La Ciudad de Buenos Aires obtuvo un triunfo en la Corte en su disputa con Nación
El máximo tribunal dictó una medida cautelar con voto unánime y ordenó que se entregue al Gobierno porteño el 2,95% de la masa de fondos coparticipables y remarcó que esas transferencias deben realizarse en forma diaria y automática por el Banco de la Nación Argentina.

La Corte Suprema de Justicia dispuso hoy que el Gobierno nacional le pague al Gobierno de la ciudad de Buenos Aires el 2.95 por ciento de la masa de impuestos coparticipables, en el marco de la disputa entre ambas administraciones por el porcentaje correcto.
 

 

De esta manera, los magistrados dispusieron la suspensión de la Ley 27.606 que había reducido la participación de esa jurisdicción.

El recorte en la coparticipación porteña había sido decretado en 2020 por el presidente Alberto Fernández, quien así redireccionó fondos hacia la Provincia de Buenos Aires: en esos momentos, el gobernador Axel Kicillof enfrentaba una fuerte protesta de efectivos de la Policía Bonaerense en reclamo de aumentos salariales.

Wado de Pedro

Según supo NA, el Ministerio del Interior y el de Economía ya recibieron el fallo y se encontraban analizándolo para poder definir los pasos a seguir en Tribunales.

La Corte Suprema aclaró que la cuestión de fondo siga tramitándose, pero ordenó las transferencias ya que "se morigera, por esta vía, el riesgo que enfrentan ambas partes de que, hasta tanto se dicte el fallo final, uno de los estados reciba menos o el otro deba entregar más recursos coparticipados de los que en definitiva correspondan".

 

Asimismo, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti subrayaron que "sea cual fuere el resultado de este pleito los recursos coparticipados de las provincias no se verán afectados, pues la cuota correspondiente a la Ciudad de Buenos Aires se detrae únicamente de los fondos que le corresponden precisamente a la Nación en la distribución primaria".

En su demanda, el Gobierno porteño aseguró que la medida de la Casa Rosada generaba "un perjuicio financiero" y también "una vulneración de la autonomía constitucional de la Ciudad Autónoma", además de que entendía que la quita "resquebraja la situación de igualdad en que deben estar todos los actores del federalismo".