Hay transformaciones que ocurren de manera tan gradual que cuesta percibirlas hasta que sus consecuencias se vuelven inevitables. La caída de la natalidad argentina es una de ellas. Un fenómeno que avanza sin estridencias pero que tiene la capacidad de reconfigurar los pilares mismos sobre los que se asientan los sistemas previsional, sanitario y educativo del país. Y lo hace en un momento particularmente sensible, cuando el propio Fondo Monetario Internacional acaba de poner el dedo en la llaga de las reformas pendientes.

El directorio del organismo elogió el compromiso con el equilibrio fiscal y ponderó los avances logrados en el ordenamiento macroeconómico, pero advirtió que resta una agenda de reformas desafiante. Entre ellas sobresalen dos que considera decisivas para darle sostenibilidad de largo plazo al resultado fiscal: la reforma tributaria y la previsional. Subyace en esa observación una preocupación concreta por la dilación con que estos temas vienen siendo tratados.

Las dificultades, hay que reconocerlo, son enormes y no dependen únicamente de la voluntad de la actual administración. El ordenamiento tributario requiere un acuerdo de coordinación fiscal entre la Nación, las provincias y los municipios para terminar con la superposición de impuestos y funciones que asfixia al contribuyente. Y el sistema previsional presenta una fragmentación que pocas veces se dimensiona en toda su magnitud. Además del régimen nacional, conviven trece cajas provinciales, veintinueve cajas municipales y ochenta y dos cajas de profesionales. Cualquier reforma seria de uno u otro frente exige una articulación entre niveles de gobierno que excede largamente las atribuciones del Ejecutivo nacional.

Es en este contexto donde el factor demográfico adquiere una relevancia central. De acuerdo con las estadísticas vitales del Ministerio de Salud de la Nación, entre 2003 y 2015 nacían en Argentina un promedio aproximado de 737 mil niños por año. En 2024, en cambio, los nacimientos se redujeron a apenas 413 mil. La comparación arroja un resultado que impacta. 

En el lapso de una sola década, la cantidad de nacimientos se desplomó un 44%, prácticamente a la mitad. No se trata de una oscilación coyuntural ni de un bache pasajero, sino de un cambio de tendencia abrupto y persistente que, además, no es exclusivo de la Argentina sino que se replica en buena parte del mundo y difícilmente pueda revertirse con políticas de estímulo a la natalidad.

La consecuencia de este derrumbe sobre el sistema jubilatorio es directa y difícil de exagerar. 

Conviene recordar que todos los esquemas previsionales que proliferan en el país funcionan bajo el principio de reparto. Los trabajadores activos financian con sus aportes las jubilaciones de los adultos mayores, con la expectativa de que las futuras generaciones hagan lo propio cuando a ellos les toque retirarse. Es, en esencia, una cadena de solidaridad intergeneracional. Pero esa cadena depende de un supuesto demográfico básico, que haya suficientes nuevos trabajadores para sostener a quienes se jubilan. Cuando los nacimientos caen de manera sostenida, el supuesto se quiebra y el sistema de reparto pierde sustentabilidad. La caída de la natalidad no es un problema lejano, sino un acelerador de la crisis previsional que ya está en marcha.

El impacto, sin embargo, no se agota en las jubilaciones. 

El mismo cambio demográfico tensiona con fuerza la cobertura de salud destinada a la vejez. Vale un ejemplo concreto y elocuente. El principal organismo de atención médica de los adultos mayores fue diseñado en 1971, en una Argentina donde la cantidad de niños triplicaba a la de mayores de sesenta años. Toda su lógica financiera fue concebida para una población joven. El esquema destina un 9% del salario a cubrir la salud de los activos y sus hijos a través de obras sociales y prepagas, pero cuando esas personas envejecen son derivadas de manera compulsiva a la cobertura de la tercera edad con apenas un 5% del salario de los activos. A medida que la pirámide poblacional se invierte, ese desbalance se vuelve insostenible. Y hay un vacío todavía más llamativo. Los cuidados geriátricos prolongados ni siquiera cuentan con mecanismos institucionales de cobertura social.

Ahora bien, sería un error pensar que la adaptación solo debe darse en las instituciones que atienden a la vejez. También las instituciones de la niñez necesitan reconvertirse, y en sentido inverso. Los sistemas educativos provinciales continúan formando e incorporando docentes de nivel primario con una lógica inercial, pese a que la matrícula tiende claramente a reducirse. 

La respuesta no debería ser seguir sumando cargos de manera automática, sino aprovechar la oportunidad para modernizar las reglas del trabajo docente y volcar el esfuerzo hacia un objetivo largamente postergado: mejorar la calidad de la enseñanza. Porque el problema de la educación argentina no es la escasez de escuelas ni de maestros, sino la baja calidad de lo que se enseña. 

Algo análogo ocurre con el sistema de salud. La menor cantidad de niños exige una reconversión de los prestadores, tanto públicos como privados, para adecuar su oferta a una demanda pediátrica decreciente. Las áreas de neonatología y terapias intensivas infantiles, que son enormemente costosas, fueron calibradas para una población infantil mucho mayor que la actual. Adaptar esa infraestructura no significa desmantelarla, sino redimensionarla con criterio para que los recursos se asignen donde la demanda efectivamente los requiere.

La conclusión es a la vez sencilla de enunciar y enormemente difícil de ejecutar. La intensidad y la velocidad de los cambios demográficos vuelven urgente romper con la inercia y encarar de una vez la adecuación de las instituciones previsionales, educativas y sanitarias a la nueva realidad poblacional. Ninguna de esas decisiones es simple. Todas implican negociaciones complejas, resistencias corporativas y costos políticos. Pero frente a un problema de esta magnitud la peor de todas las decisiones posibles es no tomar ninguna y permanecer en el inmovilismo. El reloj demográfico, a diferencia del político, no se detiene a esperar que las reformas lleguen.

*Federico Pablo Vacalebre es profesor de la Universidad del CEMA.