sitio que centraliza la información. 

Tanto en Italia como en Chile, al cabo de un cierto número de años, el dinero inactivo se pierde definitivamente para el ahorrista. Sin embargo, este previamente tuvo posibilidad efectiva de averiguar si había cuentas a su nombre o de sus familiares. 

5- Apropiación estatal definitiva sin transparencia: El ahorrista no puede consultar fácilmente / Su derecho se pierde / El Estado apropia los fondos (España, Uruguay)

Tanto en España como en Uruguay, cumplidos los plazos legales sin actividad ni reclamo del titular, los bancos deben remitir los fondos al Estado, y caduca el derecho de reclamarlos.

En Uruguay, al cabo de cinco años sin movimiento, los bancos transfieren los saldos al Tesoro Nacional en concepto de “depósitos paralizados”. Los titulares tienen diez años para solicitar su reintegro. Después, su derecho se extingue. 

En España, el traspaso al Estado ocurre luego de veinte años sin movimiento. El titular pierde el derecho a reclamar.

En ambas jurisdicciones, tal vez como consecuencia de un celo excesivo por la privacidad de datos, los clientes bancarios o sus herederos no tienen un mecanismo razonablemente práctico para consultar si tienen saldos a su favor en alguna entidad.

6- Retención bancaria sin transparencia: La ausencia de sistema (Argentina)

Al no existir regulación legal (sólo la categoría contable bancocentralista de saldos inmovilizados), el público carece de mecanismos idóneos para consultar sobre fondos inactivos. En la práctica, los fondos se pierden a favor de las instituciones financieras.

Conclusión

Llama la atención que, dados los principios de transparencia, respeto del derecho de propiedad privada y desburocratización que animan las políticas públicas del actual gobierno, Argentina aún no haya dado respuesta a la cuestión de los activos financieros olvidados. Es hora de hacerlo.