A poco más de un año de las elecciones presidenciales, la macroeconomía argentina llega a la antesala de 2027 en una posición notablemente más sólida que la de episodios electorales recientes. El diagnóstico admite matices, pero el punto de partida es contundente. Se sostienen el superávit fiscal primario y el equilibrio financiero, la cuenta corriente muestra superávit de caja y equilibrio en términos devengados, y por primera vez desde 2008 el país vuelve a exhibir los llamados superávits gemelos, es decir, el resultado positivo simultáneo de las cuentas fiscales y externas. Es una configuración que la economía argentina no lograba desde hace más de quince años.

El frente cambiario también se fortaleció de manera significativa a lo largo del año. Al cierre de julio, el Banco Central acumulaba compras por más de 13.200 millones de dólares desde el inicio de la actual etapa del programa monetario, con lo que superó holgadamente la meta anual de acumulación pactada con el Fondo Monetario Internacional, fijada en un rango de entre 10.000 y 17.000 millones. Esa dinámica se reflejó en la mejora de las reservas brutas, que volvieron a ubicarse por encima de los 49.000 millones de dólares. Conviene, de todos modos, una aclaración honesta sobre este punto. Pese a esa recuperación, las reservas netas medidas con el criterio más exigente del organismo todavía permanecen en terreno negativo, lo que recuerda que el sendero de reconstrucción está lejos de haber concluido.

En paralelo, el esquema de bandas cambiarias fue consolidándose, con el tipo de cambio nominal ubicándose dentro de los límites establecidos. La política monetaria, por su parte, luce mucho más prudente. La base monetaria permanece prácticamente congelada desde hace casi un año, y la normalización avanzó en varios frentes, con una baja de los encajes, un descenso de las tasas de interés y el fin de la volatilidad excesiva que había caracterizado a los meses previos. A esto se suma que el propio Banco Central avanzó en el saneamiento de su hoja de balance, un proceso que mejora la calidad de sus activos y reduce vulnerabilidades futuras.

Buena parte de la estrategia oficial apunta, precisamente, a recomponer lo que podría llamarse el poder de fuego de la autoridad monetaria de cara al año electoral. En esa línea, el Banco Central redujo su posición en contratos de dólar futuro, canceló gran parte del swap que mantenía con el Banco de Pagos Internacionales, refinanció por completo los pases pasivos con bancos internacionales llevándolos hasta 2028, negocia la renovación del swap con China y mantiene vigente la línea contingente acordada con el Tesoro de los Estados Unidos. El objetivo de fondo es llegar a 2027 con mayor capacidad de respuesta ante eventuales turbulencias.

El Tesoro Nacional, en tanto, trabaja en paralelo para descomprimir el programa financiero del bienio 2026-2027. Destrabó el desembolso del Fondo correspondiente a la segunda revisión del acuerdo, completó su programa de colocación de deuda en dólares en el mercado local, prevé sumar financiamiento con garantías de organismos multilaterales y viene estirando los vencimientos en pesos más allá de la fecha de las elecciones. Todo ese andamiaje persigue un mismo fin, que es evitar que los compromisos de deuda coincidan con el momento de mayor sensibilidad política.

El resultado de estos avances es que se llega a la previa electoral de 2027 mejor parado que en episodios comparables del pasado reciente. No enfrenta los déficits gemelos ni la fragilidad externa que caracterizaron a la antesala presidencial de 2019, ni tampoco la expansión monetaria, la presión dolarizadora y la reacción defensiva del Banco Central que marcaron la previa de las legislativas de 2025. El mercado, al menos en parte, convalidó esa mejora. El riesgo país llegó a perforar los 402 puntos básicos a comienzos de julio, el valor más bajo de la actual gestión, y las tres principales calificadoras internacionales elevaron la nota soberana del país, luego de que Moody's se sumara sobre el final del mes a las mejoras que ya habían dispuesto S&P y Fitch.

