El Ejecutivo avanzó con el proceso para privatizar AySA, proveedora del servicio de Agua, y el Estado se desprenderá del 90% del capital accionario. El anuncio lo hizo el vocero presidencial Manuel Adorni durante su habitual contacto con la prensa en Casa Rosada.
El esquema diseñado busca sumar inversión privada con una combinación de mecanismos: una licitación pública nacional e internacional para seleccionar a un operador estratégico, junto con una oferta pública inicial destinada a captar fondos de inversores individuales e institucionales.
El 10% restante de las acciones quedará en manos de los trabajadores, a través del Programa de Propiedad Participada, una herramienta ya utilizada en otros procesos similares durante los años noventa. Con este paso, el Gobierno apunta a reducir el gasto estatal y reorganizar el servicio de agua y saneamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
Adorni recordó que desde que se estatizó AySA en 2006, se utilizaron US$ 13.400 millones para mantenerla operativa. En ese tiempo, según destacó, hubo un deterioro en la infraestructura y un crecimiento en los costos de operación.
Reducir el déficit y reorganizar el servicio
Entre los datos presentados, el vocero marcó que la dotación de personal aumentó un 90% y el nivel de morosidad de los usuarios trepó al 16%, cuando en años anteriores rondaba el 4%. También apuntó contra la gestión anterior por el destino de los recursos: "Se gastaron más de US$ 4.800 millones en AySA y de eso, solo US$ 200 millones fueron a obras".
Además, cuestionó la asignación de recursos, ya que, según afirmó, el 25% de esas obras se realizaron en Tigre y Malvinas Argentinas, los municipios vinculados con la conducción de la empresa en ese momento.
El proceso quedará bajo regulación de la Comisión Nacional de Valores, que evaluará los pasos para abrir el capital en el mercado. Desde el Gobierno afirman que la medida permitirá mejorar el servicio y bajar los costos, en un contexto donde el déficit fiscal volvió a ser una prioridad.