La decisión marca un giro relevante respecto de febrero pasado, cuando la deuda en pesos había sido ubicada en situación de default selectivo, tras una serie de canjes considerados “angustiados” por la calificadora. Según S&P, el cambio de evaluación responde a que el Gobierno logró ampliar sus fuentes de financiamiento y reducir la probabilidad de un incumplimiento convencional en el corto plazo.
Entre los factores clave mencionados por la agencia figura el superávit fiscal alcanzado durante 2025, la fuerte desaceleración de la inflación y una mayor previsibilidad en la orientación de la política económica. A esto se suma una mejora en el clima político: el buen desempeño electoral del oficialismo en las elecciones legislativas de medio término fortaleció la capacidad del presidente Javier Milei para avanzar con su agenda de reformas y negociar apoyos en el Congreso.
S&P también subrayó medidas concretas que apuntalaron la liquidez, como la obtención de una línea de swap por USD 20.000 millones con la Reserva Federal de Estados Unidos, la colocación de un bono en dólares bajo ley local y la posibilidad de acceder a financiamiento mediante operaciones de recompra con bancos internacionales para afrontar vencimientos externos en 2026.
No obstante, el informe deja en claro que la mejora no implica una normalización plena del perfil crediticio. La calificadora advierte que Argentina continúa exhibiendo vulnerabilidades externas significativas, reservas internacionales netas negativas y una elevada dependencia del acceso a dólares para cumplir con sus compromisos de deuda. En ese sentido, el país sigue ubicado dentro de la categoría de alto riesgo crediticio.
Desde el punto de vista macroeconómico, S&P proyecta un crecimiento del PIB superior al 4% en 2025, con una expansión más moderada en los años siguientes, siempre condicionada al éxito del programa de ajuste. La inflación, que superó el 200% el año pasado, mostraría una caída pronunciada, con un promedio cercano al 42% en 2025 y descensos adicionales hacia 2026 y 2027.
El informe también destaca el papel del sector energético como uno de los principales motores de mejora estructural. El desarrollo de los recursos no convencionales podría generar un superávit comercial energético cercano a los USD 8.000 millones, contribuyendo a fortalecer la balanza de pagos y el crecimiento de mediano plazo.
En cuanto a los riesgos, S&P señala que una eventual interrupción del proceso de estabilización, tensiones políticas o nuevas reestructuraciones de deuda podrían volver a presionar la calificación. Por el contrario, una acumulación sostenida de reservas, mayor certidumbre regulatoria y un acceso más estable a los mercados voluntarios de crédito podrían habilitar nuevas mejoras en la nota soberana.
En síntesis, la decisión de S&P refleja una mejora incipiente pero aún frágil del perfil crediticio argentino: un reconocimiento a los avances fiscales y políticos recientes, combinado con una advertencia clara sobre los desafíos que siguen condicionando la sostenibilidad macroeconómica del país.