Start ups: una ley insuficiente

17 de enero de 2017 - Sebastián Siseles

 


El proyecto de Ley del Emprendedor, con media sanción en Diputados, que busca promover la creación de empresas, facilitar trámites de constitución e impulsar el financiamiento para micro, pequeños y medianos emprendimientos, se presenta como una idea innovadora y como solución a la creación y retención de start ups y empresas, así también como fuente de atracción de inversores del exterior.

La iniciativa plantea la creación de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), abrir una empresa, sacar un CUIT y abrir una cuenta bancaria, todo en 24 horas, llevar su contabilidad online y acceder al “crowdfunding” como sistema de financiamiento colectivo.

Sin embargo, hay ciertos aspectos de la ley que merecen ser revisados, como así también la actualización de otros para que el país efectivamente pueda impulsar y retener el talento emprendedor y atraer los tan deseados inversores. Para comenzar, la pregunta que hay que formularse es si esta ley alcanza para atraer inversores o incentivar a emprendedores argentinos a mantener sus proyectos en el país.
La respuesta claramente es no.

Por un lado, veo con gran preocupación que la creación de empresas bajo este paraguas pueda disparar el armado indiscriminado de emprendimientos financiados parcialmente por el Estado, sin ninguna guía o clara proyección. Siendo el Estado el que co-invertiría en proyectos, ¿cómo nos garantizamos la idoneidad y experiencia de las personas que decidan a dónde van nuestros impuestos y la transparencia del proceso?

La tasa de fracaso de start ups es altísima y este negocio ya cuenta con un ecosistema que acepta ese riesgo, lo “descuenta” en su portfolio, y lo compensa con inversiones en otros proyectos que, a la larga, terminan siendo redituables (para algunos).

Pero, ¿no es esta especulación, que bienvenida sea, tarea sola y exclusiva del sector privado? ¿El Estado Argentino tiene que ingresar en inversiones de altísimo riesgo, con la tercera parte de su población pobre, hospitales y universidades con problemas graves de todos los aspectos y servicios básicos insuficientes? Crear fondos de inversión para financiar emprendimientos privados escapa a su objeto.

El Estado debe relacionarse de otra manera con la comunidad emprendedora, principalmente a través del fomento al desarrollo de estas empresas, prestando espacio, asesoría, estructura, conectividad, incentivos impositivos, pero no invertir fondos. Si como sociedad nos quejamos constantemente del dinero invertido en telenovelas, aerolíneas, o la ANSES pasó a ser accionista de empresas que cotizan en la bolsa, y a su vez criticamos (razonablemente) desmanejos y falta de administración, imagínense lo que sería eso mismo –el financiamiento estatal– en start ups, que tienen un ratio de fracaso altísimo.

Más allá de puntos muy favorables de la Ley del Emprendedor, como diferimientos impositivos, stock options, crowdfunding y hasta la promoción de empresas relacionadas con la ecología, ambiente y sustentabilidad, hay otros problemas estructurales para atraer a inversores, tales como la incertidumbre de las políticas a mediano y largo plazo del país, cerca de 85 impuestos que pueden ser aplicados a un negocio, altísima litigiosidad laboral o juzgados abarrotados de expedientes que hacen que hasta causas simples demoren años.

A nivel global, muchas start ups eligen al estado de Delaware para establecerse; esta elección no se debe a cuestiones puramente impositivas, sino a un escenario favorable y seguro para la consolidación de emprendimientos: una jurisprudencia clara y uniforme que hacen de ese estado un centro de negocios seguro y previsible. Esto es algo que en la Argentina no tenemos: la base impositiva, judicial y legal se ha trastornado significativamente de acuerdo a las conveniencias políticas de turno y ha espantado inversores. Esa es la base estructural a solucionar; sin esto, ninguna política de atracción de inversores y retención de talentos podrá funcionar a largo plazo.

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