El Gobierno nacional oficializó la reglamentación del Régimen de Promoción del Empleo Registrado (RPER), conocido como “blanqueo laboral”, una medida que busca reducir la informalidad y ampliar la cobertura previsional en el país. El programa ofrece beneficios concretos a los empleadores que regularicen relaciones laborales vigentes que no estaban registradas o lo estaban de manera deficiente. 

Entre los incentivos más relevantes se encuentra la condonación de deudas previsionales: hasta un 90% para micro y pequeñas empresas, 80% para medianas y 70% para grandes compañías, además de la eliminación total de obligaciones vinculadas al Sistema Nacional del Seguro de Salud, el Régimen de Riesgos del Trabajo y el Seguro de Vida Obligatorio. El RPER también prevé la extinción de acciones penales en casos relacionados con las obligaciones incluidas, siempre que no exista sentencia firme, y permite la baja de los empleadores del Registro de Sanciones Laborales (REPSAL). Para los trabajadores, el período regularizado será computado como tiempo de servicio, lo que les permitirá acceder a jubilaciones, pensiones y otros beneficios. La deuda no condonada podrá cancelarse al contado, con reducción adicional, o mediante planes de pago administrados por la ARCA.

La puesta en marcha de ese capítulo central de la reforma laboral se suma a  la reglamentación del Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), una herramienta que busca estimular la creación de empleo registrado en un contexto económico marcado por la retracción del consumo y la caída del empleo en relación de dependencia. La medida, que estará vigente para contrataciones realizadas entre el 1 de mayo de 2026 y el 30 de abril de 2027, propone una reducción significativa de las contribuciones patronales durante los primeros 48 meses de la relación laboral, con el objetivo de facilitar la incorporación de trabajadores que hoy se encuentran fuera del sistema formal.

La iniciativa apunta especialmente a personas desempleadas, monotributistas o provenientes del sector público, y establece condiciones claras para acceder al beneficio: el trabajador no debe haber tenido empleo registrado al 10 de diciembre de 2025 ni en los seis meses previos a la contratación. De esta manera, se busca evitar maniobras de sustitución de personal y garantizar que el régimen efectivamente contribuya a ampliar la base de empleo formal.

Oportunidad acotada

Para Pablo Loyola, vicepresidente del Instituto Argentino de la Empresa Familiar (IADEF), el RIFL puede ser una herramienta positiva para empresas familiares en etapa de crecimiento, ya que reduce el costo laboral durante varios años. Sin embargo, advierte que el contexto actual limita su alcance: “Muchas PyMEs hoy no están pensando en expandir estructura, sino en sostener su actividad frente a la retracción del consumo y la caída de ventas”.

En ese sentido, Loyola considera que el mayor impacto del régimen se verá en aquellas compañías que ya tenían previsto crecer o sumar personal. Para el resto, la prioridad sigue siendo mejorar eficiencia, ordenar procesos y profesionalizar la gestión. “Difícilmente, por sí solo, el régimen genere una expansión masiva del empleo si la actividad económica no acompaña”, concluye.

Desde el plano jurídico, Ernesto Sanguinetti, socio de PASSBA Abogados, subraya que el RIFL puede funcionar como incentivo, pero no garantiza por sí mismo una expansión real del empleo. “El régimen apunta a reducir parcialmente el costo de incorporación de personal mediante una alícuota reducida del 5% sobre determinados componentes de seguridad social durante 48 meses. Esto puede ser relevante para sectores intensivos en empleo, pero su impacto dependerá de que las empresas lo utilicen para sumar nuevos trabajadores y no solo para optimizar costos sobre contrataciones ya previstas”.

Sanguinetti enfatiza que el régimen es optativo, temporal y condicionado, lo que exige un análisis detallado de requisitos y posibles contingencias. Además, advierte que el beneficio aplica únicamente a nuevas relaciones laborales registradas y que los controles de la Administración de Recursos de la Seguridad Social (ARCA) serán clave para evitar abusos. “Una empresa no podría simplemente despedir y recontratar al mismo trabajador bajo el beneficio si no se cumplen los requisitos”, señala.

En cuanto al efecto fiscal, el abogado plantea un dilema: si el régimen logra formalizar trabajadores que antes estaban fuera del sistema, podría ampliar la base de aportantes y compensar la baja de alícuota. En cambio, si se aplica sobre contrataciones que se hubieran realizado de todos modos, el resultado sería una pérdida temporal de recaudación previsional.

Por su parte, Marcelo Brandariz, socio líder de Servicios Legales de PwC Argentina, destaca el carácter inclusivo del RIFL. “Es una herramienta temporal que procura dinamizar el mercado del trabajo haciendo foco especialmente en personas sin empleo, monotributistas o empleados provenientes del sector público”, explica.

Brandariz resalta que la reducción de contribuciones patronales puede alcanzar prácticamente un 50% durante los primeros 48 meses de la relación laboral, siempre que se mantenga vigente. Además, subraya que el régimen no puede ser utilizado para reemplazos inducidos por el empleador y que requiere la aplicación de un código específico en el sistema de liquidación de cargas sociales. “Sin dudas es una herramienta que debiera redundar en beneficios para los sectores de trabajadores que procura promover, generando oportunidades más competitivas de acceso al mercado laboral”, afirma.

Para los empleadores, el régimen abre un canal que permite una reducción significativa en los costos laborales, lo que obliga a cada organización a evaluar las posibilidades de adopción en función de su estructura y proyecciones.

La reglamentación del RIFL llega en un momento en que la economía argentina muestra señales de estabilización macroeconómica, pero aún enfrenta una recuperación frágil en el plano micro. El consumo sigue deprimido, el crédito no despega y las empresas priorizan sostener su actividad antes que expandirse. En ese marco, el régimen aparece como un incentivo que puede facilitar la incorporación de trabajadores, pero cuyo impacto dependerá de la evolución general de la economía.