El tramo final de la novena y última jornada de alegato resumió de manera compactada lo que ambos representantes del Ministerio Público desgranaron en las oportunidades anteriores, realizar una evaluación político-judicial y culminó con el pedido de penas.
Después de los alegatos de la acusación comenzará la ronda de las defensas, cuyo organigrama no está aun definitivamente establecido.
Si bien la disposición original indicaba que los abogados defensores alegarían por orden alfabético, ese esquema puede alterarse por pedido de las parte y con la autorización del tribunal.
En el comienzo de la audiencia, y en rechazo a la defensa de Abel Fatala, exsubsecretario de Obras Públicas, el primer fiscal en tomar la palabra fue Sergio Mola. “Tomó efectivo conocimiento de la maniobra defraudatoria que se estaba cometiendo en Santa Cruz y optó por no ejecutar las tareas de control que tenía asignadas”, apuntó y, en ese sentido, afirmó que “a esta altura no es creíble que no tuviera conocimiento, como no es creíble que Cristina Kirchner no se enterara de nada”.
De acuerdo a Mola, Fatala tuvo un manejo de la obra pública vial de Santa Cruz que no habían tenido sus predecesores y que no podía desconocer las alertas que recibió y debió haber atendido. También citó a José López sobre el “ya célebre dinero que arrojó al convento” y recordó la frase en la que dijo: “Ese dinero no me pertenecía. Ese dinero pertenecía a la política”. Fue el 11 de agosto de 2016.
Por último, el fiscal también abordó el homicidio de Fabián Gutiérrez, exsecretario privado de la vicepresidenta, en julio de 2020 en El Calafate. Recordó los dichos de López sobre él en la causa de los cuadernos de las coimas, en la que lo sindicó como “recaudador” y dijo que “era funcional a los dos”, a Néstor y a Cristina Kirchner. “Si me llamaba Fabián era porque Cristina se lo había ordenado. Fabián era Cristina”, había dicho López.
El fiscal coadyuvante Sergio Mola inició su descripción final apuntando al ex secretario de Obras Públicas José Francisco López y a su subordinado Abel Fatala, y de inmediato pasó al empresario Lázaro Báez.
Luego retomó la descripción para el resto de los imputados para desembocar en el perjuicio que causó el mecanismo ilegal denunciado.
De eso se encargó, en la sucesión de intervenciones, el fiscal Mola, quien cuantificó en 5.321 millones de pesos.
Tras un cuarto intermedio de media hora, retomó Luciani –en la antesala inmediata del pedido de penas- aclarando que uno de los imputados, Carlos Santiago Kirchner, será acusado por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, acaso la imputación más leve de todas las que se insinúan hacia el final de la exposición.
El fiscal Diego Luciani dijo que no encontró “un solo atenuante” de la pena solicitada a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, a quien consideró “jefa” de la asociación ilícita por las obras cedidas al empresario Lázaro Báez durante su Gobierno.
Luciani expuso un listado extenso de las agravantes de la pena por los delitos de asociación ilícita y fraude a la administración pública. Refirió a una máxima de 16 años de prisión. En el listado de agravantes señaló la “magnitud” de los delitos investigados, “su poder de dirección”, la “extensión del daño” y el “lucro personal” que persiguió la Vicepresidenta.
También señaló al “cargo” que ocupaba ella y su marido, en referencia al fallecido Néstor Kirchner. Otro punto fuerte es “el desprecio a la ciudadanía” y “la falta de arrepentimiento” por parte de ella. Sobre el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, sobre el empresario Báez y el exsecretario de Obras Públicas José López dijo que tampoco obtuvo “atenuantes” de la pena.
Sobre la Vicepresidenta también valoró su "nivel educativo" para haber cometido el delito que se está juzgando y que fue "la principal usufructuaria" de la maniobra: 5.321 millones de pesos fue el perjuicio a la administración pública que definieron los fiscales en los 12 años investigados, desde 2003 a 2015.
Sobre el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, sobre el empresario Báez y el exsecretario de Obras Públicas José López tampoco dijo encontrar “atenuantes” de la pena y en el caso del exministro tuvo en cuenta las condenas anteriores.
Uno por uno el fiscal Luciani evaluó agravantes y atenuantes y en la mayoría de los 13 implicados no encontró elementos para suavizar las penas pedidas, que ya había adelantado podían alcanzar un máximo de 16 años teniendo en cuenta la máxima de la figura de asociación ilícita que es de 10 años y el de defraudación de 6 años.
En su tramo final de las nueve jornadas del alegato, consideró que “el orden público ha sido trastocado por funcionarios públicos de alta jerarquía” y que la trama de corrupción por la que acusó es la “mayor de la historia”. Como medida adicional a las penas y la inhabilitación, el fiscal reclamó el decomiso de todos los bienes de las empresas del Grupo Austral y de todas las estancias de Báez y sus allegados.
Pero también reclamó que se extraigan testimonios (impulsen nuevas investigaciones) sobre las empresas que –según su concepción- contribuyeron a favorecer las maniobras de adjudicación irregular a las firmas de Báez que consolidaron el delito reprochado. También pidió que se investiguen eventuales delitos que pudieran surgir de la información obtenida de los teléfonos de José Francisco López, donde aparecen menciones al diputado del Frente de Todos, Máximo Kirchner.
Finalmente, el fiscal le contestó al presidente Alberto Fernández, a quien le atribuyó una “injerencia indebida” sobre el Poder Judicial. En ese sentido, le refutó la afirmación de que las decisiones políticas de gobierno no son judiciales y le respondió: “todos los actos del Poder Ejecutivo son revisables por el Poder Judicial”.
Además, le recordó que cuando fue jefe de Gabinete de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner “renunció al cargo de jefe de Gabinete fue lo que estaba ocurriendo con la obra pública en Santa Cruz”.
En cambio, ahora varió y omitió aquella postura “para defender puerilmente a su compañera de fórmula”. Luciani cerró su alegato casi en tono político, condenando la corrupción y asegurando que si se hubiera evitado la trama delictiva que le reprocha al ex matrimonio presidencial "los sectores más vulnerables" tendrían una calidad de vida mejor.
