Lawrence Kotlikoff y Alan Auerbach, economistas del Instituto Goodman, fueron los cerebros detrás de la reforma impositiva de 2017 (Tax Cuts and Jobs Act). Mucho de lo que recomendaron se convirtió en ley, incluyendo una reducción en la tasa impositiva para los ingresos corporativos top de 35% a 21%. Los economistas predijeron que el resultado sería un gran flujo de capital del exterior, aumento de las inversiones y mayores resultados y salarios. También estimaron que el nuevo código tributario sería igual de progresivo (o incluso más) del que reemplazaba. Y aunque el Coronavirus claramente frenó el flujo, las compañías estadounidenses repatriaron más de US$ 1 billón.
Biden propone subir el impuesto corporativo al 26%. A su compañera de fórmula, Kamala Harris, le gustaría volver a llevarlo a 35%, lo que le daría a Estados Unidos el impuesto a la renta corporativa más alto del mundo. Según un análisis de John Goodman, presidente del Instituto Goodman de Investigación de Políticas Públicas, virtualmente todas las consultoras económicas serias predicen que mayores tributos corporativos se convierten en un peso para toda la población, aunque Biden declaró que nadie con ingresos por debajo de los US$ 400.000 se verá afectado.
La Oficina de Presupuesto del Congreso y otras consultoras asumen que un 25% del impuesto corporativo recae en el trabajo y un 75% en los dueños del capital. Sin embargo, Kotlikoff y sus colegas, usando un modelo de flujos de capital internacional, estiman que virtualmente todo el impuesto corporativo es pagado por el trabajo. Eso implica que los gravámenes corporativos son en realidad bastante agresivos. En otras palabras, siempre según Goodman, un impuesto sobre las ganancias corporativas es un impuesto sobre el trabajo, no sobre el capital. En un estudio con economistas del banco de la Reserva Federal de Atlanta, Kotlikoff y Auerbach estiman que el hogar promedio en los Estados Unidos puede esperar una ganancia de US$ 25.000 por la ley de reforma impositiva de 2017.
Si fuera elegido Biden estaría pensando en un plan económico de estímulo de US$ 1 billón para fines de enero. El plan de Biden, llamado Build Back Better, apuntaría a varias áreas como invertir en manufactura y trabajos estadounidenses, apoyar una economía de energía limpia y reconocer el cambio climático, construir más infraestructura, hacer más accesible el cuidado de los niños para ayudar a los padres que trabajan, aumentar los salarios y beneficios para trabajadores, extender los beneficios de desempleo, ayudar a los emprendedores y a dueños de pequeñas empresas.
El Tax Policy Center estima que el costo del plan económico de Biden podría llegar a ser de US$ 4 billones durante los próximos 10 años. Cuando un presidente o candidato presidencial propone un plan económico, el Congreso es quien debe autorizar o no el gasto. Por ende, si Biden es elegido presidente y decide impulsar este plan a fines de enero o febrero de 2021, necesitará la aprobación del Congreso. Lo mismo para profundizarlo. ¿Cómo lo pagaría? También según el mismo think tank, Biden aumentaría los impuestos sobre las empresas y quienes más ganan. Entre otras iniciativas, quiere subir el impuesto corporativo de 21 a 28%, y dar marcha atrás a ciertos beneficios que dio Trump, que implicaría que paguen más impuestos quienes ganan más de US$ 400.000 al año.
Aunque el plan de estímulo de Biden no fue formalmente presentado, dentro de las medidas que podría tener se especula con un segundo cheque de estímulo, beneficios federales de desempleo, licencia paga por enfermedad, créditos tributarios para cuidado de los niños para familias con menos de US$ 125.000 de ingresos al año y perdón de deudas estudiantiles.