El 10 de diciembre Mauricio Macri entregó la banda presidencial a Alberto Fernández. Es la primera vez desde 1928 que un presidente no peronista termina su mandato, lo cual no es poco.
Pero más allá de las fotos que muestran una lógica convivencia en democracia, la falta de transición, una vez cerrado el resultado electoral, agudiza los costos para la necesaria definición de un esquema de estabilización que quiebre la inercia inflacionaria que este año finalizaría arriba del 55%.
Es cierto que el cierre casi definitivo del cepo al bajar de US$ 10.000 a US$ 200 por persona el acceso al mercado cambiario frenó una corrida que desde las PASO acumulaba una pérdida de US$ 23.000 millones en las reservas. Pero también es cierto que, sin esta decisión, el riesgo de un evento sistémico y un nuevo salto inflacionario estaba a la vuelta de la esquina. El cepo contribuyó a asegurar la transición, pero la falta de cooperación entre el gobierno que se va y el que llega, y las decisiones de los agentes que se cubren frente a la expectativa de lo que viene, generó costos que complican el arranque de la nueva gestión: la deuda, las retenciones, las tarifas, el dólar y la tasa de interés.
Respecto de la deuda, el corte definitivo al crédito tras el resultado de las PASO y el corrimiento del FMI a cuarteles de invierno, derivaron en el reperfilamiento compulsivo de las letras para los primeros meses de la próxima gestión, generando una concentración de vencimientos por US$ 30 mil millones a una economía sin crédito. Mientras tanto, el Gobierno siguió pagando con reservas y pesos emitidos por el BCRA el 100% de los vencimientos de bonos a la espera de un seguro reperfilamiento.
La conjunción del salto cambiario de $ 40 a $ 60 que licuó la alícuota de retenciones fijadas en $ 4 en septiembre de 2018 del 10% al 6%, vis a vis el anuncio de que el próximo gobierno las reacomodaría, generó un adelanto de los pagos de retenciones de la cosecha que explica por sí solo ingresos en 2019 por 0,5% del PIB que no estaban contemplados y que afectan el margen de corrección fiscal en 2020.
El freno electoral a las tarifas, y la decisión de no reacomodarlas una vez definida la elección, deja una presión adicional sobre las cuentas fiscales, y un atraso relativo fundamentalmente en el precio de la energía eléctrica, donde, con un dólar de $ 60 y un precio del gas de US$ 2,7 pagado por CAMMESA, la tarifa cubre solo 50% del costo consistente con subsidios que ascendería este año a US$ 3.000 millones, pero sin aumentos en las tarifas el próximo año, y considerando una suba del dólar en 2020 en torno al 30%, ascendería a US$ 4.500 millones.
La falta de transición agudiza los costos para un esquema de estabilización que quiebre la inercia inflacionaria
Luego del salto del dólar post PASO de $ 46 a $ 60 y la definición de Alberto Fernández de que el dólar en estos niveles “estaba bien”, el BCRA empezó a intervenir para sostener su valor, primero entregando reservas con un overshooting de tasa de interés, después poniendo un cepo light y bajando a 63% la tasa de las Leliqs (87% anualizado), y luego de octubre cerrando casi definitivamente la Formación de Activos Externos dejando la tasa arriba.
Sin cooperación en la transición, el nuevo gobierno deberá arrancar el acuerdo de precios y salarios, con poco tiempo para reperfilar la deuda sin entrar en un evento de crédito, sin colchón cambiario y tarifario para usarlos como semiancla en el proceso de desinflación, y con menos margen para usar la nominalidad para asegurar la corrección fiscal dada la magnitud del anticipo de retenciones y la resolución que convalida la movilidad previsional en diciembre. La falta de cooperación entre las PASO y octubre era esperable con dos candidatos en campaña; desde el 27 de octubre significó un costo innecesario que queda escondido detrás del especial traspaso del bando y el bastón presidencial.
Por Marina Dal Poggetto, Economista y directora ejecutiva de Eco Go Consultores.
