En el marco del nuevo ciclo político y de las reformas estructurales que se prevén, circula de manera informal un borrador de proyecto de reforma laboral que eventualmente podría presentarse. La propuesta apunta a que los acuerdos individuales o empresariales tengan preeminencia sobre los convenios colectivos, lo que implicaría un cambio profundo en la estructura actual de negociación laboral en Argentina. Para que esto sea posible, sería necesario habilitar a los trabajadores a negociar directamente con sus empleadores, sin la intermediación obligatoria del sindicato.

El diagnóstico subyacente es claro: se busca favorecer la formalización del empleo y, con ello, aliviar la crítica situación financiera del sistema previsional. El borrador contemplaría modificaciones aclaratorias a la Ley de Contrato de Trabajo, con el fin de resolver controversias interpretativas recurrentes. Además, incluiría una regulación específica para el trabajo en plataformas digitales, excluyéndolo del ámbito de aplicación de dicha ley, y propondría eliminar la exigencia de matrícula para el ejercicio liberal de determinadas profesiones.

Las disposiciones más relevantes del proyecto apuntan a descentralizar la negociación colectiva. Para evaluar la factibilidad de una formalización masiva, conviene dimensionar el perfil de los trabajadores informales. Según datos del INDEC, entre asalariados y cuentapropistas no registrados existen aproximadamente 7 millones de trabajadores informales. De ellos, alrededor de 3 millones tienen bajo nivel educativo (secundaria incompleta) y se desempeñan en establecimientos con menos de diez empleados. En otras palabras, el 42% de la informalidad laboral se concentra en sectores de muy baja productividad.

En la mayoría de estos casos, el incumplimiento de las normas laborales no obedece a una estrategia de evasión deliberada, sino a una estrategia de supervivencia económica. Por eso, aunque mejorar el diseño de las regulaciones laborales es una medida positiva, resulta insuficiente para casi la mitad del universo informal, si no se acompaña con políticas que eleven el capital humano y tecnológico de los trabajadores y las empresas.

Establecer que un convenio de nivel más descentralizado prevalezca sobre uno más centralizado puede ser útil para dinamizar el mercado laboral y adecuar las normas a la realidad productiva. Sin embargo, cualquier cambio de esta naturaleza debe ir acompañado de una agenda de productividad que permita sostener la competitividad sin deteriorar las condiciones laborales.

Para romper con el actual círculo vicioso, sería razonable que las microempresas quedaran exceptuadas de los convenios sectoriales, aplicándose únicamente las leyes laborales generales y los acuerdos directos entre empleador y trabajador. En el caso de las pequeñas y medianas empresas, podría permitirse que los empleados negocien su propio acuerdo sin necesidad de la autorización sindical, siempre que el sindicato respectivo mantenga un convenio colectivo ultraactivo (aquel que, aun vencido, sigue vigente por la cláusula de ultraactividad contemplada en la Ley de Negociación Colectiva). 

Un antecedente relevante es la Ley 24.467 de 1995, que ya había previsto la descentralización de la negociación colectiva a nivel pyme. Sin embargo, a pesar de sus tres décadas de vigencia, ningún sindicato facultó a los trabajadores a celebrar acuerdos directos con sus empleadores. Aquella experiencia evidencia que la reforma normativa, por sí sola, no garantiza resultados si no se acompaña con voluntad política, incentivos adecuados y fortalecimiento institucional.