Por estos días, el gobierno de Javier Milei está finalizando el texto de una reforma o modernización laboral. Y la discusión vuelve a cobrar fuerza a partir de casos concretos que, con frecuencia, llegan a los medios de comunicación.

Lo primero que hay que señalar es que la Argentina tiene un sistema protector tan grande y tan abarcativo que quien decide invertir, desde una pyme hasta una multinacional, está siendo duramente castigado. Y si analizamos el marco normativo, todavía hoy aplicamos leyes del año 1974, con cambios menores desde entonces. En mis clases de la facultad siempre digo algo que sorprende a los alumnos: la Ley de Contrato de Trabajo está vigente desde 1974 sin mayores modificaciones, y en el medio nació y quedó obsoleto incluso el fax. Sin embargo, esa ley sigue regulando vínculos laborales como si el mundo no hubiera cambiado.

El derecho penal y el fiscal se fueron ajustando; el laboral no. Y seguimos regidos por un esquema construido alrededor del principio protectorio, incorporado a la Constitución en 1957, que parte de la premisa de que el trabajador es la parte débil. Ese principio, llevado al extremo, genera que el empresario termine sufriendo ante cualquier manifestación, cierta o no, del trabajador. 

Ahora bien, el problema no es solo la ley. Cuando uno se sienta con empresarios pymes, la primera preocupación es la altísima litigiosidad. Y esto está directamente relacionado con el funcionamiento del Poder Judicial. Un juez debe aplicar el derecho, y eso no es marcar casilleros en un checklist; requiere análisis. Pero hoy un juicio laboral tarda entre 5 y 7 años en resolverse. Y en ese contexto, muchos trabajadores impulsan reclamos porque el marco protector es tan amplio que saben que, en algún punto, algo obtendrán. He visto casos de despidos sin causa correctamente pagados donde, aun así, el trabajador reabre reclamos y termina obteniendo una sentencia favorable.

A esto se suma un fallo clave: Vizzoti, uno de los más importantes de los últimos 20 años. Allí, la Corte Suprema estableció que el trabajador es un "sujeto de preferente tutela constitucional". Con esa guía, muchos jueces sienten que su margen de análisis está condicionado y buscan cualquier interpretación que favorezca al trabajador. Pero la cuestión no debería ser así. Si no hay discriminación, la demanda debe rechazarse y listo, igual que en civil y comercial.

El tercer problema son los costos laborales, especialmente las contribuciones patronales, que alimentan el sistema jubilatorio. Esa caja está desbalanceada y, mientras sigan entrando beneficiarios sin que aumenten los aportantes, el sistema seguirá colapsando. Para un empresario pyme, este costo es determinante. En el Consejo de Mayo no se trató la reforma de contribuciones, aunque sigue en agenda del Gobierno. Modificar ese punto permitiría competir con países como Uruguay, Chile o Brasil y atraer inversiones.

Respecto de la reforma en debate, creo que todo avance es positivo, porque permite retomar el diálogo con sindicatos y actores del sistema. Tenemos normativa de 1974 y no logramos aumentar el empleo registrado. El mensaje no puede ser que a los empresarios les "gusta" tener gente en negro. Si uno da alternativas con menores costos laborales para generar empleo y aún así alguien contrata en negro, entonces sí hay que sancionarlo. El empresario arriesga siempre: ha pasado el 2001, han pasado múltiples crisis, y siguen arriesgando y generando trabajo.

Por eso sostengo que cada vez que se habla de una reforma laboral, como la del año pasado o la que se intentó vía Decreto 70/2023, es algo muy positivo. Ese decreto no fue consensuado; la diferencia es que ahora el Gobierno, fortalecido políticamente, puede sentarse con los sindicatos y plantear cambios incluso en aspectos sensibles, como las leyes de asociaciones sindicales. Ahí estarán las resistencias habituales, pero es una discusión que tarde o temprano debe darse.

En las últimas semanas vimos manifestaciones contra un proyecto que muchos todavía ni conocen. Pero lo cierto es que la reforma laboral no es un capricho: es una necesidad. Si queremos generar más empleo, reducir la litigiosidad, dar previsibilidad y atraer inversiones, tenemos que actualizar un sistema que quedó congelado en otra época.

*Por Walter Mañko, Socio a cargo del área de Derecho Laboral y Seguridad Social de Deloitte Legal Argentina