Ahora bien, sería un error pintar un cuadro sin sombras, porque en la coyuntura reciente reapareció la presión sobre el dólar. Durante junio, el tipo de cambio mayorista había trepado un 5,3% y se acercó al centro de la banda de flotación, y en julio la divisa siguió tensionada, con el dólar minorista tocando nuevos máximos nominales. El dato relevante es el origen de esa tensión. A diferencia de otros episodios, esta vez la presión respondió más a un aumento de la demanda de divisas que a una caída de la oferta, lo que constituye una distinción importante para interpretar su naturaleza.

Varios factores explican ese salto en la demanda. Uno de los más significativos fue el giro al exterior de unos 2.600 millones de dólares en concepto de utilidades y dividendos, una operación que drenó divisas del mercado en un lapso corto. A ello se sumaron un incremento de la demanda privada para el pago de importaciones, una mayor propensión al atesoramiento y el desarme de posiciones de carry trade. Este último fenómeno merece una explicación. Cuando las tasas de interés en pesos bajaron, una parte de los inversores que habían apostado a instrumentos en moneda local para capturar rendimiento decidió volver a los activos dolarizados, lo que sumó presión compradora sobre la divisa.

Frente a ese escenario, el Banco Central optó por intervenir para evitar una suba más pronunciada del tipo de cambio. En lugar de vender reservas de contado, recurrió a herramientas menos costosas en términos patrimoniales, como la venta de bonos atados a la evolución del dólar, conocidos como dólar-linked, y la venta de contratos de dólar futuro. A ello se sumó, sobre el cierre de julio, una decisión de la Reserva Federal de los Estados Unidos de mantener sin cambios sus tasas de interés, aunque en una votación dividida que anticipa posibles subas en los próximos meses. Ese sesgo más restrictivo del exterior le puso un piso al riesgo país, que revirtió parte de la compresión previa y volvió a acercarse a la zona de los 445 puntos, recordando que la mejora del clima financiero no es un proceso lineal.

La comparación con lo ocurrido un año atrás resulta iluminadora y, en buena medida, tranquilizadora. La corrección cambiaria actual no se parece a la de mediados de 2025, que había sido gatillada por desmanejos concretos de política económica, como problemas en el rolleo de la deuda y el desarme de las Letras Fiscales de Liquidez, y que luego se agravó por la incertidumbre electoral. La tensión de estas semanas, en cambio, luce más acotada y de otra naturaleza, más vinculada a movimientos de portafolio y al humor de los mercados internacionales que a un desequilibrio estructural.

A ese cuadro se sumó, sobre el final de julio, la jugada institucional más ambiciosa de la actual administración en materia monetaria. El Poder Ejecutivo anunció el envío al Congreso de un proyecto para reformar la Carta Orgánica del Banco Central, con el que busca prohibir por ley el financiamiento del Tesoro mediante emisión, redefinir la misión de la entidad en torno a la preservación del valor de la moneda y endurecer las condiciones para remover a sus autoridades. La iniciativa, que apunta a revertir la reforma de 2012, es coherente con la estrategia de fondo que se viene describiendo, ya que aspira a blindar la disciplina monetaria y a reforzar la señal de que el equilibrio fiscal es una política de Estado y no una decisión reversible. Su suerte, sin embargo, dependerá de la composición que dejen las urnas, lo que vuelve a colocar a las elecciones en el centro de la escena.

El balance general, entonces, es de una economía que se apoya en fundamentos más firmes que en el pasado para atravesar el año electoral, pero que no está exenta de turbulencias en el corto plazo. La solidez de los superávits gemelos, la recomposición de reservas y la mayor prudencia monetaria configuran un colchón que le da a la administración actual una capacidad de respuesta que no tenía en ciclos anteriores. La presión cambiaria reciente recuerda, sin embargo, que la transición sigue siendo delicada y que la calma del mercado, en un año en el que las elecciones de 2027 empiezan a leerse como un plebiscito sobre la continuidad del modelo, deberá ser administrada con cuidado hasta el último tramo.

Federico Pablo Vacalebre es profesor de la Universidad del CEMA.