La secretaria de Energía nacional trazó la hoja de ruta de la política energética del gobierno enfocando su objetivo central en la necesidad de eliminar las trabas regulatorias y macroeconómicas que, históricamente, desalentaron la inversión en un sector con enorme potencial en la Argentina. La funcionaria fue enfática al señalar que recursos como la energía, el agro o la minería no necesitan "aliento", sino que el Estado "deje de cortar piernas" a los inversores, al participar del Forbes Energy Summit.
María Tettamanti destacó como un hito para el sector el dictado de la Ley de Bases, a pesar del bajo capital político del oficialismo en el Congreso, que con la inclusión del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), busca mitigar el riesgo de largo plazo para los proyectos de infraestructura que son vitales para el país. Su exposición se centró en cuatro ejes que hacen a la desregulación y la normalización de los mercados a través de la reforma de subsidios, la liberación de las exportaciones de gas, la gestión de la demanda eléctrica y el fin de la especulación política con las tarifas.
La secretaria de Energía anunció que el gobierno avanza en la definición de "un único y focalizado régimen de subsidios energéticos, aplicable tanto al gas natural como a la energía eléctrica, con el objetivo de lograr una mayor eficiencia en el gasto público". Actualmente, coexisten múltiples y superpuestos esquemas de asistencia, los cuales la funcionaria calificó de ineficientes.
En el gas natural, por ejemplo, el esquema de segmentación (usuarios de ingresos altos N1, bajos N2 y medios N3) coexiste con el antiguo régimen de Tarifa Social y la Ley de Zona Fría de 2021. Sobre esta última, Tettamanti criticó que "porque en Mar del Plata hace frío, subsidian la tarifa de gas todo el año", incluso para usos no esenciales.
La propuesta apunta a eliminar los regímenes superpuestos y establecer un sistema simple de dos grupos: el de la población que necesita ser subsidiada y el resto de los consumidores residenciales que pueden afrontar el costo pleno de la energía. Si bien el umbral de ingresos aún está en etapa de definición, el objetivo es aplicar este nuevo régimen de subsidios ya para el año 2026.
Uno de los ejes más importantes de la reforma sectorial pasa por la desregulación de las exportaciones de gas natural, un paso clave para el desarrollo de Vaca Muerta. Tettamanti subrayó que se modificó la Ley 24.076 (a través de la Ley de Bases) para eliminar la exigencia de que las exportaciones necesiten previa autorización del Poder Ejecutivo.
La funcionaria fundamentó el cambio en principios básicos de microeconomía: "Si uno no desalienta la inversión con políticas locas macroeconómicas ni con intervencionismos excesivos ni con quitas de rentas, y deja que los mercados internos funcionen, lo que se produzca de más se exporta. No hay discusión de si se permite o no porque no nos estamos metiendo previamente a entorpecer el desarrollo de los mercados", sostuvo.
Tettamanti fue particularmente crítica con el Plan Gas.Ar, al que definió como "una muleta necesaria después de que el Estado le cortó las piernas a los productores con el congelamiento de tarifas y precios". El plan, que finaliza a fines de 2028, generó un efecto no deseado y obligó a los productores a generar un volumen de gas que no tenía contraparte contractual, creando una sobreoferta de gas en meses de bajo consumo y castigando los precios a niveles inéditos.
La estrategia de la Secretaría es descentralizar y volver a "privatizar" la comercialización, sacando a compañías estatales como ENARSA y CAMMESA de su rol de comercializadores y gestores de combustibles, permitiendo que los privados firmen nuevos contratos a largo plazo. En cuanto a los precios de venta, la funcionaria garantizó que se respetarán los precios mínimos de exportación establecidos por el Plan Gas mientras este esté vigente, pero envió una señal clara al mercado regional: "A partir de enero de 2029, esos precios mínimos desaparecerán, y los productores locales podrán negociar con total libertad sus ventas" a países como Brasil o Chile.
En el segmento eléctrico, la Secretaría de Energía reconoció la necesidad de actuar simultáneamente en la oferta y la demanda para resolver los cuellos de botella del sistema. Tettamanti hizo hincapié en que "la demanda pico de potencia, que se da apenas 20 a 30 horas al año, principalmente por el uso masivo de aire acondicionado, es muy costosa de soportar con infraestructura de generación". Para aplanar este pico, es clave la gestión de la demanda, pero la falta de medidores inteligentes -instalación que las distribuidoras no pudieron afrontar por los años de congelamiento tarifario- impide tarificar el consumo hora a hora.
Como paliativo, la Secretaría está impulsando resoluciones que incentivan a grandes usuarios como shoppings o industrias que tienen generadores de reserva a ofrecer esa potencia al sistema en momentos de alta demanda, evitando que la tomen de la red general. En cuanto a la oferta, se necesita más potencia de generación térmica y almacenamiento para complementar las renovables y, de forma crítica, ampliar el transporte de alta tensión para mover la energía eólica del Sur o la solar del Oeste a la zona de alto consumo.
La Secretaria confirmó los proyectos prioritarios de expansión de la red de alta tensión, en particular el denominado AMBA 1, que prevé la instalación de un quinto transformador en la estación Plomer para aumentar la capacidad de importación de energía al Gran Buenos Aires (GBA), reforzando también las líneas de alta tensión asociadas. A esa licitación le seguirán, la línea de transporte de Diamante (Mendoza) al Gran Buenos Aires y la línea que unirá Madryn, Choele Choel y Bahía Blanca, ambos claves para dar viabilidad a los proyectos de renovables.
La financiación de esta infraestructura será cubierta por la demanda a través de un cargo tarifario. Aunque se buscan mecanismos con ayuda de organismos como el BID para mitigar el riesgo financiero y hacer atractivas las licitaciones para el capital privado. "Por eso es que nos hemos demorado un poco porque estamos terminando de definir cómo podemos mejorar la financiación de esos proyectos y que sea atractivo para empresas de capitales nacionales y sobre todo internacionales poder invertir en la ampliación del sistema de alta tensión".
Finalmente, la funcionaria también resaltó la normalización de los marcos tarifarios de los servicios monopólicos de transporte y distribución de gas, a cargo de las empresas TGN, TGS y las distribuidoras. "Acá no hay especulación política, no se usan las tarifas para ganar votos. Y eso es lo que da certeza y confianza para la inversión", afirmó Tettamanti.
Tettamanti señaló que la tarifa ya fue establecida, junto con los ajustes correspondientes, y "el cumplimiento de la pauta de ajustes, incluso en momentos de turbulencia política, es la mejor señal de confianza y un cambio de paradigma en la política económica de la Argentina".