Según el último informe "The State of Building Decarbonization in Latin America -elaborado por el U.S. Green Building Council (USGBC) y Green Business Certification Inc. (GBCI)- el sector de la edificación en Argentina representa casi un tercio de las emisiones nacionales relacionadas con la energía, la proporción más alta de América Latina. Esta cifra ubica a nuestro país muy por encima de Chile (19,8%), Colombia (11,5%) o Brasil (11,5%), y también por encima del propio promedio regional (18%).

Para Guillermo Simón-Padrós, director ejecutivo de Argentina Green Building Council (AGBC) —y miembro del Steering Committee de World Green Building Council para las Américas—, este no es un dato sorprendente: "durante décadas, la inversión en construcción en Argentina no estuvo pensada para el usuario final, sino para el inversor que buscaba proteger capital". Este escenario, combinado con tarifas históricamente subsidiadas, dejó un parque inmobiliario ineficiente. "Más del 90% de los edificios que hay hoy en Argentina son ineficientes, porque se construyeron con códigos obsoletos en materia de aislación térmica. Y esos edificios van a seguir existiendo los próximos 30 o 40 años. La construcción nueva sola nunca va a alcanzar para cumplir las metas de 2030 o 2050: hay que reconvertir lo que ya existe", agrega.

Esta inercia constructiva explica por qué el impacto ambiental no concluye con la obra: se perpetúa en materiales y sistemas ineficientes que demandan un consumo energético desmedido. Así, la huella de carbono de los inmuebles queda atada a su funcionamiento diario. En Argentina, según datos de la USGBC y la GBCI, el sector residencial genera cerca del 75% de las emisiones directas e indirectas, impulsadas por el uso de gas natural para cocinar y calefaccionar. En este contexto, mitigar la dependencia del gas e integrar renovables a la red son metas prioritarias.

Sobre este desafío, Simón-Padrós sintetiza el problema de fondo: "Para eso hace falta electrificar todo, y ahí Argentina tiene un cuello de botella: tenemos mucho gas, es más barato que la electricidad, y calculo que más del 40% de las viviendas del país todavía dependen de él".

El cambio que trae Leed v5

La versión 5 es la actualización más profunda que tuvo el estándar LEED desde su creación, porque redefine buena parte de las reglas del juego. Ya no alcanza con medir cuánta energía consume un edificio en uso, sino que exige contabilizar también la huella de carbono incorporada en los materiales con los que fue construido.

"Los materiales que elegimos desde la etapa de diseño determinan el impacto ambiental del proyecto a lo largo de todo su ciclo de vida. Por eso, comprender la trazabilidad, la química y la eficiencia de estos insumos es una prioridad estratégica para el sector", explica Bernardo Barona, director de Expansión y Crecimiento de América Latina de GBCI.

Frente a esta exigencia de LEED v5, firmas de materiales de envolvente y estructura como Muchtek Tecnoperfiles (perfiles de PVC), Holcim (cementos) y Saint-Gobain (en morteros y placas), destacan por contar con Declaraciones Ambientales de Producto (EPD) verificadas para medir el impacto de sus productos en todo su ciclo de vida. Mientras que AkzoNobel (Alba) ofrece en el mercado local pinturas y recubrimientos de bajas emisiones contaminantes y Dow ofrece productos diseñados desde su origen con una matriz sustentable.

El panorama Leed en la Argentina

El mismo informe del USGBC y el GBCI permite dimensionar cuánto camino queda por recorrer. Argentina acumula, hasta octubre de 2025, 206 certificaciones LEED —muy por debajo de Brasil que lidera en la región con 1.221 e incluso de Colombia con 341-. De ese total, solo 3 corresponden a edificios residenciales, y el resto corresponde a desarrolladores corporativos e inversores privados. En tanto, el sector público, la educación y la vivienda multifamiliar prácticamente no aparecen en el mapa.

Otro dato interesante es que todavía no hay en Argentina ningún proyecto en vías de certificar con esta nueva versión. "Muchos desarrolladores se apuraron a registrar sus proyectos bajo la versión anterior antes de que venciera el plazo. Veo difícil que en los próximos dos años tengamos algún edificio certificado bajo LEED v5 en el país", admite Simón-Padrós.

El mitro del sobrecosto

Uno de los principales obstáculos para que más desarrolladores certifiquen sus proyectos sigue siendo la creencia de que construir sostenible es sensiblemente más caro. Barona lo discute con datos: "Si bien suele estimarse que incorporar criterios de sostenibilidad puede implicar un incremento inicial marginal de entre el 2% y el 3% en el presupuesto de una obra, el retorno de inversión a largo plazo compensa con creces ese desembolso inicial". 

Simón-Padrós matiza esa cifra: "No hay un número único. Puede ser 0,5%, puede ser 1%, y puede llegar a ser mucho más alto si el punto de partida es muy malo. Pero también puede ser cero si desde el día uno elegís bien el terreno, el diseño y los materiales".

Según el consultor Andrés Schwartz, titular de NRG y LEED Fellow, un estudio de USGBC junto con el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible sobre al menos 30 edificios certificados en la región, habla de 1,32% si se abordan estos criterios desde el inicio del proyecto. "Según mi propia experiencia, en Argentina hay hablar a partir de un 3%". 

El mapa regulatorio regional

El contraste regional también es regulatorio. Colombia ya tiene una regulación nacional obligatoria de eficiencia energética (la Resolución 0194), Brasil lanzó en 2023 su primer mercado de carbono regulado (SBCE), México reforzó en 2023 su Ley General de Cambio Climático, con metas nacionales más estrictas y Chile exige por ley la neutralidad de carbono para 2050. 

Por su parte, Argentina tiene una serie de normas técnicas de construcción sostenible - publicadas por el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM-  pero no una ley que las vuelva obligatorias.

En ese sentido, hay otras iniciativas gubernamentales como el Programa Nacional de Etiquetado de Viviendas (PRONEV), que tiene como objetivo general implementar un sistema de etiquetado de eficiencia energética de viviendas unificado para todo el territorio nacional. "Hoy está federalizado y cada provincia ve cómo lo implementa. Santa Fe ya lo hizo obligatorio en toda la provincia; por ejemplo", explica Schwartz, quien participó en su desarrollo. 

La Ciudad de Buenos Aires lanzó en 2025 el Sello Verde, que certifica el desempeño ambiental de los edificios porteños en cinco áreas operativas. Según Schwartz este sello "no es muy exigente, y es una autodeclaración: no hay revisión de un tercero". 

Para Simón-Padrós, el problema es estructural: "Argentina es un país federal: el Congreso puede sancionar una ley, pero tienen que adherir las provincias y los municipios, y eso lleva muchísimo tiempo".  Los códigos de edificación municipales serían, entonces, el camino más práctico, pero deben incorporar la obligatoriedad de construir con estas especificaciones y reforzar la fiscalización real en la obra.

Si bien, todos estos son pasos en la dirección correcta, son todavía insuficientes frente al peso de los edificios sobre el total de las emisiones del país. El próximo empujón, sin embargo, no depende solo del Estado sino del propio mercado: los desarrolladores ya empiezan a notar que el usuario final —que hasta hace poco elegía un departamento por ubicación y precio— hoy también pregunta por la boleta de gas y de luz que va a pagar durante los próximos veinte años. Y a medida que esa exigencia se traslade a los fondos e inversores que financian cada proyecto, construir de manera sustentable dejará de ser una decisión para convertirse en una condición para vender.