Seguramente es la empresa pública que más ha estado bajo el ojo de la tormenta en los últimos 15 años. Y no es para menos. Es el ente público con mayor facturación (arriba de los US$ 3.000 millones anuales) y sus números, el mecanismo de ajuste de las tarifas, subsidios, impuestos, o unidades de negocios con déficits históricos y millonarios —como el pórtland— siguen reapareciendo en el debate del sistema político con cierta recurrencia. Uno de los puntos altos de exposición ocurrió no hace tantos años cuando el gobierno de turno (2016) debió aprobar una capitalización millonaria por más de US$ 600 millones para salvar a Ancap de la quiebra.

Quizás por ello (para muchos) fuera algo sorpresivo que el propio presidente Yamandú Orsi saliera en una de sus primeras conferencias en Torre Ejecutiva a mostrar los números del ente del último balance. Allí el mandatario, junto a la ministra de Industria, Fernanda Cardona, y la presidenta de Ancap, Cecilia San Román, habló sobre el retorno de la empresa a los balances negativos tras una década con una pérdida de US$ 118 millones en 2024 e hizo una comparación con el azul de US$ 41 millones que tuvo el ente durante el último año de gestión del Frente Amplio. También hizo un llamado de atención por un préstamo de US$ 160 millones que Ancap le pidió al Ejecutivo anterior en noviembre del año pasado, lo que elevó su pasivo total a US$ 255 millones.

Un hecho no menor que ocurrió durante el año 2024 fue una parada de mantenimiento de la refinería de La Teja que se extendió por casi 10 meses (el triple de lo programado), algo que le provocó un perjuicio por más de US$ 115 millones por lucro cesante (no refinar combustibles en Uruguay). La prórroga de estas tareas de mantenimiento tuvo como telón de fondo una elevada conflictividad entre el gremio de Ancap con sus anteriores autoridades. 

Pocas horas después de ese anuncio se conocieron los números del primer trimestre de 2025. Según adelantó El Observador, el ente petrolero cerró el período enero-marzo con una ganancia de unos US$ 40 millones. Como era de esperarse, esos números reavivaron el debate con la oposición, que considera que la nueva administración cambió el mecanismo de ajuste (de mensual a bimensual) de los combustibles con el Precio de Paridad de Importación (PPI) de la Ursea para "hacer caja". Esto en un contexto donde el precio del petróleo Brent acumula una baja este año de 17% producto de la guerra comercial que desató el presidente estadounidense Donald Trump, que llevó a reducir las previsiones de crecimiento para la economía mundial en 2025. 

Para mayo, el gobierno resolvió una reducción de 1,5% en el precio del gasoil ($ 0,75 por litro), pero dejó sin cambios tarifas de las naftas y el supergás por los próximos dos meses. En ese sentido, Cardona anunció que el Ejecutivo estaba trabajando en un instrumento legal para modificar el plazo de ajuste de los combustibles. La administración actual argumenta que una estabilidad en el tiempo permite a los usuarios tener una mayor previsibilidad sobre los precios.

Nada nuevo en el Parlamento 

La ministra de Industria, Fernanda Cardona, compareció este viernes junto a su equipo y autoridades de Ancap ante la comisión de Industria de Diputados por espacio de seis horas para dar su visión sobre la coyuntura financiera del ente y de la nueva metodología para la fijación de las tarifas que pretende impulsar la administración de Orsi.

Tras la sesión de la comisión, el diputado del Partido Colorado, Carlos Rystrom, dijo a Forbes Uruguay que la comparecencia de la ministra Cardona "fue poco productiva" y dejó "gusto a poco". "La mayoría de las preguntas no fueron respondidas y las respuestas fueron por omisión", cuestionó. El legislador comentó que en la comisión se discutió si era buena idea refinar petróleo en Uruguay o en qué casos el gobierno anterior había utilizado el Precio de Paridad de Importación (PPI) para definir el precio de los combustibles. En cambio, señaló que no se respondió si el presidente Orsi —cuando dio la conferencia sobre los números de Ancap del 2024— tenía "toda la información" sobre la mesa sobre el impacto que ocasionó la parada de La Teja. 

La bancada de Vamos Uruguay (sector de Rystrom) emitió luego un comunicado donde indicó que "la ministra (Cardona) no pudo explicar cuál será el nuevo mecanismo de fijación de precios, mientras se impone a los uruguayos pagar más por los combustibles sin una justificación transparente". Añadió que se confirma "el precio del gasoil está US$ 5 millones por encima del PPI para mayo, encareciendo la producción y afectando el bolsillo de los uruguayos. Se está instalando un relato de crisis para justificar decisiones regresivas que priorizan la caja de Ancap por encima del bienestar de la gente".

En tanto, Cardona realizó un hilo en su cuenta de X donde expresó su postura al respecto. "A diferencia de lo que se ha argumentado, las paradas técnicas de la refinería no implican necesariamente una pérdida para Ancap. Así lo refleja la siguiente tabla: en 2017 hubo parada técnica y se obtuvo un resultado favorable de US$ 39 millones, a diferencia de 2024 donde las pérdidas rondan los US$ 118 millones de dólares", posteó. Según la ministra, lo que "sí impacta directamente de manera negativa en los resultados de Ancap, como es el hecho de este caso particular (2024), es la mala gestión política de la parada".

Cardona cuestionó el manejo que hizo la administración anterior en 2024 "al profundizar la brecha entre el PPI y el precio de venta, resignando así importantes ganancias para ANCAP. Llama la atención sabiendo que prontamente habría que afrontar una parada técnica". 

Finalmente, también criticó la deuda que tomó la empresa a fines del año pasado porque su cancelación en un año y medio implica un "ahogo financiero" para el ente. Asimismo, cuestionó el manejo impositivo. "¿Les parece prudente que, teniendo en cuenta esta realidad, el Poder Ejecutivo también adelantara tributos de la empresa (30 millones de dólares de IMESI), comprometiendo aún más su estado financiero?", cerró.

Los debes históricos

Más allá de la polémica o diferencias en cómo se ven los números de Ancap, lo concreto es que el ente petrolero lleva décadas sin poder resolver negocios que le ocasionan pérdidas millonarias, como los más de US$ 800 millones acumulados de rojo que tuvo el pórtland desde el año 2000. La administración de Lacalle Pou intentó (sin éxito) asociarse con un privado, mientras que las tres anteriores gestiones del Frente Amplio tampoco supieron cómo corregir la trayectoria de esos números apelando reestructuras o inversiones. 

Las actuales autoridades del Ejecutivo de Orsi no han dado mayores pistas sobre qué camino político se tomará para cortar con los números rojos del pórtland, donde hay otros dos fabricantes nacionales con el 50% de su capacidad ociosa, como la propia Cardona reconoció en público. 

Otro de los temas donde todavía el sistema político no ha logrado zanjar la discusión es en el subsidio que tiene el consumo de supergás en Uruguay. Todos los consumidores uruguayos pagan una tarifa por ese combustible que está por debajo del precio teórico de paridad de importación.