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Editorial

Horas decisivas para la negociación de la deuda: período de gracia traba acuerdo con bonistas

Forbes Digital

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31 Marzo de 2020 16.24

Las negociaciones de la Argentina con fondos de inversión norteamericanos se hallan trabadas en un punto esencial: el período de gracia durante el cual el país no efectuará ningún pago de intereses ni amortizaciones.

El ministro Guzmán pretende llevar ese plazo a 4 o 5 años mínimo mientras que los bonistas pretenden tres años a lo sumo. La discusión esconde la desconfianza y la política tras este punto esencial.

En el primer caso, los acreedores desconfían que tras ese período de gracia la Argentina nuevamente manifieste que no puede hacer frente a los vencimientos y todo haya derivado en pérdida de tiempo. Al fin y al cabo, se estarían pasando vencimientos a eventualmente un nuevo gobierno que bien puede quejarse de la “herencia recibida” y repudiar el pago.

En el segundo caso, la política cuela sus ambiciones de dejarle libre de obligaciones financieras a toda la gestión de Alberto Fernández y así manejar cómodamente las finanzas públicas.

El aval del FMI a la operación de reestructuración de la deuda argentina ya fracasó. Lo único que logró Martín Guzmán en ese sentido es un comunicado en el que manifiesta valores de reducción de los pagos bajo determinados supuestos. Pero ese mismo comunicado aclara que los cálculos son del staff del FMI y no representan la opinión del directorio del organismo internacional (que es el que autoriza desembolsos). Sin aval del FMI, los números fiscales y de crecimiento de la economía que presente Martín Guzmán serán poco confiables. Y por ello las dudas acerca de que se puedan cumplir las promesas de pago de los nuevos bonos que se emitan.

El lanzamiento de la oferta argentina en los próximos días sin el aval explícito del FMI genera dudas también acerca de cómo el país pagará los vencimientos de la deuda con el organismo internacional. Recuérdese además que la deuda con el FMI es “senior”: el organismo tiene prioridad de cobro por encima de los bonistas.  Entre 2022 y 2023 se deben abonar US$ 45.000 millones. Esto no implica que la Argentina deba hacer esos desembolsos. Puede generar un nuevo acuerdo, con metas fiscales y monetarias, para que reciba desembolsos pero sólo para pagar los vencimientos que se le vienen. Ahora bien, ¿querrá Alberto Fernández someterse a un programa económico con el FMI antes del 2022? Es la duda de los acreedores.

Desnudo, sin el FMI, antes del viernes, Martín Guzmán presentará los “guidelines” de su propuesta. No serán los términos definitivos de la oferta. Está en las últimas horas negociando con los bonistas con la intermediación del banco Lazard. Esta entidad es muy agresiva en las conversaciones con acreedores. Es la del tipo que nunca quisieran tener enfrente en una negociación. Pero su comisión depende de que exista un acuerdo. Al fin y al cabo, a los tres actores -Argentina, bancos asesores, acreedores- les conviene llegar a un entendimiento.

La posición más débil la tiene el gobierno argentino. De esos tres actores, es quien más tiene por perder en el corto plazo. Las consecuencias de un default y el inicio de un trámite judicial en Nueva York con la probable aparición de fondos buitres hundirán las chances de una recuperación de la economía argentina. Las elecciones del 2021 y 2023 serían muy difíciles de ganar para Alberto Fernández. En una entrevista radial, el presidente de la Nación señaló que “un default sería un costo, en momentos en los que el país, cuando culmine la crisis por el coronavirus, necesitará de ayuda para retomar el crecimiento”. Por ello la presión de Alberto Fernández al ministro Guzmán para que abandone el “modo Stiglitz”, es decir, mostrarse innecesariamente agresivo como siempre pregona el Nobel, y apuntar a un entendimiento.

Los números en danza son los siguientes: a través del decreto 250 se van a reestructurar 35 bonos emitidos bajo legislación extranjera por un monto máximo de US$ 68.842 millones. Es el tramo más importante dado que, al estar amparados bajo los tribunales de Nueva York, Tokio o Londres, los inversores tienen mayores probabilidades de cobro. Son nueve bonos Par (en yenes, dólares y euros) que vencen en 2038, nuevos bonos Discount que vencen en 2033 y otras emisiones como el “Centenario”, que vence en 2117.

Tras la oferta a bonistas con papeles con legislación extranjera, sobrevendrá la oferta a bonistas con jurisdicción judicial en el país. Aquí los inversores están desamparados: no hay posibilidad de éxito en reclamos judiciales y menos en embargos. Un muestra basta para graficarlo: en cinco semanas, el 7 de mayo, está previsto un pago de amortización e intereses del AY24 por 21 dólares por cada US$ 100. En el mercado este bono se vende a US$ 24. Implícitamente en el precio está incluido un reperfilamiento unilateral.

Todo el proceso de la renegociación de la deuda viene siendo manejado con suma lentitud por el ministro Guzmán. Cuenta a su favor que no tiene en forma inmediata vencimientos importantes de papeles con legislación extranjera. Lo único a su favor.

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